Mientras los trabajadores del Poder Judicial de la Federación confirmaron que su movilizazión en contra de la eliminación de fideicomisos que afectan sus prestaciones laborales va en serio y está tomando fuerza con las manifestaciones realizadas ayer en varias ciudades de la República, en la capital del país, el gobierno morenista de Martí Batres se confirmó también como un gobierno partidista, que concibe el uso del poder y hasta del espacio público citadino, con un enfoque patrimonialista en el que sólo sus manifestaciones son buenas y merecen todo el apoyo, acarreo y apropiación del espacio urbano, mientras a las protestas que se oponen al gobierno se les limitan los espacios, se les mandan granaderos o se les bloquean con vallas y muros de acero para que ni siquiera puedan llegar tranquilamente al Zócalo de la CDMX, que se supone la plaza pública por excelencia.

Podríamos decir, en términos llanos y directos, que mientras el movimiento laboral de los empleados del Poder Judicial federal enseñó el músculo ayer domingo, el señor Jefe de Gobierno, Martí Batres, enseñó el cobre. Porque ni siquiera sus vallas metálicas y sus muros de acero pudieron evitar que decenas de miles de trabajadores salieran a defender sus derechos y prestaciones; aunque la verdad del exceuísta Batres ya no sorprende nada en cuanto al trato que le da a los manifestantes opositores, porque fue él mismo quien en la pasada marcha ciudadana en defensa del INE, a la que los medios bautizaron como la “marea rosa” del 26 de febrero de este año, salió decir, desde su cargo de Secretario de Gobierno de la CDMX que estimaba la asistencia de personas a esa marcha “en unos 15 mil asistentes”. Fue tan burdo y tan poco serio el papel del secretario Batres en aquella ocasión, que hasta dentro del gobierno de Claudia Sheinbaum le reclamaron en su momento haber manejado esa cifra ridícula para tratar de minimizar y descalificar a aquella marcha ciudadana.

Lo que se vio ayer en las calles y avenidas de las principales ciudades del país es un aviso de que en el Poder Judicial no se quedarán de brazos cruzados ante lo que ellos califican de “un atraco” de Morena y de López Obrador para apropiarse de recursos que le pertenecen a ese poder constitucional del Estado, con el argumento demagógico de que todos los fideicomisos eliminados por los diputados morenistas y los 15 mil millones de pesos que admistraban eran para “privilegios y prebendas” de los ministros de la Corte.

La movilización nacional lograda por los distintos sindicatos que existen en las tres instancias que integran el Poder Judicial fue de casi 40 mil personas en más de 49 ciudades del país, de acuerdo con un informe elaborado por el Consejo de al Judicatura Federal, que midió las afluencias en las distintas marchas. Por ejemplo, en la Ciudad de México reportaron 6 mil personas; en Nuevo León 3000 asistentes; en Coahuila, 2,400; en Chiapas 2,385; en Jalisco 2000; en Guanajuato 1,870; en Guerrero 1650; en Puebla 1500, al igual que en Baja California, San Luis Potosí y Colima; en Chihuahua 1,450; en Veracruz 1230; Zacatecas e Hidalgo 1,200; Estado de México 1,175; Querétaro 1,100; Michoacán 1,050, Tamaulipas 1,035 y en el resto de las entidades menos de mil personas particuparon en las movilizaciones, según el reporte de la Judicatura.

Y quizás, como no llegaron a llenar el Zócalo, porque además los bloquearon y obstaculizaron desde el gobierno capitalino, los morenistas y el propio López Obrador se van a mofar de los números o descalificarán el esfuerzo de manifestación de los trabajadores judiciales diciéndo que fueron pocos y que no alcanzan el tamaño de las movilizaciones que convoca el presidente que abarrota el Zócalo con decenas de miles de personas acarreadas y traídas desde toda la República en camiones a los que sí se les entrega la ciudad y su espacio para estacionarse donde quieran, avenidas y vialidades primarias incluídas, con tal de que le llenen la plancha de concreto para aclamar al líder.

Pero aunque claramente estas movilizaciones no tuvieron los “apoyos”, “estímulos” o hasta “medios de transporte” pagados todos con dinero de los impuestos de los mexicanos, lo que vale de las marchas realizadas ayer por los trabajadores del Poder Judicial es que muestran a un Poder autónomo y consitucional que no se ha doblado ni se piensa doblar ante el presidente, por más que eso le cueste ataques, descalificaciones, venganzas y hasta expresiones de odio por parte de López Obrador y sus diputados y senadores.

Y como siempre pasa en las comedias y en la vida, donde el que se ríe al último ríe mejor, lo más probable es que, vía las acciones de constitucionalidad y la lluvia de amparos que llegarán a los juzgados, tribunales y hasta la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, la  cuestionada eliminación de los fideicomisos y la apropiación de recursos que ordenó el presidente y que ejecutaron sin chistar sus genuflexos y serviles diputados, y muy seguramente también lo harán los senadores morenistas, terminará siendo revertida por la misma Corte que trató en vano de explicar y hacerles entender a los legisladores de Morena que parte de esos recursos, al menos tres fideicomisos de la Judicatura, sí era dinero que se destinaba a pagar prestaciones laborales de retiro, jubilación y préstamos de vivienda, entre otros derechos constitucionales.

