La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), a través de su vocero y negociador oficial Gregorio Gómez, expresa que la disidencia magisterial acepta la evaluación a los docentes, que la misma era prevista desde antes de la reforma educativa, por lo que los conceptos vertidos en la Constitución son aceptables. El punto para destrabar la empantanada negociación, señala, está en modificar las leyes reglamentarias para evitar que la evaluación se entienda como la mera aplicación de un examen y para que se incluyan consideraciones en torno a las distintas realidades educativas existentes de los estados del país.
El representante de la Sección 40 de Chiapas, una de las más relevantes en las protestas magisteriales 2016 (Oaxaca ha ido perdiendo peso paulatinamente y este fin de semana, un día después de la entrevista de Gómez con Crónica), comenta que estos son los dos puntos de apoyo para palanquear la negociación entre la CNTE y la autoridad federal y, finalmente, hacerla avanzar.
Desde lo profundo del plantón magisterial de la Ciudad de México, el químico expone los puntos de flexibilización que la CNTE puede poner sobre la mesa:
–¿Los artículos constitucionales son viables interpretándolo de otra manera?
–Sí, por supuesto. Se hablaba de evaluación antes de 2012, desde que se firma aquella alianza por la educación con Elba Esther. Se hablaba ya de evaluaciones al magisterio y el magisterio lo aceptaba. No es algo que nos sea ajeno o que digamos “no me quiero evaluar”.
Vamos a decirlo de manera coloquial (la reforma constitucional) se apechugó: si ya se modificó la constitución, ahora veamos cómo le damos viabilidad con una ley reglamentaria. De haberse tomado en cuanta a la CNTE y lo que el magisterio dijo en 8 foros nacionales (de 2013), no estaríamos entrampados como estamos. El haber participado en esos foros, exponer como queríamos la redacción de la Ley, era aceptar lo que se había puesto en la Constitución.
–Suena a que debería haber solución fácil de alcanzar si el problema son las leyes reglamentarias y no los preceptos en la Constitución. Y después de un evento traumático de Nochixtlán presionando... ¿por qué seguimos empantanados?
–Si no nos tomaron en cuenta al plantar la raíz en la Constitución y no nos tomaron en cuenta para las leyes reglamentarias, ¿por qué tendría que aceptar ambas? Cuando dijimos que nos permitieran opinar sobre la primera, nos dijeron que sí y hasta hoy no nos han dicho cuándo… Se cerró la puerta y a partir de allí la demanda es “no a la reforma educativa”. Al conocer la ley vimos que no tenía nada de educativa, es una ley que se ensaña con el maestro, nos hace trizas en cuanto a formación, capacitación, experiencia y la posibilidad de participar en el modelo de educación.
Es un “reciba instrucciones, maestro, siéntese, agarre su gis y yo voy a ver si usted sabe dar clases o no”.
Los parámetros, además, se fueron perfilando, en el incipiente Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, con una orientación de corte empresarial.
–De cara a una negociación, ¿qué significaría en este momento la demanda de derogación de la Reforma? ¿Estamos hablando de un bloque único e inflexible que incluye derogar lo que hay en la Constitución? ¿Y la flexibilidad de la CNTE?
–Nosotros estamos hablando de toda, tanto de cambio en los artículos constitucionales y por supuesto en las leyes reglamentarias. No sólo nos interesa la ley reglamentaria y sin embargo, aceptaríamos, si se nos permite, participar en la redacción de una nueva ley.
–¿El precepto general, constitucional, puede ser válido ajustando la ley?
–Por supuesto, pero es cómo se interpretó y se redactó. La redacción que hicieron es muy clara. Está mal redactado en términos del aspecto laboral, porque entonces no es reforma educativa, estamos haciendo la reforma a la relación laboral que es una cosa distinta. En las leyes que se aprobaron en ninguna habla de planes y programas (educativos), pero hacen una evaluación como de producto terminado, que fuese a salir al mercado en todo el país con una sola calidad.
La educación no es así. La educación debe contextualizarse a la diversidad, no existe un modelo de maestro único para todo el país.
–Para un maestro de Nuevo León o de la Delegación de la Ciudad de México, no suena descabellado someterse a la evaluación que se ha planteado, ¿cómo tomar en cuenta la realidad de Chiapas o Oaxaca sin perpetuar la diferencia entre la educación de un estado y otro?
–No es el asunto de la evaluación, se le ha dado una importancia excesiva y eso vino del lado del propio gobierno al decir que no nos queríamos evaluar. No es el asunto de la evaluación en sí, sino de qué se propone hacer con los resultados.
Yo y tú nos evaluamos, pero ¿qué hago con los resultados? Y no se habla de un proceso de formación si tienes una plaza con base definitiva y si vamos a ver que tengas un proceso de formación de lo que te haga falta. La ley dice que te dará una oportunidad, dos o tres. Si no las pasas, estás fuera…
Un investigador (Manuel Gil Antón) hizo además un comparativo para la reforma educativa: imaginemos un autobús, pasajeros y un chofer. Y le dicen al chófer que su obligación es llevar sana y salva a esa gente o tendrá problemas y, antes, le lo van a evaluar como chofer. Y se sacan un examen para chofer de Transportes Chihuahua, cuando el tipo va a transitar en un camino de la sierra de Puebla.
Como no pasó el examen, tienes problemas. Pero esperen, ¿le están pidiendo que suba al autobús como chofer y que le hable bonito a la gente? ¿Qué vaya de saco y corbata cual debe ser? Pero le dan un camión 68 con llantas parchadas y que saca humo a cada acelerón y me mandan por un camino de terracería, con árboles caídos en el camino… ¿y si no llegan sanos y salvos es el único responsable?
No se puede dar un buen servicio si lo que se da para trabajar no es lo adecuado. Las escuelas necesitan salones, baños, mobiliario…
–¿Cómo puede lograrse que estas preocupaciones permeen la negociación actual y la desatoren?
–Tres cosas, sin olvidar (que está incluida) la demanda de la abrogación o derogación de la reforma: Discutir la transformación de la educación pública en México y que el Gobierno pague todos los daños que ha ocasionado con la imposición de la reforma. Es eso lo que se presentó en las mesas.
El gobierno dice que abrogar una ley no es función del Ejecutivo. Nosotros no somos neófitos, pero no queremos que se haga una nueva ley educativa que esté desfasada del derecho a una educación verdaderamente pública, laica y gratuita.
Y de calidad, si se le quiere llamar así.
Es un proceso mucho muy amplio. Una vertiente es la ruta legislativa, para transformar la ley y la otra es la ruta pedagógica para que podamos transformar la educación.
–¿Tenemos algún avance en lo pedagógico?
–Presentan un modelo como ya es costumbre: seleccionas, copias y pegas.
Ellos dicen que participaron no sé cuántos miles de gentes en foros de 2014.
Yo puedo decirles que participamos en 8 foros nacionales como CNTE y que si hay vigencia de lo que hicieron en 2014, entonces tiene vigencia también lo que hicimos en 2013.
Deberíamos conjuntar y tener un solo trabajo, si los dos estamos luchando por el mismo objetivo, tenemos que jalar juntos, no podemos decir que uno jala más que otro si estamos hablando de una sola educación pública en el país.