Se ha cortado el pago de salarios a más de 30 trabajadores y se les coacciona a renunciar, denuncia Edgar Núñez Urquiza
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“Traemos con qué y nos los vamos a chingar a todos”, la amenaza al personal de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción vino desde el 14 de septiembre, pero sigue viva y se verifica hasta en la retención de salarios a más de 30 funcionarios de la dependencia. No tenemos miedo, dicen, pero es evidente que temen, por su futuro, su patrimonio, sus familias, y aún así continúan trabajando, “porque alguien lo tiene que hacer”. La del último mes es una historia de colusión de autoridades, intrigas, violencia institucional e incertidumbre laboral por la crisis que ha generado el conflicto entre las fiscalías de Morelos.
Para entrar al órgano autónomo hay que esperar varios minutos. Los más de cincuenta policías y marinos que custodian los alrededores ya tuvieron un altercado con la prensa hace unos días, pero ahora se portan amables, aún con ello la tensión existe. Estamos en un edificio en disputa, los rifles asoman por donde uno mire y después de cinco semanas de jaleo todo mundo mira con sospecha a los extraños. Dentro del edificio las cosas se relajan pero no bastante, el personal limpia la mesa, hace días que los funcionarios tienen que entrarle a todas las tareas. “Parece que durmieran aquí”, tratamos de bromear para liberar la tensión pero no funciona.
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El 13 de septiembre, el fiscal Anticorrupción, Juan Salazar Núñez, solicitó una licencia al cargo por un mes para competir por una magistratura del Tribunal Superior de Justicia. En su oficio de licencia, nombró como encargado del despacho al segundo al mando, Edgar Rodolfo Núñez Urquiza, quien asumió el cargo de forma inmediata.
Núñez Urquiza empezó a trabajar en la Fiscalía desde marzo del 2019 y fue nombrado vicefiscal adjunto en marzo del 2022, después de haber estado como encargado del mismo despacho por casi dos años. “Tengo mi nombramiento, incluso, de vicefiscal adjunto”, dice a El Sol de Cuernavaca en entrevista exclusiva.
Cuando Juan Salazar le dijo, otra vez, que pretendía continuar su carrera como magistrado, el vicefiscal no se sorprendió. “Siempre quiso volver a ser magistrado porque le gusta más el estudio de las cosas jurídicas, y por eso me dijo antes de la convocatoria que tenía la intención de competir para ello, y para darle más certeza dejaría el cargo para que no pareciera una cuestión de manejo político o de coacción, porque él tenía la obligación constitucional de investigar a los servidores públicos y también a los diputados… y él siempre me externó que yo iba a quedar a cargo durante todo el periodo que le restaba”.
Así que el trece de septiembre Salazar llamó a Núñez Urquiza y le informó que solicitaría licencia, y que ya había girado el oficio a quien estaba encargado de la Fiscalía General del Estado, Carlos Montes Tello, por la ausencia de Uriel Carmona Gándara, que por entonces cumplía un mes y diez días en prisión preventiva. En el oficio se indicaba que el responsable sería Núñez Urquiza conforme a la ley.
Y entonces todo se fue al demonio
Apenas se reorganizaba la oficina, recibieron un documento de la Fiscalía General de la República por el delito de tortura, “donde nos indican que la carpeta está totalmente integrada y que por la competencia nos tocaría a nosotros ejercer acción penal. Una carpeta de casi tres tomos y tres anexos de pruebas, bastante voluminosa, y así decía el oficio literalmente con datos eficientes y concretos para ejercer acción penal, yo me entrevisto con las personas que traían la carpeta y me explican que está totalmente integrada, que hay elementos y que si nosotros no lo valoramos correctamente podríamos incurrir en omisión, y lo comprendemos porque tenemos amplia experiencia en esto, sabemos que nuestra obligación es ejercer acción penal cuando hay un hecho con apariencia de delito. Yo chequé personalmente la carpeta, la vi integrada… se la turno a dos agentes del Ministerio Público para que la verifiquen… y tuvimos que solicitar las liberaciones de las órdenes de aprehensión en contra de los policías y del fiscal General del Estado”.
