Mientras la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, se retrataba feliz con gobernadores de Morena para seguir impulsando “una agenda de trabajo centrada en el bienestar del pueblo”, el secretario de seguridad y el director de la policía de Coyuca de Benítez eran asesinados al lado de 11 agentes en la comunidad del Papayo.

“Ya se está atendiendo”, diría más tarde el presidente López Obrador en los escasos minutos que el día de ayer dedicó en su “mañanera” a la masacre.

Los funcionarios, sus escoltas y los agentes municipales habían sido atraídos a un paraje de la carretera Acapulco-Zihuatanejo por el reporte de un supuesto tiroteo.

Alfredo Alonso López y Honorio Salinas Garay, y cuatro escoltas, fueron ejecutados por gatilleros que al parecer formaba parte de un convoy. Los otros siete agentes, entre los que se hallaban dos mujeres, fueron esposados y conducidos a medio kilómetro del lugar.

Sus cuerpos aparecieron bocabajo, algunos de ellos amontonados, tirados sobre la arena.

El secretario Alfredo Alonso López llevaba solo unos meses en el cargo. Había sustituido a Gabriel Borja Padilla, funcionario que el 1º de diciembre de 2022 sufrió un ataque a balazos en el tramo Bajos del Ejido de la carretera Acapulco-Zihuatanejo.

En aquella ocasión, los escoltas de Borja Padilla lograron contestar el fuego. Su chofer logró acelerar hasta un retén militar que se encontraba a dos kilómetros de distancia. El secretario resultó herido y su vehículo presentó siete impactos de bala, calibre .223 y 38 Súper.

Los agentes bajo su mando habían exigido su destitución meses atrás, acusándolo de malos tratos y nepotismo.

Tras el atentado Borja Padilla renunció al cargo y entregó una misteriosa carta en la que alegaba que había decidido “consolidar valores personales y profesionales como la honestidad y el servicio a la patria”.

Por su parte, el director de seguridad Honorio Salinas Garay había sustituido a Román Soto Gatica, quien solo permaneció en el cargo durante cinco meses y renunció el 15 de junio de 2022 para hacerse cargo de la seguridad personal del alcalde morenista Ossiel Pacheco Salas.

Cuatro días después de su renuncia, Soto Gatica fue ejecutado, también en la comunidad de Bajos del Ejido, mientras circulaba de madrugada en un Nissan color gris.

Tras la masacre ocurrida en El Papayo, en la que dos funcionarios y once policías fueron ejecutados, el vicefiscal del estado, Gabriel Alejandro Mendoza, sostuvo, sin embargo, que no existían reportes que hicieran pensar “en una situación de amenaza a los servidores públicos del municipio”.

Al mismo tiempo, la Fiscalía General del Estado ordenó a su personal administrativo en la región de Tierra Caliente que no se presente a trabajar “hasta nueva orden”.

No hay violencia comparable a la que hoy sacude al estado de Guerrero. El delegado de la Fiscalía General de la República en el estado fue asesinado en septiembre pasado a las puertas de su oficina. Tres días antes un comando había sacado de su propia casa al recién nombrado fiscal regional en Tierra Caliente, el teniente coronel Víctor Manuel Salas, cuyo cuerpo apareció cinco horas más tarde con más de 50 impactos en la carretera Coyuca de Catalán-Zirándaro.

En los mismos días, un comando desarmó a un grupo de agentes ministeriales y se llevó a la agente del ministerio público Patricia Salgado, a quien se había nombrado hacía dos semanas. La funcionaria fue liberada 24 horas más tarde y no se dio explicación alguna sobre lo ocurrido.

Ese mismo mes ejecutaron en Iguala a un primo político de la gobernadora Salgado (que había estado al frente de la Policía Preventiva cuando Félix Salgado Macedonio, padre de la mandataria, fue alcalde de Acapulco).

Una semana antes habían ejecutado en la Autopista del Sol al empresario José Fuentes Brito, tío de la pareja sentimental de la gobernadora, Rubén Hernández Fuentes, quien funge, al mismo tiempo, como su jefe de oficina.

El exsecretario Alfredo Alonso López, asesinado con 12 elementos más en El Papayo, era también un personaje cercano a la gobernadora: según reportes de seguridad, el funcionario asesinado fue familiar de Joaquín Alonso Piedra, expareja de Evelyn Salgado e hijo de Joaquín Alonso Piedra, El Abulón, acusado de lavar dinero para la organización de los Beltrán Leyva.

Guerrero está cada vez más desgarrado por la violencia y cada vez es más dramática la situación que se vive en sus ciudades y sus comunidades. Al mismo tiempo, cada vez es más inobjetable el avance criminal, y cada vez se hace más claro el contubernio de sus autoridades.

Pero no hay que preocuparse. “Ya se está atendiendo”.