Durante su paso por el Senado, Graco Ramírez gestionó la construcción de la Central de Ciclo Combinado Huexca (CCC) de la CFE como un proyecto que detonaría el desarrollo de la región oriente de Morelos, pues permitiría la instalación de más industrias y por tanto la generación de empleos. Bueno, al menos eso es lo que teóricamente se ha manejado durante los cuatro años anteriores. La CCC generará el equivalente al 80 por ciento de energía que se consume en el estado. La inversión programada por el gobierno federal para la infraestructura supera los 640 millones de dólares. Desde el inicio de su construcción en 2012, el proyecto tuvo detractores, agrupados allá y entonces en el Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra. Sin embargo, las autoridades estatales y representantes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) negociaron con habitantes de Huexca (municipio de Yecapixtla) y municipios aledaños, a quienes en contraparte se dotó de infraestructura: ampliación de redes eléctricas, canchas deportivas, casas ejidales, pavimentaciones y centros de salud, entre otras obras.
Fue así como arribamos a 2013. Cuando la CCC tenía más del 80 por ciento de avance, surgió Jorge Zapata González, supuesto nieto del caudillo suriano Emiliano Zapata, quien tomó como estandarte la defensa del agua y empujó a los ejidatarios de Anenecuilco (Ciudad Ayala) a interponer recursos jurídicos para evitar el uso del agua del río Apatlaco en el proceso de generación de energía. La aparición de Zapata en el tema de Huexca se dio dos años después de que perdió las elecciones como dirigente de la CNC-Morelos y luego de que quiso integrar su propio partido político. En 2014, gracias a la mediación del desaparecido ex diputado local perredista Ignacio Suárez Huape, Jorge Zapata conoció a la senadora michoacana Iris Vianey Mendoza. Fue así como el multicitado personaje comenzó a ganar reflectores, a pesar de que hubo quienes en determinados núcleos ejidales lo desconocían como nieto de mi general Emiliano Zapata. Por ahí circula su acta de nacimiento, donde se indica que no es originario de Morelos; y hoy forma parte del autoproclamado Frente Amplio Morelense (FAM). Es títere de Javier Sicilia, vocero del FAM.
El discurso inicial de Jorge Zapata, completamente sumado al conflicto, fue acompañado por Gregorio Cortes García, presidente del Comisariado Ejidal de Anenecuilco, ambos advirtiendo que no permitirían la violación a los derechos de los campesinos, así como la utilización del agua. Comenzó así un bloqueo en Ciudad Ayala para evitar la terminación del acueducto que llevaría agua residual tratada desde la planta de Cuautla hasta a la CCC. Entra entonces en escena el senador Fidel Demédicis Hidalgo, sumándose a la participación de Iris Vianey Mendoza. Este legislador ha encabezado la mayor agitación, no solo en San Pedro Apatlaco, donde controla a varios grupos, sino en toda la zona de Ciudad Ayala. Este domingo azuzó a habitantes de Apatlaco para agredir a pedradas a policías del Mando Único, pero su invitación a la violencia no fructificó. Quedó como chivo loco en cristalería.
Todas las veces que se ha reunido con núcleos campesinos de la región oriente, Demédicis les ha asegurado que le termoeléctrica no traerá ningún beneficio y sí les será disminuido el abasto de agua. Contrario a lo anterior, las autoridades estatales han reiterado que para la generación de energía la CCC de Huexca utilizará 245 litros por segundo de agua residual (tratada en la planta de Cuautla) y no agua del Río Cuautla como argumentan los inconformes. Por eso el gobierno de Morelos aceptó la resolución emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en relación al uso del agua del Río Cuautla. La decisión de ese órgano jurisdiccional está sincronizada con el compromiso que contrajo el gobierno con los usuarios del Río Cuautla desde el inicio del proyecto, a fin de no afectar el caudal del afluente. Existe un presunto convenio de la CFE con ASURCO (Usuarios del Río Cuautla) para pagarles 2 millones de pesos mensuales, en tanto otra cantidad igual se dividirá entre los ejidos por donde pasará la tubería. La frecuente aparición de liderazgos en San Pedro Apatlaco propició la violencia hace unos días, pues hasta los vándalos al servicio de Jorge Zapata quieren una rebanada del pastel.
