"¡Solo hay obediencia o la iglesia arderá como arde el infierno!".
Arthur Miller, Las brujas de Salem
Es más que una simple venganza. Sí, el presidente López Obrador quiere castigar a los ministros de la Suprema Corte por no haber votado conforme a sus instrucciones, pero la sanción no los afectará a ellos. Los 13 fideicomisos que el Congreso está extinguiendo no tienen nada que ver con las remuneraciones de los ministros, cuyas pensiones se pagan directamente del presupuesto. El tema de fondo es aumentar el poder presidencial.
Hay mucho que reformar en el Poder Judicial. Los procesos legales en nuestro país son tortuosos y burocráticos, se definen muchas veces por la forma y no por el fondo, pero esto no es responsabilidad de los ministros, magistrados o jueces, sino de leyes mal hechas, complejas y a veces contradictorias. Los legisladores oficialistas no se preocupan por eliminar los obstáculos que impiden una mejor impartición de justicia, simplemente obedecen las órdenes del Presidente de castigar a los ministros por la independencia de sus fallos.
Ayer AMLO cuestionó en su mañanera que la ministra presidenta Norma Piña pudiera acudir al Senado para explicar los fideicomisos. Por eso el senador Eduardo Ramírez, presidente de la Jucopo, le retiró la invitación: "Pienso que no hace falta -dijo López Obrador- y que es más espectáculo y puede significar falta de respeto a quienes asisten... ¿Para qué van a ir a dimes y diretes al Senado? No, no, no, que expliquen por qué ganan 700 mil pesos... ¿Por qué nunca se castiga a jueces, magistrados y ministros por corrupción?... ¿Por qué se contrató para el manejo de la oficina de la presidencia de la Corte a un hombre de absoluta confianza de García Luna?". Y así continuó.
La verdad es que no son preguntas difíciles de contestar. Los ministros ganan 206,948 pesos netos mensuales sin prestaciones y 284,500 con prestaciones. Muchos jueces y magistrados han sido castigados por corrupción. Ricardo Márquez Blas, coordinador de fortalecimiento institucional de la Corte, es un especialista en seguridad pública e infraestructura tecnológica que no tiene ninguna acusación en su contra.
Arturo Zaldívar, el expresidente de la Corte cercano a AMLO, hizo una reforma judicial en 2021 que afirmó era la más importante en 30 años. Le dio al Poder Judicial, dijo, los instrumentos para combatir "la corrupción, el nepotismo, el acoso sexual y la violencia de género". Creó "un perfil diferente" de juzgadores "más sensibles, modernos, comprometidos con la gente" y "una defensoría pública que llegue a todos los rincones del país para defender a la gente más pobre". En diciembre de 2021 declaró: "Puedo afirmar, categóricamente, que en el Poder Judicial de la Federación ya no hay corrupción tolerada ni institucionalizada, ya no hay corrupción avalada o auspiciada desde arriba. Los casos que existen son aislados y no obedecen más a la existencia de mafias de corrupción que operaban desde dentro".
López Obrador alabó la reforma, pero dijo que solo Zaldívar podría aplicarla. Por eso trató de ampliar su mandato, que concluía en 2022. Después de unas dudas iniciales, Zaldívar rechazó buscar la ampliación, que muchos juristas consideraban ilegal.
AMLO ya ha olvidado su actitud positiva ante la reforma. Busca no quién se la hizo, sino quién se la pague. El problema no es, ni siquiera, que los ministros hayan declarado inconstitucionales varias de sus reformas; él sabía que no podía ser de otra manera porque él mismo ordenó que se violaran los procedimientos parlamentarios. Su objetivo hoy no es realmente extinguir 13 fideicomisos, sino tener una Corte y un Poder Judicial completamente obedientes a las órdenes del "Señor Presidente".
· BÚSQUEDA
Dicen que hubo consulta pública, pero nadie se enteró. El gobierno ha nombrado ahora como titular de la Comisión Nacional de Búsqueda a Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, sin experiencia en el tema. Una vez más AMLO demuestra su falta de sensibilidad ante la tragedia de los desaparecidos y de las madres buscadoras.
