Ya fueron dos días en los que los trabajadores del Poder Judicial hicieron movilizaciones en diversas ciudades del país, sobre todo en la Ciudad de México, para reclamar la eventual eliminación de los fideicomisos que consideran que podrían afectar sus condiciones laborales o de retiro.
La posición oficial hasta ahora ha sido desestimarlas, pues consideran que han sido promovidas desde la propia Corte.
Uno puede estar de acuerdo o no con las condiciones de trabajo que existen en el Poder Judicial, pero los trabajadores están peleando por los derechos que tienen hasta ahora.
La apuesta del Poder Legislativo y del Ejecutivo es que cuando los trabajadores se enfrenten a los hechos consumados, no tendrán más remedio que aceptar los cambios.
Quizás no habían dimensionado la reacción del sindicato y de diversos grupos de trabajadores al enterarse de la posible pérdida de condiciones de trabajo.
Un pleito con la mayoría de los ministros de la Corte lo convirtieron en otro con el Poder Judicial, y creo que en ello hubo un claro error de cálculo.
Tenga usted la certeza de que si la composición de la Corte fuera otra y hubiera un Pleno que fuera aquiescente con la visión del Ejecutivo, no se hubiera presentado ni la iniciativa para eliminar los fideicomisos ni tampoco se pretendería un recorte en el Presupuesto del Poder Judicial.
Se trata claramente de un castigo por no sujetarse a los criterios del Poder Ejecutivo.
Ya se ha explicado ampliamente que la extinción de los fideicomisos es violatoria del artículo 123 en sus fracciones IV y XI del apartado B en la parte de la composición del salario, y de los artículos 14 y 16 en lo tocante a las pensiones.
El presidente de la República anticipó desde el viernes pasado que seguramente, de hacerse efectiva esta medida, se emprenderían acciones de inconstitucionalidad por parte de los legisladores.
Estas acciones, a diferencia de los amparos promovidos por personas en lo individual, llegarían directamente a la Corte.
Es factible que si el ministro en turno que reciba el caso considera que debe declararse la suspensión de la legislación impugnada en tanto se resuelve su constitucionalidad o no, impediría que se hiciera efectiva su aplicación.
Ya hemos comentado en este espacio que el propio presidente de la República está consciente de ello, tanto que anticipó cuál sería el procedimiento que habría de seguirse.
Pero, si no se logra la extinción de los fideicomisos o posteriormente la reducción del presupuesto, su interés no es dialogar con la Corte para definir las medidas más conducentes sino, en caso de que sea la propia Corte la que rechace esos ajustes, el presidente fortalecería su narrativa en la que acusa a los ministros de ambiciosos y de usar a los trabajadores para defender sus privilegios.
En esa tesitura, así como hubo el año pasado y en los primeros meses de este año movilizaciones masivas para defender al INE y a la Corte, probablemente se requeriría que nuevamente tuvieran lugar para poder cambiar las ecuaciones del poder y mostrar que a la población le interesa un Poder Judicial independiente que cuente con las condiciones de trabajo necesarias para su buen desempeño.
Claro que debería haber una exigencia mayor por parte de la sociedad para el conjunto del Poder Judicial.
Si el gobierno pretende cambiar la estructura del Poder Judicial y quitarle su independencia, tendrá que ser a partir de una reforma constitucional.
Y para conseguirlo, deberá contar con el respaldo de la sociedad, lo que requiere que Morena obtenga en las urnas las mayorías calificadas que necesita en las dos Cámaras del Congreso, así como refrendar el control con el que ya cuenta en Congresos estatales.
Si no es mediante ese mecanismo, no se verá como una reconstrucción institucional sino como un ataque a un Poder del Estado cuya autonomía le es incómoda al presidente de la República.