Lo que inicialmente se planteó como una licencia temporal de Juan Salazar Núñez como titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) culminó en una renuncia definitiva, el nombramiento de un nuevo fiscal y el cese de varios funcionarios.
Desde las primeras horas del jueves, comenzó un intenso movimiento en la sede de la FECC, ubicada en calle Estrada Cajigal de la colonia Reforma en Cuernavaca, donde funcionarios, agentes del Ministerio Público, agentes de Investigación Criminal y trabajadores administrativos fueron concentrados para notificarles de cambios en la estructura y mando de la fiscalía.
A través de un comunicado, la FECC se limitó a informar que “ha tenido lugar un cambio en la titularidad de esta Fiscalía Especializada, por tanto, el Licenciado Isaías Rodríguez Moreno, ha asumido el cargo de Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción. Ello debido a que el Doctor en Derecho Juan Jesús Salazar Núñez presentó su renuncia al cargo y por tanto ha concluido definitivamente su función.
“Asimismo, en el contexto de nuestra continua labor para prevenir, detectar e investigar cualquier hecho de corrupción, se ha iniciado el proceso para la suspensión y cese de diversas personas servidoras públicas adscritas a esta Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, que se encontraban bajo investigación por presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones.
“La decisión de su cese se basará en un riguroso proceso de investigación y evaluación, donde serán respetados en todo momento los derechos de los involucrados”.
Los cambios en la institución fueron ordenados por el fiscal Regional Metropolitano, Carlos Montes Tello, quien cubre la ausencia temporal del Fiscal General, Uriel Carmona Gándara, todavía en prisión preventiva justificada y sujeto a procesos penales por los presuntos delitos por retardo en la justicia, encubrimiento por favorecimiento y feminicidio en su calidad de auxiliador en el caso de la muerte de la joven Ariadna Fernanda. Además, enfrenta un cuarto proceso por el presunto delito de tortura agravada en agravio de Luis Alberto “N”, alias “El Diablo”, quien fue detenido por su presunta implicación en el homicidio de tres trabajadores del INSP
y luego liberado.
Según el artículo 32 de la Ley Orgánica de la FGE, “será el Fiscal General quien designe libremente al Fiscal Anticorrupción, por un periodo de siete años, el que iniciará a partir del día siguiente de la toma de protesta de
la persona nombrada y concluirá en la fecha señalada en el nombramiento respectivo, el cual deberá publicarse en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”.