​​​​​​​​​En el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias de la Cámara de Diputados (CEDIP), sus investigadores presentan estudios, artículos y publicaciones que se publican y editan como originales en los órganos de difusión del Poder Legislativo Federal, pero en varios de esos textos se incurre en actos de plagio de otros estudios, libros o iniciativas ya publicadas, de las que los empleados de San Lázaro toman párrafos completos e ideas textuales, sin citar a sus autores ni a las fuentes bibliográficas.

El plagio es descarado y ha sido documentado y denunciado desde hace más de un año al actual director del citado centro legislativo, Juan Carlos Cervantes Gómez, por parte de investigadores que detectaron esta práctica ilícita y antiética en varios de sus compañeros, pero el funcionario hizo caso omiso y no emprendió ninguna acción administrativa o legal en contra de los plagiarios. Incluso, el tema se llegó a denunciar también al Secretario de Servicios Parlamentarios, Hugo Christian Rosas de León, de quien depende el Centro de Estudios de Derecho y los otros cuatro Centros de Investigación con los que cuenta la Cámara de Diputados, y quien forma parte de Morena, pero tampoco se tomaron medidas para sancionar y evitar los plagios.

De acuerdo con el artículo 43 del Estatuto del Servicio Civil de Carrera de la Cámara de Diputados, el CEDIP tiene como función “llevar a cabo investigaciones y estudios jurídicos que contribuyan al ejercicio de las funciones legislativas”. Sin embargo, hay en ese centro, entre algunos de sus investigadores, un modus operandi que tergiversa esa función legal, pues existe una práctica generalizada e impune que consiste en el plagio de iniciativas de ley ya presentadas y otros trabajos académicos, como libros, revistas y hasta han plagiado los criterios legales del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y de la Facultad de Derecho de esa casa de estudios.

Aun sabiendo de los plagios, todos los trabajos que han incurrido en esa práctica han sido validados o elaborados en coautoría por el director del CIDEP, doctor Juan Carlos Cervantes, quien es el responsable de autorizar todo lo que se publica en revistas y libros editados por el centro de estudios legislativos. Al propio Hugo Christian Rosas le informaron de manera directa de la conducta antiética de los investigadores, pero hizo caso omiso y no ordenó la separación del cargo de los plagiadores o iniciarles procesos administrativos. Por el contrario, el secretario de Servicios Parlamentarios, quien depende de la Secretaría General de la Cámara de Diputados, que ocupa Graciela Báez Ricardez, y que en su momento fue promovido para ese cargo por el diputado morenista Sergio Gutiérrez Luna, aprovecha esa situación para colocar en puestos directivos y de investigación a personas cercanas e incondicionales a él, aunque no cumplan con el perfil para esos puestos.

Un comparativo elaborado por investigadores que trabajaron en el CIDEP, fechado en octubre de 2022 y en poder de esta columna, documenta un gran número de casos de plagio en artículos, estudios y publicaciones editadas por ese Centro legislativo. Por ejemplo, en el número 129 de la Revista Quorum Legislativo de la Cámara de Diputados, de marzo de 2020, se publica el artículo “Ley Nacional de Extinción de Dominio, entre el combate al narcotráfico y el ejercicio de los derechos humanos. Una mirada desde la criminología crítica”, que firma Saúl Pérez Trinida, investigador del CIDEP.

En su introducción, el artículo de la citada revista dice textual: “En esta ley se estableció la figura del arraigo –que en 2008 fue elevada a rango constitucional— para permitir la detención y privación de la libertad de una persona hasta por 80 días, sin ninguna acusación, orden de aprehensión o sin haber sido detenida por cometer un delito en flagrancia”. Pero en una publicación del Transnational Institute (TNI) un think thank internacional con sede en Amsterdam dedicado a la investigación política, se publicó un estudio el 30 de agosto de 2014, sobre esa misma Ley, del que el investigador de la Cámara de Diputados mexicana, plagió textual ese párrafo sin citar la fuente: “Esta Ley también estableció la figura del arraigo, que en 2008 fue incorporada a la Constitución. El arraigo permite la detención y privación de la libertad de una persona hasta por 80 días, sin ninguna acusación, orden de aprehensión o sin haber sido detenida por cometer un delito en flagrancia”.

