Un juez federal le prohibió al Presidente Andrés Manuel López Obrador emitir expresiones con un discurso de odio que inciten a la confrontación, ataque o violencia contra los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) que participen en la marcha de mañana.
Al conceder una suspensión de plano a un grupo de 68 funcionarios judiciales, Gabriel Regis López, Juez Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en la CDMX, restringió las expresiones del Primer Mandatario y ordenó a la fuerza pública abstenerse de ejercer actos contra la integridad física de quienes acudan a la manifestación.
"En una sociedad democrática debe velarse porque se protejan los derechos humanos de todos los gobernados, mediante una sana convivencia, al margen de sus corrientes ideológicas o poder público al que pertenezca", instruyó el juzgador.
Esta suspensión fue notificada la mañana ayer en la lista de acuerdos y el juez dio un plazo de 24 horas para acatar su mandamiento, contadas a partir del momento en que -en este caso- el jefe del Ejecutivo Federal sea enterado formalmente de la resolución judicial.
En su conferencia de ayer, López Obrador insistió en que la marcha nacional convocada por trabajadores del PJF es para defender privilegios y que daba "pena ajena".
En su suspensión, el juez expone que la categoría de discurso de odio, con base en criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), es una expresión de menosprecio e insulto que generan sentimientos sociales de hostilidad contra personas o grupos específicos.
El impartidor de justicia también concedió la suspensión de plano para que la fuerza pública garantice el derecho a la manifestación de los empleados del PJF que participen en la marcha del domingo y no sean agredidos físicamente.
"Se concede de oficio la suspensión de plano, para el efecto de que las autoridades responsables se abstengan de inmediato de ejercer todo acto que tienda a vulnerar la integridad física de los miembros del PJF, y en general de quienes participen en la manifestación", dice el resolutivo.
Este viernes se registró el quinto día consecutivo de protestas en el PJF, con motivo de la extinción de 13 fideicomisos con 15 mil millones de pesos, acordada el pasado miércoles por la Cámara de Diputados.
Prácticamente todas las instalaciones de tribunales de circuito, juzgados de distrito y plenos regionales en el País se encuentran cerradas y sólo se atienden casos urgentes, sobre todo lo relacionado con plazos constitucionales, la calificación de detenciones o la situación jurídica de imputados.
PIDEN JUSTICIA
En el quinto día de movilizaciones, trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) se manifestaron en 19 estados para exigir el respeto a sus derechos laborales ante la eliminación de 13 de sus fideicomisos.
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