"La Comisión de la Verdad se integró claramente con el fin de alejar la verdad... Qué mal que haya intentado distorsionar la verdad... aunque sin éxito, porque las pruebas son las pruebas".
Luis de la Barreda Solórzano
No sé si Alejandro Encinas dimitió por cansancio, como Jesús Murillo Karam cuando declaró "Ya me cansé", o si le pidieron la renuncia. El hecho es que el 19 de octubre dejó la Subsecretaría de Derechos Humanos y la presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa. Su salida está marcada por el fracaso, el cual se ratifica por los informes que dejó y el "adendum" que añadió en vísperas de la renuncia. No pudo o no quiso aceptar la verdad del caso.
El problema es que la verdad histórica o jurídica es testaruda. Si bien Encinas y el exfiscal especial, Omar Gómez Trejo, hicieron todo lo posible por descalificar las investigaciones de Murillo Karam, a quien encarcelaron, y de Tomás Zerón, sobre quien pesa una orden de aprehensión, sus propias investigaciones apuntan a las mismas conclusiones. Los normalistas de Ayotzinapa fueron secuestrados por policías municipales, entregados al grupo criminal Guerreros Unidos, ejecutados y quemados en el basurero municipal de Cocula. Sí, es la verdad histórica.
La adenda del 17 de octubre no revela nada nuevo. Señala que la Secretaría de la Defensa hacía seguimientos con anterioridad a diferentes objetivos de los grupos delictivos, que había "órganos de búsqueda de información (OBI)" que realizaban labores de espionaje, que un estudiante desaparecido actuaba como OBI, que "todas las autoridades estaban enteradas de lo que estaba sucediendo los días 26 y 27 de septiembre de 2014" y que "se confirma que el ejército tuvo conocimiento de lo que estaba sucediendo". Todo esto se sabía con anterioridad.
Omar Gómez Trejo, quien compartió con Encinas la responsabilidad del caso, fue nombrado fiscal especial en 2019. Sus prejuicios no eran un misterio. Había sido secretario técnico del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que no se interesaba en dilucidar lo sucedido en la noche de Iguala, sino en culpar al Estado mexicano y al Ejército.
Si se hubieran presentado pruebas de que el presidente Enrique Peña Nieto ordenó una operación para secuestrar y asesinar a los normalistas de Ayotzinapa, con la complicidad de policías federales y estatales, el Ejército y la PGR, todos habríamos aplaudido la investigación. Las pruebas, sin embargo, han ratificado una y otra vez la verdad histórica.
Lo único que lograron Gómez Trejo y Encinas fue liberar a los secuestradores y asesinos confesos de los normalistas y otras personas con el argumento de que habían sido torturados. La CNDH, en su recomendación de noviembre de 2018, cuando todavía era independiente, solo encontró indicios de tortura en nueve casos. Como Gómez Trejo mantenía que las confesiones habían sido arrancadas por "tortura generalizada", nunca presentó ante los tribunales documentación de los protocolos de Estambul que habrían demostrado que muchos acusados no habían sido torturados. Tampoco presentó pruebas supervenientes, que las había, que habrían demostrado la responsabilidad de los detenidos con hechos independientes de las confesiones. Se negó también a aceptar la recomendación de la CNDH para enviar 114 restos humanos hallados en el basurero de Cocula a Innsbruck para ser analizados genéticamente. Sabía que, si se demostraba que eran de los normalistas, se confirmaría la verdad histórica.
Si algo lograron Encinas y Gómez Trejo fue liberar a los responsables del crimen de Iguala. Enfocaron todos sus esfuerzos, en una perversa lógica, a encarcelar a los investigadores que habían detenido a los responsables. Lejos de buscar una nueva verdad, o de ratificar la que ya existía, la enturbiaron toda.
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