Los concesionarios privados que operan los aeropuertos en el País tendrán que aportar más recursos a la Tesorería de la Federación para que sean usados en fortalecer las empresas aeroportuarias que las fuerzas armadas tienen bajo su control.
En una caldeada sesión, la mayoría oficialista en la Cámara de Diputados aprobó anoche una reserva a la Ley Federal de Derechos que eleva el pago de 5 a 9 por ciento de los ingresos brutos de los concesionarios privados de aeropuertos.
Ese monto, conforme la propuesta de Morena, deberá destinarse a un fideicomiso de las Fuerzas Armadas cuyo uso será para los aeropuertos que administran.
La modificación adiciona el artículo 220-A para señalar que los ingresos que se obtengan por la recaudación de este derecho se concentrarán en la Tesorería de la Federación y se destinarán a ambas dependencias a través de fideicomisos públicos que deberán constituirse para dicho fin.
El nuevo derecho, propuesto por el morenista Mario Miguel Carrillo, fue avalado en medio de advertencias de diputados del PAN de que la medida impactará en el aumento de los costos de los boletos de avión y pone en desventaja a los concesionarios, que deberán subsidiar el sistema aeroportuario que controlan las Fuerzas Armadas.
El Ejército y la Marina tendrán el control y operación de los aeropuertos Felipe Ángeles (AIFA), Toluca, Nogales, Nuevo Laredo, Cd. Victoria, Tamuín (SLP), Uruapan, Puebla, Ciudad Ixtepec, Campeche, Palenque, Chetumal y Tulum.
El vicecoordinador del PAN, Jorge Triana, lamentó que se hable de excesos y privilegios del Poder Judicial, pero omita el de los militares, que cuentan con fideicomisos cuyo monto se ha elevado mil 77 por ciento en lo que va de la Administración, al pasar de 5 mil 800 millones a 99 mil 500 millones.
Los diputados opositores acusaron un albazo legislativo y advirtieron que la reserva violenta el principio de competencia económica, un tema fundamental de los tratados comerciales suscritos por México.
El panista Héctor Saúl Téllez dijo que la reforma establece diferentes tasas para un mismo derecho: 5 por ciento para asignatarios, es decir, entidades paraestatales como Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) y ahora la Marina y la Sedena, y del 9 por ciento para concesionarios, es decir, los grupos aeroportuarios administrados por particulares.
Para Movimiento Ciudadano la propuesta morenista es ilegal, ya que reforma un artículo que no estaba incluido en el dictamen publicado en la Gaceta Parlamentaria.
