Hay dudas sobre la legalidad de los recortes, pero ninguna sobre los efectos que tendrá constriñendo a la Judicatura. Es un acto de extrema politización del presupuesto.

El presupuesto ha sido estos años el reino de la discrecionalidad presidencial. Ha usado sin recato su mayoría en la Cámara de Diputados, la cual autoriza el presupuesto y se ha plegado a la voluntad sin quitarle una coma.

La indignidad de este comportamiento legislativo no le quita su eficacia. Esta mayoría automática le ha permitido al Presidente hacer y deshacer con el presupuesto como con una macana de poder político.

Sin inhibición ninguna.

A la obsecuencia de la cámara hay que añadir el expansionismo del Presidente, quien no sólo ha tomado en estos años todo lo que la cámara le dio, sino mucho más.

Durante los últimos cuatro años, el Poder Ejecutivo ha gastado un billón de pesos más que lo que le autorizó la cámara, dinero suficiente, dice Leonardo Núñez, “para pagar 122 veces lo que costó construir la Línea 12 del Metro de Ciudad de México” (Presupuesto de un solo hombre, en Nexos, octubre 2023).

Por otra parte, el Presidente ha reasignado a discreción porcentajes enormes de los presupuestos aprobados por la cámara.

“Entre 2019 y 2022”, añade Núñez, “el gobierno quitó 4.3 billones de pesos de los rubros originalmente aprobados en el presupuesto y los redireccionó. El Presidente modificó en 19.4% el destino de los recursos aprobados por los legisladores. A pesar de que la Constitución señala que corresponde al Poder Legislativo decidir cómo se asigna el erario, el Presidente ha expropiado esa facultad”.

Como se ve, el Estado no sólo ha sido desmantelado como administración pública, sino también absorbido en la práctica por un Poder Ejecutivo que actúa con sectarismo presupuestal para poner al Estado a su servicio.

Es lo que quiere hacer ahora con el Poder Judicial: rendirlo por austeridad.