La justicia federal concluyó que la autoridad estatal no puede aplicar el decreto -que al menos 100 ciudadanos califican de inconstitucional- y mucho menos evitar su trabajo y obligarlos a constituirse como personas morales y empresas, so pena de aplicarles medidas administrativas por no sujetarse a los términos del decreto 991 y 992.
La decisión fue anunciada por el Juzgado Primero de Distrito, quien determinó suspender temporalmente la aplicación de recientes reformas a la Ley del Transporte aprobadas por el Congreso local de manera clandestina e impulsadas por el diputado del Movimiento Ciudadano, Jaime Álvarez Cisneros, y que da entrada al Morebús en la entidad.
La autoridad federal en materia de justicia concedió la suspensión provisional para evitar la aplicación de las leyes de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable del Estado, y Movilidad y Transportes del Gobierno del Estado.
"Suspende la aplicación de los decretos 991 y 992 para efecto de que los transportistas puedan seguir prestando el servicio público y no se les obligue a incorporarse en personas morales constituidas como empresas (fideicomiso) para prestar el servicio de transporte público y tampoco les apliquen medidas administrativas, como multas, para limitar su funcionamiento", informó Alejandro Ulises Manjarrez Gamarra, abogado de 100 transportistas.
El abogado del despacho Soluciones Jurídicas agregó que este recurso federal paraliza la línea de crédito de 540 millones de pesos que concedió el Congreso para adecuar las vías de comunicación por donde se prevé circule el Morebús.
En el último día de la sesión ordinaria de la LIII Legislatura (julio), los diputados reformaron las leyes del transporte para dar entrada al Morebús en un plazo de seis meses, sin consultar al gremio ni informar los alcances o implicaciones y afectaciones que pudieran tener el sector, lo que causó molestia entre los concesionarios.
La determinación federal por el momento sólo aplicará a 100 transportistas de las rutas 4, 18 y una que circula hacia Atlacholoaya; aún existen varios recursos legales promovidos por los concesionarios al enterarse que los decretos los dejan prácticamente fuera.