"La prohibición es el gatillo del crimen".
Ian Fleming, Goldfinger
Para un Presidente que se ha enorgullecido de defender la tesis de "Prohibido prohibir" debe ser cuando menos incómodo encabezar un gobierno prohibicionista. AMLO ha dicho también que es "liberal", pero el prohibicionismo de su gobierno es moralista.
El 7 de septiembre la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, dio a conocer un proyecto de reforma al reglamento a la Ley Federal de Juegos y Sorteos para prohibir los "sorteos de números o símbolos a través de máquinas", o sea, las máquinas tragamonedas. Las razones son moralistas: "El Estado mexicano tiene la responsabilidad de salvaguardar los derechos de las personas en condiciones de vulnerabilidad, evitando los efectos potencialmente dañinos por el juego con apuesta y azar que puedan impactar en la niñez, la adolescencia, la juventud del país y sus adultos mayores, así como el daño que se llegue a generar a las personas con discapacidad mental o psicosocial o aquellos que sufren alguna enfermedad o adicción, como lo es la ludopatía o el trastorno del juego".
Siempre hemos tenido una legislación prohibicionista en esta materia. En su artículo primero, la Ley Federal de Juegos y Sorteos, promulgada en un lejano 1947, establece: "Quedan prohibidos en todo el territorio nacional... los juegos de azar y los juegos de apuestas". El artículo segundo solo permite "el juego de ajedrez, el de damas y otros semejantes; el de dominó, de dados, de boliche, de bolos y de billar; el de pelota...; las carreras de personas, de vehículos y de animales, y en general toda clase de deportes... Los juegos no señalados se consideran como prohibidos".
Esta absurda prohibición de juegos que no estén específicamente permitidos es imposible de aplicar. El juego es una actividad natural del ser humano, que se manifiesta con especial intensidad en la niñez y la juventud. Pero esta ley nos obligaría a castigar a los niños por jugar canicas o balero, o a las familias por jugar turista, backgammon o escondidas. Por otra parte, el gobierno se da permiso a sí mismo para conducir juegos de apuesta, como la Lotería Nacional, con bajísimas posibilidades de ganar, y permite la operación de casinos y apuestas en ferias locales o regionales, como la de San Marcos en Aguascalientes.
En los últimos años hemos gozado de una liberalización gradual ante la prohibición. Se nos ha reconocido poco a poco a los mexicanos como personas con derechos y capacidad de decidir. Esto ha permitido la legalización de ciertos juegos, como las máquinas de apuestas. El 18 de octubre de 2016, en efecto, la Suprema Corte determinó, en la controversia constitucional 114/2013, que los sorteos de números o símbolos a través de máquinas son legales.
El proyecto de reglamento busca prohibirlos nuevamente. Las empresas que operan estas máquinas legalmente podrán mantenerlas por el momento, pero perderían el derecho a hacerlo al concluir sus actuales permisos. Sería un golpe muy fuerte para los casinos legales, porque las máquinas son el juego más popular. Si se prohíben, se generará mayor actividad ilícita, que ya existe en los llamados "brincos", se recurrirá más a aplicaciones de apuestas extranjeras, se reducirán los empleos formales y se recaudará menos en impuestos.
Hay buenas razones prácticas para rechazar el nuevo reglamento, pero la decisión debe ser más profunda. Los políticos no deben prohibirnos actividades que no dañen a terceros. Tenemos derecho "al libre desarrollo de nuestra personalidad", como señaló el ministro de la Corte Arturo Zaldívar en el fallo sobre la marihuana. Los políticos no son nuestros padres o censores que deban moralizarnos; son servidores públicos, servidores nuestros.
· MINORÍAS
Las mayorías no pueden violar los derechos de las minorías al legislar. Esta fue la decisión de la Suprema Corte en el plan B de AMLO. La ratificó ayer en la controversia 147/2023 que invalidó la ley electoral de Guanajuato. Solo que en este caso el quejoso era Morena, mayoriteado en el Congreso local.