Muchas veces, Juan Carlos Valencia Vargas, titular de la Comisión del Agua del Estado de Morelos (Ceagua), ha explicado a todos los involucrados que, sin disponerse del agua del Río Cuautla, el gobierno y la CFE implementarán el programa “Agua por Agua”, consistente en reponer cada litro de líquido utilizado para la producción de energía. Para cumplir con este programa, ambas instancias se comprometieron a trabajar en tres acciones básicas: rehabilitar canales, construir redes de drenaje para llevar más agua a las plantas de tratamiento y perforar pozos. Además la CFE pagará 5 pesos con 75 centavos por cada litro de agua que se use en el posicionamiento. La CCC usará solamente 245 litros por segundo y regresará 68. Hay un uso de 7.72 millones de metros cúbicos de agua. ASURCO tiene concesionados 247.5 millones de metros cúbicos. En el Estado se usan para el riego 893 millones de metros cúbicos al año, lo que equivale a 28 mil 336 litros por segundo, por lo que, según estimaciones de la Ceagua, no habrá impacto significativo. Etcétera, etcétera. Concluiré mencionando a otro personaje, de nombre Uri Olivares Adame, asesor legal de los inconformes, quien antes de interponer el recurso de amparo, solicitó a las autoridades estatales la friolera de cinco millones de pesos que se destinarían a “obras” en la región. Ni el gobierno estatal ni la CFE aceptaron pagar un centavo más. Seguiremos atentos y diciendo.
Cambiemos de frecuencia. La “consulta ciudadana” programada ayer por la UAEM para volver a presionar al gobernador Graco Ramírez, bajo directrices del rector Vera y Javier Sicilia, hizo agua. Ese ejercicio ha sido confundido con el referéndum, el plebiscito y la revocación de mandato, figura inexistente en Morelos. En papel membretado de la UAEM se difundió que la consulta se realizará en fecha próxima, mientras la mañana de ayer Javier Sicilia dio pormenores sobre el aplazamiento durante una conferencia de prensa desarrollada en el plantón del FAM a un costado del Palacio de Gobierno. Es importante subrayar que una consulta parecida ya la realizó la Coordinadora de Movimientos Ciudadanos (CMMC) y nada pasó, pues estos ejercicios carecen de calidad vinculatoria. No tienen validez jurídica y es difícil que consigan presionar políticamente. Tiempo, dinero y esfuerzo desperdiciados.
Y mientras los guías espirituales del FAM estaban entretenidos en cómo posponer la mentada consulta, en Tepoztlán se reunía la Junta Política y de Gobierno del Congreso local con Luis Maldonado, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, de la cual depende la Auditoría Superior de la Federación. No asistió el titular de la ASF, Juan Manuel Portal, pero envió a dos representantes suyos. Ahí se confirmó que las observaciones a la cuenta pública de la UAEM 2014 fueron resarcitorias y se abrieron denuncias penales ante la PGR. Ojo: resarcitorias significa que la institución debe devolver dinero malversado. Usted tendrá mayores pormenores en nuestra edición de hoy, pero se volvió a mencionar la cifra de 430 millones de pesos, con delitos de lavado de dinero, fraude procesal, simulación de actos administrativos y defraudación fiscal. En concreto: el rector y su círculo rojo tienen un grave problema ante la ley y por eso se niegan a cualquier investigación. La “defensa de la autonomía universitaria” es una mascarada. A ver.
Durante su participación en la sesión inicial del periodo de sesiones del Congreso, el diputado aliancista Francisco Santillán puso el dedo en una llaga que podrá ser dolorosa para los funcionarios del gabinete, pero que resulta evidente: la falta de colaboradores capaces de sustentar y cobijar la figura del Gobernador. Con casi medio siglo de experiencia en la cosa política, y la mayoría de esos años metido en el fragor de las batallas del Congreso Federal, me queda claro que Graco Ramírez es un guerrero. Sin embargo, el mandatario ha venido cargando solo el peso de las decisiones y los problemas de la entidad, de tal suerte que hoy los mejores aliados parecen encontrarse en una esfera oficialmente ajena: el Congreso del Estado.
La intensidad de la pelea por el control del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC), muestra que es grande el botín económico implícito. Por un lado la Junta de Gobierno de ese organismo supuestamente independiente del Ayuntamiento, designó a José Casas González como titular y le tomó protesta de ley, pero por otro el edil Cuauhtémoc Blanco respalda la permanencia de José Pérez Torres como encargado de despacho. El asunto llevará a otro galimatías jurídico de los muchos que ya enfrenta la administración municipal, luego de que Casas fuera aprehendido de manera por lo menos polémica. Jorge Casas, el padre de José, sostiene que fue detenido sin mediar orden de aprehensión, mientras su abogado Enrique Paredes Sotelo advierte que al capturarlo, elementos del Mando Único pidieron instrucciones vía telefónica sobre qué hacer con él e inquiriendo si debían matarlo (esto es una absoluta jalada del abogado). En el fondo del asunto se encuentra Roberto Yáñez Moreno, ex secretario del Ayuntamiento, quien desde fuera sigue manipulando a la síndico Denisse Arizmendi, convertida ya en ariete opositor de los hermanos Yáñez dentro del Cabildo. La fémina fue quien convalidó la designación de Casas al frente del SAPAC. Y como suele suceder en este tipo de conflictos, su esencia es económica.