Contra su costumbre y por primera vez desde que inició su guerra, el presidente López Obrador le tendió ayer al Poder Judicial de la Federación un puente de negociación.
Propone que ceda los fideicomisos a cambio de obtener íntegro el presupuesto que solicita para 2024.
Atribuyó a sus legisladores la insensata iniciativa de lanzarse contra el PJF:
“Ya decidió el Poder Legislativo que esos fideicomisos son un abuso, es un fondo de privilegiados y que ese dinero puede utilizarse en beneficio del pueblo…”.
Con falsa modestia, contó:
“Yo pienso, una opinión, que ese dinero se tiene que regresar a la Federación, se cancela el (sic) fideicomiso, y los 15 mil millones vienen a la Tesorería para que el Ejecutivo los aplique en beneficio del pueblo. ¿Qué les propongo? Un acuerdo: que se destinen los 15 mil millones a apoyar a los damnificados de Acapulco y que ellos formen parte del comité que va a vigilar la aplicación de los fondos…”.
Sin insultos, formuló así la seductora proposición:
“Ellos están solicitando 84 mil millones de pesos de presupuesto para el año próximo. Entonces, que se les autorice su presupuesto. Es una propuesta (…). Que se haga un acuerdo conjunto para que ese dinero vaya a los damnificados, Poder Judicial, Ejecutivo y Legislativo…”.
Tan atractiva resultó la oferta (mejor un mal arreglo que un buen pleito), que la ministra Norma Lucía Piña Hernández le dirigió en seguida una respetuosa carta:
“La propuesta que se hace desde el Poder Ejecutivo al Poder Judicial representa una alternativa real que nos permitirá actuar como Estado en defensa de su población (…).Quedo en espera de la definición del canal institucional para dialogar los términos con la finalidad de concretar la propuesta en cuestión”.
O sea, la señora está dispuesta a lograr un acuerdo, y lo único en que no cederá es en afectar los derechos de los 45 mil trabajadores que figuran en seis de los 13 fideicomisos (aunque los que representan mayor gasto se contemplan en el presupuesto anual que el oficialismo pretendía recortar).
De llegar a un acuerdo, razonó el presidente, se evitarían los litigios que terminarían en la Suprema Corte (y casi seguramente perdería López Obrador):
“Tendríamos que esperar a que se publique la Ley de Ingresos, el presupuesto, y luego ver si no va a haber controversia, pero ellos podrían decir (ante su propuesta): ‘Estamos de acuerdo’, porque no les afecta en su presupuesto”.
Galimático, dijo que los legisladores “tienen la obligación de cuidar el prestigio de la institución de la que dependen o la institución que representan. No pueden deteriorar tanto la imagen del Poder Judicial, de la Suprema Corte de Justicia…”.
Ni un peso del presupuesto solicitado iría a los fideicomisos, pero escamotearle 15 mil millones de pesos a lo que requiere asfixiaría al PJF.
Para efectos prácticos y de operación, a la ministra Piña le interesan más los recursos presupuestales suficientes que perder los fideicomisos de la ira…