Con la renuncia de los integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos cabe esperar que la irresponsable titular, Rosario Piedra Ibarra, vuelva a aprovechar que no le quede nadie por “consultar” para continuar chatarrizando y amoldando la institución a sus caprichos facciosos.

Eso hizo en la etapa inicial de su desastrosa gestión, cuando le renunciaron nueve consejeros y sobrevivió una sola: Rosy Laura Castellanos, quien solita ella, de manera por completo indebida e ilegal, le “aprobó” a Piedra inconstitucionales reformas a la reglamentación de la CNDH y fue recompensada con la titularidad del Centro Nacional de Derechos Humanos.

“Considerando que nuestra presencia parece solamente legitimar algunas arbitrariedades, interpretaciones sesgadas y decisiones unilaterales de la presidenta de la CNDH, decidimos de manera unánime renunciar a este honroso encargo”, dicen en su carta Tania Espinosa Sánchez, Adalberto Méndez López, Bernardo Romero Vázquez, Jorge Alejandro Saavedra López, Ángel Trinidad Zaldívar y Georgina Diédhiou Bello.

La reacción de la señora fue negar la legitimidad de las renuncias y asegurar que los ex consejeros, “incumpliendo sus responsabilidades, solo han hecho una labor obstruccionista al trabajo que venimos desempeñando en defensa de los derechos del pueblo…”.

Atención: la CNDH no está para defender “los derechos del pueblo”, sino de las víctimas violadas en sus derechos por servidores públicos.

Entre los cambios que Piedra impuso en la Comisión se encuentra el parche artículo 108 Bis, que la faculta para reabrir una investigación ya concluida y emitir una nueva Recomendación.

Modificó a su antojo la normatividad, otorgándose facultades que no le corresponden y contrarían los principios que rigen la actuación del organismo.

Fueron esos cambios los que le permitieron, entre otras aberraciones, emprender acciones que le estaban prohibidas, como la reapertura de un expediente de Queja sobre el que ya existía de una Recomendación oficial.

Con tal argucia, dispuso ilegalmente la reapertura del expediente del caso Iguala, cuando lo que debió hacer era exigir el cumplimiento de la Recomendación de noviembre de 2018, haciéndose cómplice de un acto criminal: que no se cumpliera la propuesta a remitir a la Universidad de Innsbruck 114 restos óseos para su análisis genético, lo que permitiría reconfirmar el destino final de los normalistas de Ayotzinapa.

La soberbia de la señora le hace sostener que “la renuncia de las seis personas que fungieron como consejeras no coloca a la CNDH ante ninguna crisis”.

Su estulticia le impide reconocer que la crisis de la CNDH comenzó desde que asumió ese cargo, pese a que cuando compareció ante el Senado para ser examinada y evaluada (paso previo a su designación) mostró tan supina ignorancia que la única explicación de que haya trepado a la presidencia de la CNDH es su abyecta y sectaria incondicionalidad al gobierno de la 4T.