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ESTRATEGIAS

Las magistraturas del TSJ

 

Son tantos los aspirantes a las diez magistraturas del Tribunal Superior de Justicia que sería más fácil decir quienes no están inscritos. Son 245 los profesionistas del derecho que hicieron saber su intención de ser tomados en cuenta para tan digno cargo, y entre ellos tenemos de todo, desde litigantes, jueces, académicos, políticos, hasta los que se inscriben porque así lo han venido haciendo en cuanta convocatoria lanza el Congreso.

Entre los litigantes podríamos destacar los nombres de Juan Gabriel Vargas Téllez, uno de los mejores abogados que tiene el estado en materia de juicios orales; el ex presidente de la Barra de Abogados, Miguel Ángel Rosete Flores, famoso por haber promovido amparos gratuitos a favor de menores para obtener las vacunas contra el COVID, entre otras cosas; Gaddiel Bahena Guzmán, que lleva asuntos importantes en diferentes estados de la región sur del país, y Carlos  Gibrán Haro Álvarez, merecedor del premio “Antonio Díaz Soto y Gama” que entrega el Congreso Local cada año y asesor jurídico de mujeres víctimas de violencia.

“La vieja guardia” de los litigantes está representada por los cuautlenses Juan Gerardo Velázquez de la Torre y José Manuel Izasmendi Tapia. En tanto que de los jóvenes sobresale Juan Manuel Cuéllar Miranda.

Por cuanto a los jueces, si se privilegia la carrera judicial alguna magistratura debe quedar entre los jueces Eddie Sandoval Lomé (que actualmente es magistrado visitador, pero que se hizo famoso como “juez de hierro” por meter a la cárcel a Antonio Villalobos y a Sergio Beltrán Toto); Alejandro Hernández Arjona, el eterno aspirante, y Antonio Pérez Ascencio, que alguna vez fue perredista.

Seguramente por cuestiones de paridad de género, las que tienen posibilidades son las siguientes juezas: Nancy Aguilar Tovar, Sandra Gaeta Miranda, Leticia Damián Avilés, Xochiquetzali Puebla Peralta, Yaredy Montes Rivera y —aunque usted no lo crea— Alejandra Trejo Resendiz, la que dejó en libertad al jovencito apodado “El Diablo”, que tiene metido en un brete a los tres poderes del estado y la Fiscalía General de la República.

Ahora vamos con los académicos y académicas, iniciando con la directora de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Graciela Quiñonez Bahena. No entendemos para qué se inscribe si acaba de entrar a ese cargo, y falta que le vuelva a ganar a Carlota Olivia de Las Casas, quien también aspiraba a la dirección de la FDyCS y hoy también está inscrita como aspirante a una magistratura. Situación parecida a Penélope Picazo, que siendo titular de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas, ahora quiere saltar a una magistratura.

Por los aspirantes varones va José Sotelo Salgado, vicerrector de la Universidad de Ciencias Jurídicas, hermano de Cipriano y Samuel, éste último secretario de Gobierno de la actual administración. También Ricardo Tapia Vega, Humberto Serrano Guevara y José Anuar González Cianci Pérez, hijo del ex presidente del Tribunal Superior de Justicia, Víctor Manuel González Cianci, todos doctores en Derecho.

En este grupo podríamos poner al también doctor en Derecho Antonio Sorela Castillo, uno de los impulsores de los Derechos Humanos a nivel Iberoamérica, con la característica de que podría convertirse en el primer magistrado indígena, pues él transcribió e imprimió la Declaración de los Derechos Humanos en náhuatl y se ha dedicado a repartirla en las bibliotecas de todo el mundo. La diputada Macrina Vallejo debería ser su principal impulsora.

Después de que ya hablamos de los que merecen ser, ahora hablemos de los que sí tienen posibilidades de obtener las diez magistraturas. Y no por que traigan en sus bolsillos los cinco millones de pesos que dicen que cuesta un puesto de esa envergadura, sino porque tienen los “conectes” con quienes directamente votan.

Hablamos de esos que, independientemente de su preparación académica, provienen de partidos políticos o trabajan directamente con los diputados, y ahí va la lista:

Roberto Soto Castor, Javier Mújica Díaz, Araceli Salas García, Nicolás Arturo Garduño Sámano, Elías Barud Estrada y Arturo Loza Flores. Que quede claro que no estamos demeritando su preparación académica.

Ahora vienen los recomendados de los partidos políticos: Berlín Rodríguez Soria, incondicional de Hugo Erick Flores, líder del Partido Encuentro Social (Ver Estrategias del 4 de enero de 2023, “El día que Ojeda Cárdenas ofreció una magistratura al PES”). 

Miguel Enrique Lucia Espejo, brazo derecho de Rabindranath Salazar Solorio, uno de los aspirantes a la candidatura de Morena para la gubernatura. También está Carlos Benítez Urióstegui, quien actualmente forma parte de su equipo de trabajo.

Ex funcionarios de la anterior administración hay muchos, pero sobresale Nadxieeliii Carranco Lechuga, comisionada ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas con Graco Ramírez y actualmente funcionaria de la Comisión de Derechos Humanos con Israel Hernández. Mirta Sagrario Aguirre Gómez, quien fue la directora de la Defensoría Pública durante los seis años de la administración anterior, también está inscrita al igual que el ex procurador de Justicia, Rodrigo Dorantes Salgado. Hasta Anahí Bahena López está.

De un sector de Morena está el profesor y abogado, Ramón Rosales Juárez, padre del actual regidor Jesús Tlacael, y casualmente también su mamá, Xochiquetzali Puebla. De “otra ala” de Morena están impulsando a Gerardo Hurtado de Mendoza Armas, ex síndico de Temixco, en tanto que el ex diputado Alfonso de Jesús Sotelo quiere que su amigo Héctor Habib Rubio Assad sea magistrado, o bien, Lenin Barbosa Díaz, su ex colaborador.

Hasta hace unas semanas se daba como un hecho la llegada de Juan Jesús Salazar Núñez al Tribunal Superior de Justicia para seguirle cuidando las espaldas a su ex jefe (fue consejero jurídico en el gobierno de Graco), pero después de lo sucedido el 14 de septiembre ya no se sabe a qué equipo pertenece y su magistratura se tambalea.

Vemos que en la lista de aspirantes está la jueza con licencia y actual notaria pública, María Luisa Sánchez Osorio, esposa del fiscal Uriel Carmona Gándara. ¿Será posible que haya dos hermanas en un mismo Pleno? Jurídicamente no hay impedimento, pero —cómo dijo López Obrador— “cuánta influencia de este fiscal”.

HASTA MAÑANA.

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