Pero los detalles de esa persecución han quedado registrados con implacable claridad en 232 páginas que retratan el poder que ejerce, el miedo que despierta, la impunidad de que goza —amparado por el presidente de la República, de quien es asesor principal y operador de primera mano, desde el primer círculo de su confianza—, el fiscal general Alejandro Gertz Manero.

Planeta acaba de editar un libro cargado de sombras y de desesperanza, al fondo de las cuales emerge la figura del fiscal. Su título: “El verdugo. El delito que inventó el fiscal general de la república para cobrar una venganza personal”.

Fue escrito por Alejandra Cuevas Morán, sobrina política de Gertz, quien pasó 528 días en el penal de Santa Martha, encarcelada de manera ilegal con el descarado contubernio de la fiscalía que dirige Ernestina Godoy, y con la oscura colaboración de jueces de tribunales capitalinos.

El abogado Federico Gertz, con graves muestras de deterioro senil, murió en un hospital privado al que su hermano lo había llevado un mes antes y en el que durante todo ese tiempo se prohibió a su pareja a lo largo de 60 años, la señora Laura Morán, así como a las hijas de esta, Alejandra y Laura, visitarlo.

Antes del traslado al hospital, el hoy fiscal había contratado especialistas que vigilaran la evolución de su hermano. Tras el deceso de este, y aunque Alejandra y Laura no vivían con la pareja, Gerz Manero acusó a las tres mujeres de homicidio, alegando que eran “garantes accesorias” de su cuidado.

Dicha figura no existe en la ley y la figura fue desestimada en dos ocasiones. Todo cambió cuando Gertz fue nombrado fiscal general. De inmediato el caso se reactivó: una de las tres mujeres, Laura, quien casualmente es suegra del exgobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, fue sacada, borrada, eliminada de la acusación. En cambio, en octubre de 2020 agentes de la fiscalía detuvieron, por ir supuestamente a bordo de un auto con reporte de robo, a la otra hermana, Alejandra; se giró además orden de aprehensión en contra de la madre de estas, la pareja de Federico Gertz, una señora que rondaba los 90 años.

Sin deberla ni temerla, Alejandra Cuevas despertó en el piso de una celda en Santa Marta Acatitla. En una nítida sucesión de hechos, su libro va dando pistas, aclarando el panorama, poniendo sobre la mesa una serie de hechos consumados.

A tres años de su muerte, ocurrida en 2015, Federico Gertz había cambiado su testamento y nombrado heredero universal a su hermano Alejandro. Le dejó a la mujer con la que había vivido el usufructo vitalicio de una casa en Las Lomas, así como de todos los muebles y enseres que se encontraran ahí. Le dejó también una pensión de 50 mil pesos mensuales.

Ya convertido en fiscal, para detener el proceso en contra de la familia, Gertz pidió que la compañera de su hermano renunciara a la pensión, entregara los objetos que había dentro de la casa —la pareja se había dedicado al coleccionismo: tenía cuadros, marfiles, esculturas, relojes de pared, tapetes, incluso una obra de Rivera—, desalojara el domicilio y le entregara el dinero de una cuenta que Laura y Federico tenían en forma mancomunada.

Todo esto se hizo a través de una cadena de mensajes de la que existen diversos audios: Gertz le comunicaba a Alfredo del Mazo sus exigencias y Del Mazo enviaba a su concuño, Fernando Díaz Castañares, a planteárselas a la familia.

“Si se les ocurre presentar un escrito, si se les ocurre mandar una carta a los medios, si se les ocurre dar una entrevista, qué se yo… resbalarse con una cáscara de plátano… ahora sí, que cada quien se atenga a las consecuencias”.

Díaz Castañares transmitió también este mensaje: “No sé si entienden, no entienden o no quieren entender. Transmítaselos. Quiero que lo que les pedí lo hagan y lo hagan rápido”.

El libro revela que al empacar los objetos para entregarlos —su valor era de más de un millón de dólares— apareció un documento por más de 8 millones de dólares, que se habían depositados en una cuenta bancaria en Panamá.

En una reunión con el recientemente fallecido subprocurador Juan Ramos, uno de los canales que el fiscal utilizaba, este pasó el siguiente mensaje a la familia: “Dígales a los muchachos que ellos saben lo que quiero que entreguen, y si no lo hacen… no pasa nada”.

Existe otro audio en el que el propio fiscal pide a los hijos de Cuevas que firmen una carta incriminándose: “En su momento se los pediré por escrito, en donde cada uno de ustedes asuma la parte de responsabilidad directa o indirectamente. Si hay uno solo de tus hermanos que crea que es víctima, no hay nada de qué hablar, ¿eh?”.

Los nombres de Gertz Manero y de su hermano Federico aparecieron en la investigación periodística internacional conocida como Paradise Papers, en la que el hoy fiscal apareció como vicepresidente de una empresa constituida en las Islas Caimán, y en la que el beneficiario final era su hermano Federico.

Se lee en El Verdugo que Gertz dijo desconocer la existencia de la empresa y señaló que Federico pudo haberla creado “nombrándolo a él y a su esposa… porque confiaba en ellos”.

“Bajo esta luz”, escribe Cuevas, pareciera que la persecución iniciada desde 2015, así como el “arresto y extorsión a mi familia fueran el mal necesario para recuperar el control de esa empresa… ¿Cuál era el fin de ese dinero? ¿Para qué se necesitaba con tanta urgencia...? Tal vez, ¿apoyar una nueva candidatura presidencial?”.

Al ser liberada, tras una batalla que duró año y medio y tuvo que ser disputada en la Suprema Corte, Alejandra Cuevas y sus hijos salieron del país. Nueve abogados se han negado a llevar un caso en contra del fiscal, ya no por extorsión o tráfico de influencias en la fiscalía de la CDMX, sino incluso por incumplir durante más de tres años el pago de la pensión que, como albacea de Federico, está obligado a entregarle a su compañera.

“El fiscal no ha cometido delitos graves”, ha dicho el presidente López Obrador.

Queda para el futuro, y los tribunales internacionales, el juicio por los delitos y la violación a los derechos humanos que él y sus cómplices perpetraron en este sexenio.