El mismo investigador en ese artículo, plagió también unas líneas de un artículo publicado en la revista “Saskab” del Ideaz Institute de Viena y firmado por Maribel Lozano Cortés. El artículo del CIDEP dice: “El objeto a estudiar no son las causas que originan las conductas desviadas, sino la descripción de los procesos sociales (ambiente social) a través de los cuales se va a calificar a esa conducta criminal”. Y textual en el artículo de la revista, publicado en 2003, se puede leer: “el objeto a estudiar ya no son las causas que originan la conducta, sino la descripción de los procesos sociales a través de los cuales se va a calificar esa conducta como criminal”.

Más adelante el artículo del centro legislativo toma citas y párrafos textuales del libro “Criminología Crítica y Crítica del Derecho Penal, de Alessandro Baratta, editado por Siglo XXI Editores, en Argentina, del que plagia entre otros este párrafo: “En el realismo las medidas utilizadas en el conflicto están en relación directa con el grado de 'refinamiento' de los violadores de la norma. Cuanto menos 'refinados', tanto más fácilmente ejecutan medidas no realistas que tienen por eso consecuencias ventajosas para ellos, y tanto mayor es la probabilidad de criminalización. De este modo se ´explican´ las diferentes tasas de criminalidad que presentan los diversos grupos o los diversos estratos sociales”. El mismo párrafo, con la misma redacción incluidas las palabras entrecomilladas, aparece en el mencionado libro de Alessandro Baratta.

El mismo investigador incurre en otro plagio en el número 127 de Quorum Legislativo de septiembre de 2019. En su artículo “La perspectiva de género y el proceso legislativo”, Saúl Pérez Trinidad se autoplagia tomando textual una cita de su tesis para titularse como doctor en Derecho por la UNAM en 2014. Pero también plagia un párrafo completo del estudio “Epistemología ética y género” publicado por Graciela Hierro en el sitio “la haine.org” de España, el 8 de marzo de 2013. El siguiente párrafo fue copiado del estudio de la académica española: “La perspectiva de género permite tener una visión crítica de las determinaciones sociales del rol impuesto y modificarlo junto con las instituciones que lo propician. No se trata de descubrir principios aplicables a todas las circunstancias y géneros, tampoco la comprensión ahistórica de una naturaleza femenina que puede ser usada como fundamento, más bien se intenta la comprensión profunda de la moralidad y los cambios que se anuncian o se presienten, llevan a visiones y perspectivas más deseables”. Sólo se molestó en cambiar un par de palabras.

Y para cerrar ese caso de plagio, que quedó impune en la Cámara de Diputados, en el mismo artículo de la revista legislativa de 2019, se robaron textual un párrafo del estudio “Feminismo, género y patriarcado” de Alda Facio y Lorena Fries, publicado en 2005 por la Revista sobre Enseñanza del Derecho, de Buenos Aires. Tal y como aparece en el estudio de Quorum Legislativo, se puede leer en el mencionado estudio de los académicos argentinos: “un instrumento transformador que desplace los actuales modelos sexuales, sociales, económicos y políticos, hacia una convivencia humana basada en la aceptación de otras personas”.

Ese es apenas un caso de plagio de varios más que fueron documentados por el detector de plagio aplicado por otros investigadores. En la próxima entrega documentaremos otros casos en los que aparece el mismo investigador Saúl Pérez Trinidad, pero también firma como coautor el director del Centro de Investigaciones en Derecho y Estudios Parlamentarios de la Cámara de Diputados, Juan Carlos Cervantes Gómez, que firma estudios y publicaciones que abiertamente son plagiarios de obras impresas y estudios académicos de varios países. Todo con la complacencia de sus superiores en la Cámara de Diputados, vinculados al partido Morena.