En 167 segundos, el presidente Andrés Manuel López Obrador demolió ayer el trabajo de cuatro años para construir la versión alterna sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y, de manera sorprendente, exoneró al presidente Enrique Peña Nieto y al entonces secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, de cualquier responsabilidad sobre el crimen. En su intento por darle un cierre jurídico al caso, empató la verdad alterna con la que su gobierno quiso justificar un crimen de Estado, con la verdad histórica del peñismo, al llegar a la misma conclusión que su antecesor: lo que pasó tuvo que ver con decisiones locales y la delincuencia.

Esa fue la conclusión en la reunión en Los Pinos la mañana del 28 de septiembre de 2014, donde Peña Nieto y el gabinete de seguridad escucharon del procurador general, Jesús Murillo Karam, que lo que había sucedido la noche del 26 en Iguala había sido un pleito entre narcos, sugiriendo que la normal de Ayotzinapa está infiltrada por la banda criminal de Los Rojos. Instantáneamente, la no intervención del gobierno de Peña Nieto se convirtió en “un crimen de Estado”.

Parte de las galimatías políticas de López Obrador tienen que ver con esta descripción. “Por cuestiones políticas e ideológicas la consigna es: fue el Estado, fue el Ejército y de ahí no salimos”, dijo, aunque olvidó que quienes sembraron esa idea fueron sus cercanos de entonces y ahora. “Les puedo decir que ¡claro que fue el Estado!”, matizó. “El Estado pudo en su momento aclarar las cosas y no fabricar mentiras; de eso no hay dudas, aunque hayan participado autoridades locales”.

Esta caracterización no aplica, si tomamos la definición del crimen de Estado como los delitos cometidos por agentes del Estado o por paramilitares que actúan en complicidad o por tolerancia del Estado. Por lo que dijo ayer López Obrador, no fue el caso. Las autoridades que intervinieron en el crimen fueron municipales que estaban coludidas con Guerreros Unidos. Se entiende el fraseo como un intento de control de daños, por el giro público radical de su posición y para neutralizar las críticas que le vendrán.

Su declaración revierte todo lo dicho por su gobierno y descalifica las conclusiones que el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, a quien nombró el Presidente como responsable de la Comisión de la Verdad para el Caso Ayotzinapa, dio a conocer el 18 de agosto del año pasado y cuya teoría conspirativa abundó el miércoles pasado, basada en evidencias inventadas y declaraciones a modo de jefes y sicarios de Guerreros Unidos que participaron en la desaparición de los jóvenes, para fortalecer la acusación de crimen de Estado.

De haberse seguido con esa línea de acción, lo que procedía, como exigieron los abogados de los padres de los normalistas, es que se abriera una investigación penal contra Peña Nieto y el gabinete de seguridad, pero lo que sucedió fue lo contrario. López Obrador se molestó con Encinas, porque en lugar de cerrar el caso, lo reavivó dando armas a los padres, abogados y críticos de su gestión en la investigación. Pero lo inesperado y sorprendente, aunque López Obrador tomó la decisión de asumir el costo político de cerrar la investigación y no trasladar el problema a Claudia Sheinbaum, que piensa ganará la Presidencia, fue deslindar al gobierno de Peña Nieto y, como sucedió aquella mañana en Los Pinos, enfocar la responsabilidad en el ámbito local.

Cuáles son las razones de ello se desconocen, pero en el fondo, las investigaciones de los dos gobiernos no difieren: los normalistas fueron detenidos por policías municipales que se los entregaron a Guerreros Unidos, que a su vez los eliminaron. Las acusaciones de que el gobierno anterior torturó y alteró pruebas pueden hacerse también al gobierno actual. Los señalamientos contra los miembros del Ejército detenidos también han variado. De ser varios generales y oficiales los autores intelectuales del crimen, como acusó Encinas, el Presidente habla ahora de “omisión”.

Pero aun así es impreciso. Señala de omisos a los militares porque no actuaron la noche en que desaparecieron los normalistas. El argumento a su favor es que lo que atestiguaron fueron policías que hacían detenciones; es decir, una autoridad que cuando le preguntaron si había problemas, dijo que no. El contrargumento es que los militares sabían que los municipales estaban coludidos con Guerreros Unidos, y que algunos trabajaban para el grupo criminal.

“De eso no hay duda”, dijo el Presidente. “Pudieron haber participado algunos elementos del Ejército, pero lo que sucedió con Ayotzinapa tuvo que ver con decisiones locales y la delincuencia. Que esa delincuencia tuviese vínculos con algunos militares o que los militares de la región no hayan evitado que desaparecieran los jóvenes y hubiesen cometido delito de omisión, es otra cosa a que el gobierno, desde arriba, el presidente Peña o el general secretario de entonces, hayan ordenado la desaparición de los jóvenes”.

Lo paradójico es que el gobierno de Peña Nieto sí fue omiso. Pero no esa noche, sino durante meses. En este espacio se publicaron el 11 y el 12 de noviembre de 2014 los detalles de cómo el fiscal de Guerrero, Iñaki Blanco, fue documentando los delitos criminales de las autoridades municipales y su colusión con Guerreros Unidos unos seis meses antes de la desaparición de los normalistas, pero Murillo Karam soslayó las peticiones de atracción. En las mesas de seguridad de Guerrero, que presidía el Cisen, también surgieron los nombres de militares y policías federales coludidos con los delincuentes, pero no se hizo nada.

El gobierno de Peña Nieto no fue culpable directo de la desaparición, como reconoció ayer López Obrador, pero sí fue responsable político del crimen. No fue un crimen de Estado, pero la torpeza, prejuicios y espíritu vengativo con la que manejó su gobierno la investigación están terminando con el perdón al expresidente, que no debía de ser, y con el cierre del caso Ayotzinapa, que cada vez tiene más abierta la puerta de la injusticia.