Y entonces, como diría el célebre y querido filósofo de Ciudad Juárez: “!Pero qué necesidad!”, de que en pleno fin de sexenio el presidente López Obrador esté agitando cada vez más las aguas y sumando resentimientos y enemistades hacia su estilo de ejercer el poder, a los que a una larga lista ahora se suman los trabajadores del Poder Judicial federal, cuando al tabasqueño ya le queda menos de un año para irse a “La Chingada”, su conocido rancho en Palenque, Chiapas.

NOTAS INDISCRETAS…Y hablando de “La Chingada” hasta allá se fue la pomposamente llamada cumbre sobre Migración “Por una Vecindad Fraterna y con Bienestar”. Con la presencia de los dictadores Nicolás Maduro y Miguel Díaz Canel, de Venezuela y Cuba, el presidente de Colombia, Gustavo Pedro y la mandataria hondureña Xiomara Castro, además del primer Ministro de Haití, Jovenel Moïse, y cinco cancilleres y vicecancilleres que completaron la lista de 10 países convocados por López Obrador, la cumbre terminó siendo más un “encuentro de cuates y amigos populistas y dictadores” en la que los 13 compromisos signados por los mandatarios y representantes no aportan nada nuevo ni mucho menos efectivo para solucionar la grave y urgente crisis humanitaria y migratoria que vive la región y que padece especialmente México como la puerta de entrada a los Estados Unidos.

De hecho, con buenas intenciones como “promover el dialogo y acercamiento con Estados Unidos”, “abordar el problema migratorio desde los derechos humanos” o “lograr la autosuficiencia alimentaria” de los países afectados por la migración, todo terminó en el descaro y el cinismo de los presidentes Díaz Canel y Maduro culpando a Estados Unidos de que aumente la migración indocumentada en sus países, por “el embargo económico” en el caso de la isla y “por restricciones comerciales absurdas”, según se autojustificó el dictador de Venezuela. Es decir, que López Obrador trajo a sus amigos dictadores a México y los llevo a “La Chingada” para que desde ahí le echaran toda la culpa a Washington mientras ellos se lavan las manos de sus fallidas e inexistentes políticas económicas, la corrupción que impera en sus élites de gobierno y la opresión y persecución de los derechos humanos básicos que cometen en contra de sus ciudadanos.

Qué tan absurda resultó la dichosa cumbre de Palenque y sus propuestas, que la canciller Alicia Bárcena terminó proponiendo “los programas sociales de la 4T” como Sembrando Vida o Jóvenes Construyendo el futuro como una medida que deben implementar los países de la región para frenar la migración. Seguro nadie le ha dicho a la canciller, y si se lo han dicho prefiere ignorarlo, que en los últimos tres años todos los indicadores señalan que se disparó y aumentó de nuevo la migración de mexicanos a Estados Unidos, después de años de que iba en descenso, y que además de los migrantes que huyen de México por falta de empleo bien pagado, ahora también están tratando de irse a Estados Unidos los expulsados por la violencia del narcotráfico e incluso, el dato que dio ONU-Migrantes este año, que hasta a crecido el número de mexicanos con estudios universitarios y de posgrado que buscan emigrar a los Estados Unidos.

Si esa es la propuesta de solución, está claro que seguiremos viendo llegar las olas de migrantes de centro, Sudamérica y El Caribe…Y hablando de Chiapas, las cosas se calientan en el proceso interno de Morena y a unos días de que se defina el nombre del candidato o la candidata de ese partido a la gubernatura, el senador Eduardo Ramírez volvió a mandar señales de que si la postulación de su partido se define por género y recae, como todo apunta, en la senadora morenista Sasil de León, él podría terminar yéndose a otro partido. El tema para Morena, más allá de lo que decida hacer el senador, es que es él quien está en el primer lugar de todas las encuestas y su postulación por cualquier otro partido o frente, pondría en serio riesgo al morenismo de perder la entidad chiapaneca.

Una fuente cercana al llamado “Jaguar Negro” nos asegura que el coordinador de los senadores morenistas llegó al movimiento de transformación arropado por miles de hombres y mujeres chiapanecos, mismos que han continuado con los trabajos en cada uno de los municipios y distritos y recientemente mostraron músculo en una concentración masiva en Comitán. Y que “con ese capital político Ramírez Aguilar tendría las puertas abiertas de la oposición”, por lo que ya se ve venir su renuncia a Morena. A ver si don Eduardo no termina “amarcelándose”… Y a propósito de morenistas, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, rendirá esta semana su Segundo Informe de Gobierno.

A tiros y tirones y enfrentando la fuerte crisis de seguridad en su estado, la mandataria a la que muchos descalificaron por ser hija del senador Félix Salgado y haber llegado a la candidatura en sustitución de su padre, informará de un segundo año en el que su administración ha puesto el acento en los programas sociales y, según las cifras que presentará, haber reducido hasta en 6 puntos porcentuales la pobreza en su estado con respecto a las cifras del 2020. Según los datos que informará la gobernadora, 189,874 personas habitantes de Guerrero salieron de la pobreza, lo que significaría un logro histórico en una de las entidades con mayor pobreza y marginación en el país. Y no todo serán los programas sociales federales, que llegan a Guerrero, sino que se atribuirán los resultados también a programas estatales de bienestar y salud como "Programa Universal de Pensión", "Pensión Guerrero" y "Caravanas de la Salud" con 34,704 consultas médicas brindadas, entre otros servicios, así como inversiones significativas en infraestructura de salud, incluida la construcción de Clínicas de Hemodiálisis. Veremos pues los datos y cifras que presenta la gobernadora Evelyn en su segundo informe y si resisten el análisis externo…Los dados abren con Escalera Doble. Promete la semana.