Omar Gómez Trejo, el primer fiscal para el caso Ayotzinapa en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ha detonado una bomba con repercusiones inimaginables, que aniquila la promesa de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador para a esclarecer los hechos que llevaron a la desaparición de los 43 normalistas en Iguala, y que coloca a varios miembros del gobierno y al expresidente de la Suprema Corte de Justicia, en el umbral de procesos penales.
La bomba de Gómez Trejo, que renunció a finales de septiembre del año pasado y huyó a Estados Unidos por temor a represalias, se detonó en sintonía con el noveno año de la desaparición en Iguala de los 43 normalistas de Ayotzinapa, al difundirse una entrevista que le hizo John Gibler, periodista estadounidense con amplia experiencia en México, para Quinto Elemento Lab, y que publicó este martes Animal Político. Sus palabras son demoledoras.
Gómez Trejo revela un desayuno el 15 de agosto de 2022 donde López Obrador; el secretario de Gobernación, Adán Augusto López; el fiscal general, Alejandro Gertz Manero; el presidente de la Corte, Arturo Zaldívar –cuya participación y complicidad es inexplicable–, y el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, sugirió a Gibler, todos se pusieron de acuerdo y dieron luz verde a una serie de acciones que dinamitarían la investigación del caso Ayotzinapa.
Lo que detalla el exfiscal son invenciones y encubrimiento de ese grupo que se reunió en Palacio Nacional, que, paradójicamente, son las mismas imputaciones que hizo Encinas contra el gobierno peñista, por lo que está preso el exprocurador general Jesús Murillo Karam. Encinas sale crucificado, no sólo por haber cometido los mismos presuntos delitos que le cargaron a Murillo Karam, sino por dejarlo exhibido por haber inventado mensajes de chats que utilizó para acusar a militares de rango de estar vinculados con el crimen, y por haber utilizado a un testigo protegido identificado como “Carla”, como refuerzo de sus acusaciones.
La publicación de la entrevista apuntala las críticas contra Encinas de los padres de los normalistas y de Vidulfo Rosales, la cabeza más visible de su equipo de abogados, que tras reunirse con él y la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, el lunes por la noche, denunciaron que el gobierno de López Obrador regresó a la narrativa de la “verdad histórica” del gobierno de Peña Nieto, y de querer criminalizar a los normalistas, señalando que la escuela estaba infiltrada por la banda criminal de Los Rojos, como lo hizo también Murillo Karam.
Sin embargo, como todas las cosas, las revelaciones que levantarán ámpulas y serán motivo probablemente de denuncias penales contra los señalados tiene muchas otras caras. Una tiene que ver con el propio Gómez Trejo, artífice central para allegarse de los criminales de Guerreros Unidos como testigos cooperantes, y utilizarlos para llevar al banquillo de los acusados al Ejército y al Estado mexicano. Dos testigos claves para ese propósito fueron parte de su creación, estimulado y apoyado todo el tiempo por Encinas: “Juan”, Gildardo López Astudillo, el Gil, jefe de plaza y sicarios de Guerreros Unidos en Iguala, que dio la orden de asesinar a los normalistas, y “Carla”, cuyo nombre se desconoce, pero era un halcón de la banda criminal.
Gibler, que revisó declaraciones ministeriales, asegura que “Carla” mintió. El halcón de Guerreros Unidos fue reclutado por Gómez Trejo, al igual que hizo con unos 20 miembros de Guerreros Unidos, para manipular las declaraciones de los criminales –dispuestos a todo, a cambio de su libertad–, para acusar a militares y funcionarios y construir lo que Encinas llamó la “verdad alterna”. El periodista también encontró que “Juan” mintió. El principal testigo de Encinas y Gómez Trejo declaró más de seis veces, hasta que su relato se fue acomodando a la “verdad alterna”.
Decenas de Guerreros Unidos fueron puestos en libertad por un juez en Tamaulipas porque sus declaraciones habían sido extraídas mediante torturas, pero Gómez Trejo, en lugar de subsanar los errores de las consignaciones de Murillo Karam con pruebas supervenientes, dejó correr los plazos legales –incurriendo en probables responsabilidades penales y administrativas– para aliarse con los delincuentes y hacerlos testigos cooperantes.
En la entrevista, el exfiscal le hizo dos revelaciones fundamentales a Gibler. Una fue la orden de Gertz Manero para judicializar al vapor la acusación contra Murillo Karam, a quien estaba investigando pero no podía probar aún la cadena de mando que lo inculpara, lo que exhibe desde adentro la fabricación de casos en la Fiscalía General. Gómez Trejo no renunció por esa razón, ni por los inventos de Encinas con los chats, pero dejó entrever que se estaba cerrando un cerco en torno a él. Un primer golpe, como se aprecia en la entrevista, fue el 30 de agosto de 2022, 15 días después del desayuno donde sugiere se fraguó el encubrimiento del gobierno de López Obrador.
Gómez Trejo acaba de regresar de Tel Aviv, muy optimista por la posibilidad de que el gobierno israelí extraditara a Tomás Zerón, que fue el investigador en jefe del caso Ayotzinapa en el gobierno de Peña Nieto, pero Gertz Manero, en lugar de celebrarlo, le dijo que dejara de investigar porque se iban a realizar auditorías en la Unidad Especial para el Caso Ayotzinapa que él encabezaba. En la entrevista no emergen los detalles de las auditorías, pero ha trascendido que entre lo que le encontraron fue el uso excesivo e ilegal de “Juan”, cuyas declaraciones no fueron corroboradas ni se verificaron los datos que aportó.
La bomba del exfiscal también le impacta a él, cuya magnitud podría alcanzar a verse si el gobierno difunde los resultados de las auditorías. Por lo pronto, parece que Gómez Trejo buscó un golpe preventivo, que se empezó a dar con la publicación de más de 20 mil chats de la DEA sobre Guerreros Unidos en The New York Times, y que continuó con la entrevista. La partida la va ganando Gómez Trejo, aunque en el camino sigue sumando enemigos con capacidad para revirarle, política y legalmente, con fuerza.