Horas antes el mismo día, el fiscal Uriel Carmona había logrado una tercera orden de liberación que tendría que cumplirse ese mismo día. Eso no pasaría, en la audiencia para liberar las órdenes de aprehensión, “un agente del Ministerio Público le preguntó a la juez si consideraba que el fiscal tenía fuero y en caso afirmativo hiciera caso omiso de nuestro planteamiento porque nosotros considerábamos que no tenía fuero local, porque la Corte ya se había pronunciado al respecto, se lo propusimos a la juez pero nos dijo que sí es procedente el ejercicio de la acción penal y se libera la orden de aprehensión”. Entonces Núñez Urquiza ordenó a los elementos policiales que cumplimentaran la orden de aprehensión en donde se encontrara. Para lo que se trasladaron al Penal del Altiplano en el Estado de México, con el apoyo de elementos de la Comisión Estatal de Seguridad Pública.
El personal de la Fiscalía se quedó a trabajar el casi toda la noche del 13 y madrugada del 14 de septiembre para preparar la audiencia. Había que sacar copias de constancias y revisar la carpeta de más de mil hojas. “El personal se quedó hasta las cinco de la mañana… porque esta preparación iba a ser más complicada que otras porque era contra una persona que era titular de la Fiscalía General del Estado. Entonces yo me retiro a las dos de la mañana y les dejo a disposición mi oficina de la vicefiscalía, mi computadora y el espacio que yo tengo para que acomoden la carpeta, preparen el hecho... Les dejo las llaves para que cierren al terminar… posicionan la carpeta original de ese delito de tortura sobre mi escritorio a un lado de la computadora y se retiran del lugar”.
La mañana del 14 de septiembre pintaba para ser normal. Los trabajadores de la Anticorrupción se preparaban para un día común a pesar de lo delicado del asunto que llevarían ese día, la audiencia para vincular a proceso al fiscal general del estado. Pero alrededor de las ocho de la mañana quedó claro que no sería así. Edgar Nuñez Urquiza recibió la llamada del agente de seguridad responsable de la entrada del que ya era el despacho a su cargo. El coordinador General de Administración de la Fiscalía, Homero Fuentes Ayala, quería entrar junto con más de sesenta elementos armados y equipados de la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto, FIDAI. Núñez Urquiza pidió al guardia que lo esperara para recibirlo, pero cuando el agente iba a decirlo, Fuentes Ayala aprovechó para entrar, junto con todos los elementos que le acompañaban a la fiscalía.
“Los actos que ellos llevaron a cabo son de completo intervencionismo y violatorios a la autonomía de esta fiscalía, aunado a ello, la FIDAI es la fiscalía élite de la General, está por encima de todas, excepto de la Fiscalía Anticorrupción, o sea ellos no pueden meterse en nada, sin embargo, realizaron estos actos con más de sesenta efectivos y con apoyo de otros elementos de la policía de investigación criminal y agentes de otras regiones, oriente, sur poniente y metropolitana. O sea, de toda la gente que vino, administrativamente llegó solamente el coordinador, el supuesto nuevo fiscal anticorrupción, el área de control interno y el de visitaduría, que quiero señalar que tampoco pueden intervenir en estas oficinas porque tenemos nuestro órgano de visitaduría interna”, acusa Núñez Urquiza.
Eran pasadas las ocho de la mañana, muchos de los funcionarios de la Anticorrupción habían estado trabajando toda la noche anterior y parte de la madrugada, así que fueron llegando poco a poco, pero no se les permitió el ingreso a sus áreas de trabajo. Tenían que pasar un cerco policial, los obligaron a poner sus teléfonos en una barra. Los policías que habían cumplido la orden de aprehensión contra Carmona fueron puestos contra la pared para ser interrogados por la FIDAI sobre las razones para ejecutar la orden de aprehensión. Una pregunta era recurrente “¿Dónde están Edgar Núñez Urquiza, Ignacio Zeus Gutiérrez (fiscal de delitos diversos de la Anticorrupción) y Miriam Lariza Rodríguez?”, quienes habían trabajado el caso.
Núñez Urquiza aún no llegaba a su oficina cuando fue alertado de lo que estaba ocurriendo. “Mi primera reacción fue presentarme a ver qué estaba pasando, pero me llamaron y me dijeron que no fuera, que me iban a detener, y luego se acabó la comunicación con todos”.
Y no era para menos, los testimonios de los funcionarios de la Fiscalía Anticorrupción son consistentes “traemos con qué y nos los vamos a chingar a todos”, advertían los funcionarios de la Fiscalía General a trabajadores en medio de una tensión que crecía por minuto, mientras avanzaba la toma del órgano autónomo hasta sus comunicaciones.
Nadie salió de la Anticorrupción por las doce horas siguientes, nadie pudo ir a comer, los estudiantes que trabajan en las oficinas no pudieron ir a sus clases. Tampoco podían usar libremente “nos prestaban nuestros teléfonos pero no podíamos hacer llamadas”.
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