En el proceso electoral que viviremos los mexicanos el año próximo, catalogado ya como el más grande que se haya tenido en la historia del país, junto con la elección de Presidente o Presidenta de la República, que es la que más atención y reflectores mediáticos acapara, también se renovarán los 128 senadores y 500 diputados federales, los gobernadores de nueve estados del país y en total se votará por 19,634 cargos de elección popular.

Para todas esas elecciones se imprimirán boletas en las que puedan emitir su voto los mexicanos y el volumen de papeletas que se requerirá plantea todo un reto de logística y capacidad para los proveedores de servicios de impresión en el país. La mayor parte de esa responsabilidad recaerá en los Talleres Gráficos de la Nación (TGM), organismo que depende de la Secretaría de Gobernación y el que, por convenio con el Instituto Nacional Electoral se encargará de la impresión de las papeletas que se utilizarán en la elección federal y, aunque históricamente las boletas para las elecciones locales se imprimen con proveedores estatales seleccionados por los OPLES del INE, en esta ocasión los directivos de los organismos electorales locales han denunciado una serie de presiones y peticiones desde el centro para que también le asignen sus impresiones a los citados TGM.

Y es que detrás de la impresión de millones de papeletas electorales hay un multimillonario y jugoso negocio que se reparten, en cada proceso electoral, entre la instancia pública que es TGM y los impresores en los estados. La dirección general de los Talleres Gráficos la ocupa actualmente Maribel Aguilera Chairez, la diputada federal con licencia de Morena que, sin tener ninguna experiencia en el sector de la impresión de papelería de alta seguridad, como la que requieren las boletas electorales, y mucho menos en la administración de empresas, fue designada en esa posición gracias a sus conexiones políticas, más que por su experiencia en el ramo.

De hecho, Aguilera Chairez comenzó su carrera política al amparo del PRI y de la mano de quien fuera su primer esposo Javier Mier Mier, quien fuera presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Durango. Desde ahí, Maribel comenzó a tejer relaciones de amistad, de política y hasta de negocios con funcionarios electorales de otros estados de la República, con los que mantiene contacto, y a los que incluso ha utilizado para intentar convencer a los presidentes de OPLES en los estados de que, en vez de mandar a hacer su impresión de boletas con proveedores locales, se las encarguen a TGM.

Con Javier Mier tuvo un hijo y su relación terminó tan mal que ella lo terminó denunciando por presuntas irregularidades y violencia incluso con protestas en la explanada del Instituto Nacional Electoral hasta donde llevó sus acusaciones la duranguense. Tras esa turbulenta relación, Maribel Aguilera conoció a Antonio Meza, cuando este aún era el titular de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg) en este gobierno y quien la impulsó para que llegara a ser diputada por Morena en la pasada legislatura y luego se reeligió para la actual, aunque pidió licencia para aceptar la dirección de TGM.

Meza Estrada, exsecretario particular del presidente  Ernesto Zedillo y titular de la Conaliteg en el sexenio zedillista, había salido del cargo en aquel gobierno en medio de escándalos de corrupción en la asignación de los contratos para la impresión de los libros de texto. Y paradójicamente en el actual gobierno de López Obrador, apoyado por su amigo Esteban Moctezuma, Toño Meza volvió a ocupar el cargo de director de la misma Comisión de libros de texto, donde otra vez terminó metido en escándalos de corrupción cuando se revelara en un reportaje de Mexicanos contra la Corrupción que había dado 463 millones de pesos en 13 contratos públicos por adjudicación directa a las empresas Litografía Magno Graf S. A. de C. V. y a Grupo Bio Pappel, cuyos accionistas formaron con Meza Estrada la asociación civil Amigos de la Letra Impresa en 2006. Además, se le señaló también por otorgarle contratos millonarios a Juan Sebastián Estrada Hernández, quien se presume es su sobrino y dueño de la imprenta Gráficas Corona JE, S.A. de C.

La suerte de Toño Meza cambió en 2021 cuando Delfina Gómez, al llegar a la SEP, lo despidió de inmediato porque ya las auditorías a Conaliteg lo señalaron por haber provocado daños patrimoniales por más de mil 350 mdp por firmar contratos con los cuales aparentemente benefició a una red de corrupción empresarial-familiar, entre los que se encontraban los contratos millonarios que Meza Estrada le otorgó a Juan Sebastián Estrada Hernández, quien se presume es su sobrino y dueño de la imprenta Gráficas Corona JE, S.A. de C.

Pero para entonces la pareja formada por Meza y la diputada Aguilera, ya había ampliado sus influencias con expriistas y se habían convertido en miembros distinguidos de la 4T, tanto que la diputada se inscribió en 2022 en el proceso interno para competir por la candidatura de Morena a la gubernatura, aun cuando su imagen en Durango no es tan buena. Pero más allá de la relación personal y privada, el matrimonio Meza-Aguilera se volvió también una asociación de negocios y relaciones al amparo del ejercicio público.

Casualmente, las dos empresas a las que la Auditoría Superior de la Federación hizo observaciones en Conaliteg, por haber recibido contratos millonarios por adjudicación directa y en donde se identificó a familiares de Antonio Meza, fueron Gráficas Corona JE S.A de C.V, y One to One Solutions, S.A. de C.V., cuya representante legal es Lucía Azucena Estrada Hernández. Ambas empresas también han sido encargadas de la impresión de boletas electorales; y en muchos de los casos señaladas por incumplimiento en la entrega de papelería electoral por organismos electorales locales como el de Tamaulipas, Veracruz, Campeche, Yucatán, Chiapas, Michoacán y Oaxaca por mencionar sólo algunos.  Incluso a las dos compañías vinculadas a Meza, se les ha señalado en el medio de los impresores de que, para disfrazar sus incapacidades, han recurrido a asociarse con otras empresas como Formas Finas y Materiales, S.A. de C.V.

De hecho, entre impresores grandes, se asegura que las relaciones que ha tejido Maribel Aguilar Chairez con el apoyo de Antonio Meza Estrada, tienen como objetivo apoderarse de la contratación para la impresión de boletas electorales para posteriormente entregárselas a Gráficas Corona y, en la medida de lo posible, del material electoral para que sea Formas Finas y Materiales, la encargada de buscar a terceros para que realicen las maquilas, ya sea de manera directa, o a través de sus razones sociales alternas.

Es decir, que desde TGM con su flamante directora moviendo sus influencias entre los OPLES locales para que le cedan la impresión de sus boletas al organismo federal, mientras atrás aparece la mano de Toño Meza y de las empresas a las que benefició indebidamente en la Conaliteg, se puede hablar de una “mafia electoral” que está a punto de apropiarse del millonario negocio de la impresión de las boletas electorales. Todo en tiempos de la supuesta honestidad y austeridad de la 4T.

Los dados abren semana con Serpiente Doble. Se vienen días complicados.

@SGarciaSoto