El Estado mexicano ha sido víctima de un desfalco con todas las características de una estafa Ponzi que le ha costado al menos 6.000 millones de pesos de dinero público (342 millones de dólares) desde hace una década. En el centro del esquema de defraudación están dos empresarios, René Dávila de la Vega y Roberto Guzmán García, que han logrado convencer a tesoreros de instituciones públicas de invertir con dinero del erario en su sistema de negocios, con la promesa de unos rendimientos muy elevados (del 11% al 13% anuales) y el pago en efectivo de una “comisión de colocación” del 5% del total de los recursos comprometidos. De manera resumida, el esquema consiste en vender bonos de deuda emitidos por casas de bolsa en representación de compañías de Dávila y Guzmán que no tienen manera de respaldar las inversiones. Llegado el momento de pagar los compromisos —inversiones, rendimientos y comisiones—, los empresarios acuden a otra institución para vender el mismo modelo de emisión de deuda y refinanciarse. Por supuesto, el siguiente préstamo debe ser mayor. En realidad, se trata de cavar un hoyo nuevo y más grande para tapar el anterior.
El sistema puede parecer sencillo, pero se trata de una compleja red en la que están involucrados brokers, bancos, casas de bolsa, funcionarios públicos y decenas de empresas fachada y testaferros usados para blanquear el dinero obtenido. Las víctimas de la estafa no son exclusivamente instituciones públicas: también hay clientes privados, de modo que el monto de recursos que ha circulado por esta red es necesariamente mayor. La Fiscalía ha abierto investigaciones contra Dávila y Guzmán y sus compañías de papel por desvío de recursos, blanqueo de activos y evasión fiscal. Las autoridades también están a la caza de los funcionarios corruptos que comprometieron dinero que no les pertenecía.
Este esquema Ponzi institucional no nació durante este Gobierno, sino en el anterior, encabezado por el priista Enrique Peña Nieto (2012-2018). Lo cierto es que la estafa ha continuado operando en la Administración de Andrés Manuel López Obrador, a pesar de que las autoridades tienen plenamente identificado el problema. El primer indicio de este modelo de robo apareció en 2021, cuando la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), la tienda de abasto social creada por López Obrador para atender a los más pobres, había sido víctima del embauco (aunque aún no se conocía que se trataba de un negocio de emisión de deuda replicado con más instituciones). La ASF documentó que Segalmex había pagado 950 millones de pesos en 2019 y 2020 para adquirir bonos —técnicamente llamados certificados bursátiles fiduciarios privados— expedidos por CI Casa de Bolsa en representación de Financiera Corafi, una de las empresas de Dávila y Guzmán. El tesorero de Segalmex, René Gavira Segreste, fue destituido y denunciado por el ejercicio indebido de sus facultades (la ley mexicana prohíbe el uso de fondos públicos en inversiones riesgosas). A la par, López Obrador instruyó a su gabinete que se hiciera todo lo posible por recuperar el dinero invertido.
Pese a que se tuvo relativo éxito en las maniobras institucionales y políticas para restituir el daño patrimonial en Segalmex, la sangría de las arcas públicas causada por uso del mismo esquema Ponzi no ha parado. EL PAÍS ha accedido a una carpeta de investigación de la Fiscalía General de la República e informes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Procuraduría Fiscal (ambas de la Secretaría de Hacienda) que permiten establecer, por primera vez, qué otras instituciones públicas han participado en el negocio de René Dávila y Roberto Guzmán y sus dos empresas principales: Corafi y Escorfin.
El mayor quebranto fue al Fondo del Retiro de los Trabajadores de la Educación (Forte), que administra las pensiones de miles de maestros contratados por el Gobierno federal. Este ha invertido 3.900 millones de pesos en la compra de los bonos basura, según la información actualizada a septiembre de este año. Los recursos del Forte están depositados en una cuenta de Banorte y su manejo es responsabilidad del poderoso sindicato magisterial (SNTE). La Secretaría de Hacienda preparaba a finales de julio una denuncia por este asunto ante la FGR.
