A dos años de su nacimiento, la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990 en México, ha presentado su primer informe. Unión de esfuerzos multidisciplinares, la comisión para la Guerra Sucia ha destacado la revisión de instalaciones militares en diferentes estados, el acceso a 87 archivos de diferentes dependencias, las más de 900 entrevistas realizadas a personas relacionadas con sucesos de esta época y, también, las dificultades para acceder a información del Ejército y el Centro Nacional de Inteligencia.
Creada a imagen de las comisiones que existieron en Uruguay, Argentina o Ghana, la mexicana trata de entender el tamaño y la densidad del aparato contrainsurgente, parte del Estado que dirigió el PRI durante décadas. También de dibujar los estragos causados. Agentes de diferentes dependencias trabajaron durante décadas contra todo lo que oliera a disidencia política. Es difícil hoy dar un número de muertos, torturados, desaparecidos... Por ejemplo, la Comisión Nacional de Búsqueda apunta que entre 1964 y 1985 desaparecieron al menos 899 personas. Pero la realidad podría ocultar cifras mayores. En 2014, la Comisión de la verdad de Guerrero dijo que solo en el Estado eran 788.
En el terreno de lo concreto, el presidente de la comisión, Alejandro Encinas, encargado también del equipo gubernamental que investiga el caso Ayotzinapa, ha anunciado el hallazgo de siete osamentas en un pueblo de la Tierra Caliente de Guerrero, Ajuchitlán del Progreso, supuestamente de personas represaliadas por militares en esa zona, en julio de 1971. Entonces, el Estado de Guerrero era una de las grandes preocupaciones del aparato represivo del Estado, principalmente la Secretaría de la Defensa (Sedena) y la Dirección Federal de Seguridad.
Encinas ha explicado que los siete serían parte de un mismo núcleo familiar, situación que deberán confirmar los estudios forenses. Los investigadores supieron de este episodio gracias a un grupo de “familiares” que se acercaron a los integrantes de la comisión, después de una reunión celebrada el 28 de abril en Ciudad de México. Ahí les explicaron que en aquella época, militares sacaron a las víctimas de sus casas, las mataron y enterraron en campos de cultivo. Los investigadores cruzaron el relato con archivos militares y hallaron el evento, narrado de manera muy distinta en el acervo castrense. “Aquello fue consignado como un ‘enfrentamiento’, difiriendo con los familiares y testigos de lo que presuntamente fue una masacre y una ejecución sumaria”, reza el informe.
En varias visitas a la zona, los investigadores dieron con tres parajes, Los Espadines, Loma Las Desdichas y Palos Altos. En fotos que constan en el informe, pero que la comisión ha preferido no divulgar, se observa que uno de los puntos yace entre plantas de maíz bien crecidas. Los investigadores encontraron allí las osamentas, un éxito de los trabajos de la comisión, cuyo mandato termina en poco menos de un año. Queda en sigilo, de momento, la historia interna. Y sobresale una pregunta: ¿qué tipo de temor, de miedo, impidió el rescate de estos cuerpos, enterrados allí desde hace 52 años?
Encinas ha destacado también una sospecha que poco a poco se ha convertido en certeza: el uso de la fosa común del Panteón de Dolores, uno de los más grandes y antiguos de la capital, para deshacerse de los cuerpos de represaliados, que los perpetradores decían que eran de personas desconocidas. El Mecanismo de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la comisión, a cargo del historiador Javier Yankelevich, ha señalado que en los últimos años han acabado de digitalizar los libros de registros del panteón, que ilustran la llegada de los cuerpos de casi 100.000 personas, solo entre 1968 y 1982. De todas ellas, “aproximadamente 15.000″ lo hicieron en calidad de desconocidas. Los investigadores mapean ahora las fosas comunes del cementerio para iniciar las inhumaciones próximamente.
Otra vez el Ejército
La presentación del informe de la comisión ha compartido protagonismo con la divulgación, a la misma hora, de un dosier que denuncia “manipulaciones” del Ejército, de documentos sobre la Guerra Sucia que constan en su propio archivo, y resistencias del instituto castrense para entregar información. La autoría del dosier recae en uno de los cinco mecanismos de que consta la comisión de la verdad, el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH), integrado por Eugenia Allier, David Fernández, Carlos Pérez Ricart y Abel Barrera.
“El equipo de investigación logró detectar cómo es que los documentos consultados pasaron por un proceso de censura por parte del equipo de oficiales militares involucrados en la atención al Mecanismo”, dice el dosier, “una vez que el MEH solicitaba los legajos identificados en la Sección de Concentración para la consulta, estos eran trasladados a la oficina de una de las personas oficiales del archivo en donde la documentación era revisada por personal militar con el fin de censurar partes de la información, sustrayendo partes de los documentos que contuvieran documentos considerados por los militares como inadecuados para la consulta por contener evidencia de violaciones graves a los derechos humanos ocurridas entre 1965 y 1990. El Ejército encubre así a posibles perpetradores”, añade.
La crítica continúa. “Las personas archivistas militares revolvieron, y alteraron el contenido de al menos nueve expedientes”, dice. Los autores dan ejemplos, caso, por ejemplo, de un documento titulado “Comité Nacional Pro-Defensa de Presos Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos”. El dosier señala: “Este expediente contenía, según se pudo registrar inicialmente, informes de seguimiento al Comité. Cuando fue solicitado para su revisión en sala, se pudo constatar que de las 71 fojas iniciales, ya solo tenía 13″.
En otros casos, el MEH pide información, colaboración o documentos al Ejército, que responde con negativas o evasivas. “La Sedena ha apelado a la protección de datos personales, a la seguridad nacional, a la conservación de buenas relaciones con otros países y al hecho de que solo puede obedecer aquello que se le ha mandado, para negar la revisión de expedientes y documentos”, reza el dosier. Así, por ejemplo, la Sedena niega documentos posteriores a 1990, aunque traten casos de décadas anteriores, o niega documentos que contienen información de posibles perpetradores o mandos militares de la época, con la excusa de que primero tendría que pedirles permiso.
La denuncia del MEH sobre la conducta de la Sedena recuerda al caso Ayotzinapa. Durante el último año y miedo, el equipo de investigadores que la CIDH comisionó a México para investigar el caso ha denunciado las resistencias del Ejército para entregar documentes de inteligencia militar sobre el ataque contra los estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014, y la desaparición de 43. El Ejército ha excusado su negativa en la inexistencia de este tipo de documentos, cosa absurda, a la vista de la publicación, hace dos años, de dos documentos de espionaje castrense, que recogían intercepciones a comunicaciones de integrantes de la red criminal que atacó a los estudiantes.
Sobre esto, Encinas ha dicho: “Atenderemos las incidencias que el MEH nos ha planteado, a fin de ir superando las trabas en cuanto al acceso a los archivos del CNI, los del Estado Mayor presidencial y las observaciones que se han hecho de las restricciones en el acceso a la información de Sedena”. En el contexto del caso Ayotzinapa, Encinas no ha conseguido de momento torcer el brazo al Ejército, situación que ha generado un distanciamiento de las familias de los 43 con el Gobierno.