Se trataba del C5 “pirata” del crimen organizado, a través del cual una de estas organizaciones criminales realizaba labores de contrainteligencia: monitoreaba las entradas, los puntos más concurridos, los movimientos efectuados por fuerzas federales y estatales, así como los desplazamientos de posibles convoyes del grupo rival.

En prácticamente todos los puntos del país, el crimen organizado ha instalado “ojos” tecnológicos que vigilan áreas rurales y urbanas.

No es nuevo. Las autoridades han detectado la existencia de estos centros de monitoreo desde hace una década. Pero casi nunca saben dónde están.

Los grupos criminales los operan de manera clandestina a través de cámaras de vigilancia instaladas en negocios y casas particulares. A veces les pagan a los propietarios una renta mensual. En otras ocasiones, ellos mismos las instalan en postes de luz, teléfono y alumbrado público. Por medio de internet monitorean las 24 horas del día todo cuanto sucede en México.

A finales de junio de este año, la subcomandante de la policía municipal de Tecate, Baja California, Alejandra Hernández Villa fue acribillada junto a una bomba despachadora de gasolina por sujetos cubiertos con pasamontañas que más tarde le prendieron fuego al vehículo empleado durante la ejecución.

Días después, las autoridades recibieron de manera anónima las imágenes de la ejecución, tomadas desde una cámara de seguridad. Según el semanario Zeta, las autoridades fueron informadas de que dichas imágenes provenían del teléfono de un sicario del Cártel de Sinaloa que acababa de ser asesinado. Sus verdugos le habían revisado el celular. Las imágenes eran la prueba de que el Cártel de Sinaloa estaba vigilando Tecate por medio de cámaras privadas.

Se descubrió que en esa ciudad estaban operando más de 100 cámaras instaladas en domicilios particulares por el jefe de plaza del Cártel de Sinaloa: un sujeto apodado El Siete

Las cámaras cubrían zonas urbanas y rurales. Según la información de Zeta, eran operadas desde un centro de mando y desde “aplicaciones instaladas en los celulares” de “los principales operadores del grupo criminal”.

Como se trataba de cámaras particulares, los agentes del gobierno solo lograron desmantelar 13. El resto siguió en operación, dando aviso de los movimientos de las fuerzas federales.

Hace ocho años las alarmas se encendieron en Reynosa, Tamaulipas, cuando el descubrimiento de 39 cámaras de vigilancia reveló que las principales calles de aquella ciudad fronteriza eran monitoreadas por el Cártel del Golfo. En 2015 aquello fue considerado “un logro tecnológico sin precedentes”. El Golfo manejaba esos instrumentos de manera remota, y guardaba la información en tarjetas.

Los miembros de ese grupo se habían adelantado a las autoridades, quintuplicando el número de las cámaras.

Ocho años más tarde, 12 cámaras del Cártel de Santa Rosa de Lima fueron retiradas en el municipio de Celaya. Las habían fijado en postes del tendido eléctrico y enviaban “la señal a través de internet a un operador del grupo que las colocó”.

En esa ocasión, no se logró ubicar el C5 “pirata” de los criminales.

Los documentos hackeados por el colectivo Guacamaya revelaron que el crimen organizado había tapizado con cientos de cámaras, del lado estadounidense, los cruces fronterizos de Nuevo León y Tamaulipas. En solo dos años se localizaron y desmantelaron más de 250.

En febrero de este año, incluso, elementos de la Guardia Nacional fueron agredidos a tiros cuando desinstalaban cámaras ubicadas en Reynosa.

El falso C5 de Teocaltiche vuelve a probar que el narco nos vigila. Que sus “ojos” tecnológicos registran, de día y de noche, todo cuanto sucede en México.

Por desgracia, también en eso van un paso adelante.

@hdemauleon