Por su parte, el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM), el sistema de créditos, hipotecas y cuotas de salud pública de los funcionarios mexiquenses, ha invertido 610 millones de pesos en los instrumentos de deuda de Corafi/Escorfin. Un organismo semejante, el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY), ha pagado 302 millones. La Universidad Autónoma de Aguascalientes ha invertido 213 millones en el esquema, y la Fiscalía General de ese mismo Estado ha pagado otros 66 millones. La información a la que tuvo acceso este diario no permite establecer con exactitud en qué años se hicieron las inversiones, sus plazos de vencimiento y qué funcionarios públicos estuvieron directamente involucrados. Lo que es un hecho es que las autoridades que investigan la estafa dan por perdido todo el dinero.
El presidente López Obrador ha manifestado en sus conferencias mañaneras que se enteró de las demás operaciones de Corafi y Escorfin a raíz del desfalco de Segalmex, uno de los varios hechos de corrupción en la institución creada por su Gobierno. Siempre sin entrar en detalles, dijo que, desde el sexenio pasado, Corafi “manejaba dinero de gobiernos estatales que tienen el mismo problema” que Segalmex. “Se investigó a la financiera y resulta que viene de tiempo atrás haciendo lo mismo, protegida, sin sustento económico. (…) Y se está investigando, no pueden estas financieras actuar sin el respaldo de un banco (…) porque por lo general no tienen nada, son puros negocios de papel”, dijo en julio de 2022.
El esquema paso a paso
René Dávila es un empresario de Chiapas de 60 años. Su principal socio, Roberto Guzmán, de 58 años, es originario de Yucatán. En esos dos Estados del sureste mexicano están las bases de operaciones de sus negocios y donde se han hecho con decenas de propiedades. Dávila es el representante legal de Financiera Corafi S.A. de C.V., creada en 2009, mientras que Guzmán lo es de Escorfin, nombre corto de Estratégica Corporativa en Finanzas S.A. de C.V., constituida en 2001.
Aunque ninguno de los financieros tiene participación directa en la compañía del otro, en medio de los dos hay una compleja red de empresas fachada, testaferros y propiedades que los vinculan al mismo negocio de estafa Ponzi. Algunos botones de muestra. Ambos tienen participación en dos fideicomisos de CI Banco: el CIB/3386 y el 745412; ambos comparten el mismo despacho jurídico encabezado por el abogado Roberto Olea, quien a veces funge como representante legal de sus compañías. Por si fuera poco, documentos internos de Escorfin consultados por este diario dan cuenta préstamos de dinero a Corafi y René Dávila por 368 millones de pesos a junio de 2022. La relación de negocios entre ambos empresarios es estrecha y sostenida en el tiempo.
Según las investigaciones a las que se tuvo acceso, el modelo de colocación de instrumentos de deuda privada inventado por Díaz y Guzmán funciona así. Primero, una empresa fachada de Corafi/Escorfin crea un fideicomiso emisor con algún banco que funge como fiduciario, con el que suscribe un “contrato de crédito subyacente”. La empresa queda como fideicomitente y aporta un peso al patrimonio del fideicomiso, es decir, no hay mayor garantía que respalde las emisiones de deuda. El fideicomiso tiene la misión de buscar un inversionista para, a través de una casa de bolsa, venderle bonos por el monto establecido en el contrato de crédito subyacente inicial. Una vez que la casa de bolsa recibe la inversión, la deposita al fideicomiso, y este lo devuelve a la empresa original de la red de Corafi/Escorfin. Esta colocación de instrumentos de deuda se hace de manera privada, o sea que no es autorizada por la Bolsa Mexicana de Valores ni se inscribe en el Registro Nacional de Valores, de modo que se oculta a la supervisión gubernamental.
