Al día siguiente de que el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación quitaba la espoleta a una nueva granada virtual contra el Ejército, la precandidata presidencial de la 4T, Claudia Sheinbaum, exeó:

El día de ayer platiqué con Alejandro Encinas, compañero de lucha de hace muchos años. Lo invité a que nos apoyara en el proceso que se avecina y aceptó gustosamente.

O sea que quien ha presidido la falsaria Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa dejará de encabezar la instancia que, en complicidad con la Fiscalía General de la República, hizo de la investigación un desastre, dejando imposible de cumplir un compromiso vertebral del presidente de la República.

Atrás deja un tiradero de acusaciones, persecuciones, encarcelamientos e insidias carentes de sustento en agravio de ex servidores públicos y militares.

¿Buscará una posición legislativa que le garantice fuero para quedar a salvo de cualquier acción penal que sus víctimas pudieran emprender?

El par de cargos que venía desempeñando lo abandona sin que se sepa lo que hizo para localizar alrededor de 44 mil desaparecidos en lo que va del sexenio, pero sobre todo habiendo cometido la criminal omisión de incumplir una de las recomendaciones clave de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (anterior a la facciosa de hoy): enviar al laboratorio forense de Innsbruck 114 restos óseos que pudieran corresponder a uno, a varios o a todos los 40 normalistas de quienes falta conocer su paradero.

El añadido postrero sobre la matanza de hace nueve años lo conforman 18 documentos del Centro Regional de Fusión de Inteligencia del estado de Guerrero que les fueron entregados a los padres de Los 43.

Según la Covaj, en ellos puede confirmarse que la Secretaría de la Defensa Nacional conoció en todo momento lo que sucedía el 26 de septiembre de 2014, y que con anterioridad tenía identificados a varios delincuentes.

Ajá.

Encinas no puede ignorar que en ninguna de las movilizaciones de estudiantes de Ayotzinapa intervino el Ejército por la sencilla razón de que se lo impedían la Constitución y las leyes.

Del análisis de los folios, la comisión concluye que todas las autoridades estaban enteradas de lo que ocurría en Iguala y que desde 2009 uno de los estudiantes, Julio César López, era militar.

Nada nuevo, pues.

Del soldado raso Julio, ya desde el gobierno peñanietista se supo que quiso cursar también la carrera de profesor y que no era un “infiltrado” del Ejército, como se sabe también que fue uno de los jóvenes asesinados por Guerreros Unidos.

Entre lo rescatable del agregado está el recordatorio de que los estudiantes habrían sido confundidos por la “presunta infiltración de Los Rojos”, la narcopandilla rival de los homicidas.

De sus compromisos clave, el presidente López Obrador puede presumir sus programas sociales, pero no de haber acabado con la violencia o la corrupción y menos aún, por culpa de Encinas, de haber llegado a una distinta verdad a la “histórica…”.