La lucha por la Rectoría
El próximo 17 de noviembre habrá una nueva cara en la Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México, una de las universidades más importantes del mundo y la de mayor matrícula en América Latina, y por décadas microcosmos nacional y termómetro de pasiones políticas que en ocasiones, como en 1968, definieron la Presidencia de la República. La elección de quién la encabezará por los próximos cuatro años será delicada porque se atraviesan variables externas que inciden en la vida interna de la institución y generará, sin importar quién despache en Palacio Nacional, probables periodos de turbulencia.
A partir de hoy comenzará sus deliberaciones la Junta de Gobierno, un órgano fundamental en la vida universitaria desde hace 78 años, que entre sus funciones se encuentra la de nombrar rector de la UNAM. Los 15 miembros de la junta entrarán en este cónclave una semana después de haber entrevistado a las 10 personas que aspiran a la Rectoría. El cabildeo de varias partes ha sido intenso, pero nadie sabe realmente hacia dónde mirará la Junta de Gobierno, ni cuáles serán sus ponderaciones. Sin embargo, podría argumentarse que habrá consideraciones adicionales a las académicas, las políticas, porque el entorno lo obliga.
Si gana Claudia Sheinbaum la elección presidencial, como sugieren todas las encuestas en la actualidad, ¿qué tipo de interlocución se requerirá, sabiendo que ningún otro presidente que estudió en la UNAM conoce como ella la institución, al haber hecho una larga vida académica en sus aulas? Si, por el contrario, ganara Xóchitl Gálvez, también egresada de la UNAM, el país entraría con toda seguridad en un periodo de inestabilidad provocada por el Presidente y también puma, Andrés Manuel López Obrador –si es que una derrota de su proyecto en las urnas no lo impulsa a provocar una crisis constitucional–, que nos tiene acostumbrados a que cada vez que las cosas no salen como quiere, inicia una rebelión social que se galvaniza en la Ciudad de México.
Un punto fundamental que posiblemente se verá en la Junta de Gobierno es si están dispuestos a elegir a un rector o rectora de sólo un periodo, porque tres de quienes aspiran, Luis Álvarez Icaza (67 años), secretario administrativo; Raúl Contreras (67 años), director de la Facultad de Derecho, y Patricia Dávila (69 años), secretaria de Desarrollo Institucional, serían de un solo periodo porque cumplirán 70 años durante su mandato de cuatro años. La duda es si la Junta de Gobierno apostaría por un perfil que por edad no podría reelegirse y entrar en un nuevo proceso interno que coincidiría con el proceso de revocación de mandato de la próxima presidenta.
Sin importar quién gane la Presidencia, López Obrador estará observando la gestión de la próxima mandataria, con la amenaza permanente –por eso impulsó constitucionalmente el instrumento de la revocación– de actuar en su contra si no mantiene las líneas generales de gobierno que consolide lo que llama su legado histórico. Sólo un mentiroso o un ingenuo pude decir que esta afirmación es mera especulación y que López Obrador, como ha dicho reiteradamente, una vez que termine su mandato y deje el poder, se retirará de la política.
La bolsa de aspirantes que revisará la Junta de Gobierno no tiene antecedentes por las peculiaridades del grupo. El perfil de las 10 candidaturas es tan ecléctico como lo es la integración de la Junta de Gobierno, donde 14 de sus 15 miembros fueron nombrados por el rector Enrique Graue, que contrasta con la tradición de que no más de seis de ellos fueran designados por el rector en turno. La única persona que no nombró el rector es Gina Zabludovsky, que preside la Junta de Gobierno.
En el grupo de aspirantes hay un inusual alto número que no salió de los espacios tradicionales de las candidaturas, como son las direcciones de institutos o directores de facultades. Manuel Ordorika, que es el único perfil de izquierda histórica entre los aspirantes, es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales, así como Guadalupe Valencia, que participa en el programa de Investigación en Ciencias Sociales y Literatura del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, y Sergio Alcocer, investigador del Instituto de Ingeniería.
Todavía más sorprendente es el número de funcionarios de la Rectoría que fueron incluidos en la lista final de aspirantes. Hay tres: Álvarez Icaza, Dávila y Leonardo Lomelín, secretario general de la UNAM, un cargo que ha tenido un gran peso político dentro de las consideraciones de la Junta de Gobierno por ser quien, en ocasiones incluso más que el rector en turno, conoce con mayor precisión el organismo que mueve a la institución, sus riesgos y antídotos.
Lomelín luce en papel como el favorito de todo el grupo, y es quien tiene el respaldo implícito de Sheinbaum, evidente por el trabajo de cabildeo que está haciendo a su favor Rosaura Ruiz, que fue directora de Ciencias hace casi ocho años y aspirante a la Rectoría, y tras su derrota se sumó al equipo de gobierno de la precandidata presidencial, como secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación. Ruiz dejó el gobierno de la Ciudad de México para regresar a la UNAM y hacer el trabajo de reconciliación de Sheinbaum con la comunidad científica, que ha sido muy agraviada por el gobierno de López Obrador.
Esa comunidad tiene en William Lee Alardín, coordinador de Investigación Científica, un candidato natural a la Rectoría, aunque su elección pudiera interpretarse como una respuesta directa a las agresiones y hostigamiento penal de los órganos represores del lopezobradorismo. ¿Apostaría la Junta de Gobierno por un candidato con ese perfil? ¿O predominarán las condiciones políticas exógenas en la decisión interna? Lomelín no sería el más experimentado para enfrentarlas. Alcocer y Germán Fajardo, director de la Facultad de Medicina, que han combinado la vida académica con el servicio público, tienen un mejor equipaje.
Es un misterio cómo actuarán los miembros de la Junta de Gobierno, cuya elección se dará en medio de la guerra desde el poder contra la UNAM y lo que representa.