Al esquema descrito le hace falta un ingrediente: el gestor o broker que acude al despacho del tesorero de una institución pública para ofrecerle el negocio. Un exsocio de Guzmán, que ha hablado con este diario a condición de anonimato, explica: “Se paga el 10% de comisión del monto total colocado, 5% para el gestor, 5% para el funcionario, todo en efectivo”. El empresario, que se ha convertido en denunciante ante la FGR, asegura que el dinero obtenido es llevado en maletas a unas oficinas de Escorfin en Ciudad Satélite, Estado de México, donde es procesado mediante máquinas contadoras y empaquetado. La referencia al pago de “comisiones de colocación” ha sido confirmada a EL PAÍS también por un alto funcionario de la Secretaría de Hacienda que investiga la estafa. El monto de todo lo invertido por instituciones públicas en el esquema Ponzi implica que hubo pagos de 600 millones de pesos en comisiones.
El caso de Segalmex
El fraude en Segalmex describe con precisión el funcionamiento del sistema. El negocio entre Corafi y esa institución se remonta, cuando menos, a 2017, es decir, aún en el sexenio de Peña Nieto y cuando existían solo Liconsa y Diconsa, paraestatales que luego López Obrador fusionó en Segalmex. La carpeta de investigación de la Fiscalía da cuenta de un fideicomiso emisor —el número 11595— constituido el 16 de mayo de 2017 entre Promotora de Sistemas de Información S.A.P.I. de C.V. como fideicomitente y el banco Banorte como fiduciario.
La empresa PSI forma parte de Grupo Escorfin y es propiedad de Roberto Guzmán; CI Banco fungió como representante común. Con ese fideicomiso como base, en febrero de 2019 —ya en el Gobierno de López Obrador—, Banorte vendió certificados bursátiles a Liconsa por 150 millones de pesos, según la indagatoria de la FGR.
En 2018 entró a escena René Dávila. El 27 de julio de ese año, Corafi y CI Banco constituyeron el fideicomiso emisor CIB/3050, en el que Monex fungió como representante común. Luego se suscribieron varios contratos de intermediación bursátil entre la casa de bolsa de CI Banco y Segalmex/Liconsa. Las instrucciones de compra de los bonos se dieron a partir de abril de 2019.
Lo que demuestran las fechas de las transacciones es que el fraude en Segalmex/Liconsa fue iniciado por funcionarios del peñismo y continuado por quienes vinieron a reemplazarlos en el obradorismo. Antes de diciembre de 2018, cuando tomó posesión el Gobierno de López Obrador, el responsable del manejo de los recursos de Liconsa —y quien formalizó los primeros contratos de intermediación bursátil— era Marco Antonio Loaiza Montaño. En el actual Gobierno tomó su lugar René Gavira, que estuvo en el cargo hasta julio de 2021, cuando renunció en medio del escándalo. La Fiscalía únicamente ha denunciado el desfalco de Segalmex registrado en la actual Administración, sin contemplar las compras de bonos basura por parte de Liconsa en el peñismo.
En 2021, al investigar el fraude con los papeles comprados a Corafi, la Auditoría advirtió de un faltante de más de 10 millones de pesos en rendimientos que no habían sido depositados a las cuentas de Segalmex en BBVA. Una fuente de la FGR dijo a este diario que, presumiblemente, ese dinero correspondía a la “comisión por colocación”.
Hay varias órdenes de aprehensión contra Gavira, que se encuentra prófugo. Quien fuera su jefe, Ignacio Ovalle, es un amigo del presidente López Obrador y no ha sido llamado a cuentas por este caso de corrupción, a pesar de que él autorizó una parte de las inversiones, según consta en la carpeta de investigación de la Fiscalía.
El mandatario instruyó al entonces secretario de Hacienda, Arturo Herrera, recuperar a como diera lugar los recursos comprometidos. La solución fue forzar a CI Banco, Monex y BBVA a darle un crédito a Corafi para que se recompraran los bonos que tenía Segalmex. El acuerdo se cerró en marzo de 2021. “Los bancos accedieron a pagar en nombre de Corafi para no tener problemas con el Gobierno”, declaró la fuente consultada en Hacienda. Gracias a esta operación política, López Obrador puede afirmar que se subsanó el daño en Segalmex, no así en el resto de las instituciones desfalcadas.
Las investigaciones de Hacienda apuntan también a una responsabilidad de los bancos, pues, conforme a la Ley del Mercado de Valores, las instituciones financieras no pueden actuar como intermediarias bursátiles para comerciar el tipo de bonos que ofertaron Dávila y Guzmán a las instituciones públicas.
El imperio del aire
Mientras el Estado mexicano era víctima de un desfalco millonario, Dávila y Guzmán hacían acopio de una fortuna. Ambos empresarios, junto con sus familiares —el hijo del primero, René Dávila Díaz, y la hermana del segundo, Claudia Patricia Guzmán García—, crearon el fideicomiso 745412 en mayo de 2015 en Banorte (que luego fue sustituido por CI Banco). Al fideicomiso depositaron 16 propiedades, entre predios e inmuebles, todos en Tuxtla Gutiérrez, capital de Chiapas. En conjunto, las propiedades sumaban 260 hectáreas, y tan solo una de ellas valía 81,3 millones de pesos, de acuerdo con el instrumento notarial del fideicomiso.
Esas propiedades fueron entregadas en garantía a Segalmex cuando se inició la operación política para recuperar el dinero del Gobierno invertido en los bonos basura. Pero no era ni de cerca toda la fortuna de Dávila y Guzmán. Por ejemplo, ambos empresarios crearon en 2012 otro fideicomiso, el 17395-7, ante CI Banco (luego pasó a Banamex), en el que depositaron dos predios de 136 hectáreas ubicados en una reserva territorial de Yucatán y con valor de 132,6 millones de pesos.
Tan solo René Dávila adquirió, entre 2014 y 2019, 18 inmuebles en Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo y Yucatán por 300 millones de pesos, y compró 12 vehículos de lujo —varios BMW, un Cadillac y un Lincoln— por un valor de 11 millones, de acuerdo con la investigación de la UIF.
Entre 2014 y 2021, hizo transferencias internacionales a España, Estados Unidos, Francia y Suiza por 4,2 millones de pesos y 750.000 dólares, y recibió depósitos provenientes de EE UU e Inglaterra por 615.000 dólares. Su empresa Corafi, a su vez, hizo un depósito de 15,3 millones de pesos a la cuenta de la compañía Event Horizon Technologies Inc. en EE UU en junio de 2019.
Entre 2017 y 2021 hizo pagos mediante su tarjeta de crédito por 50 millones de pesos. Gastó 2,5 millones pesos en apuestas y ganó premios por 3,2 millones de pesos. Además, de 2014 a 2020 hizo depósitos de cheques a diversas cuentas por un monto de 174,8 millones de pesos. Todos estos movimientos corresponden únicamente a Dávila, que tiene participación en más de cien empresas fachada a través de su hijo y otros testaferros, según la indagatoria de la UIF. De hecho, el hijo también es investigado por la Fiscalía.
Algunas de las empresas fachada están vinculadas a otros sonados casos de corrupción. Por ejemplo, Dávila y su compañía IMI Civiles del Sur S.A. de C.V. hicieron depósitos entre 2014 y 2016 a Factibilidad Empresarial de México S.A. de C.V., vinculada a los desvíos de La estafa maestra. Además, Corafi hizo ocho depósitos en 2015 y 2016 por 5,7 millones de pesos a Servicios y Asesorías Samex SC, una de las compañías de papel implicadas en los desvíos del PRI para la Operación Safiro. Una muestra de que las empresas utilizadas para desviar y blanquear recursos en México y los empresarios que las encabezan se prestan ayuda entre sí.
