El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por unanimidad, invalidó ayer las leyes anticorrupción de Chihuahua y Veracruz, las cuales fueron cuestionadas por los partidos de oposición y organizaciones sociales, al considerar que con estas normas los gobernadores César Duarte Jáquez y Javier Duarte de Ochoa, respectivamente, pretendían blindarse ante posibles denuncias en su contra por corrupción al término de sus mandatos.
Seis ministros determinaron que los congresos locales no estaban facultados para emitir dichas leyes mientras no entraran en vigor las normas generales del Sistema Nacional Anticorrupción.
Cuatro votaron en el sentido de que la expedición adelantada de las normas impugnadas era ilegítima, porque si bien los congresos locales tenían atribuciones para legislar en la materia, tenían que haber esperado a que el Poder Legislativo federal aprobara las leyes generales correspondientes para, entonces sí, cumplir con el mandato constitucional de implementar un Sistema Nacional Anticorrupción en el que actuaran de manera coordinadas la Federación y las entidades.
Los ministros no emitieron ningún fallo sobre los efectos
de sus sentencias –si bien las acciones de inconstitucionalidad que presentó la Procuraduría General de la República (PGR) fueron entregadas por separado, pero discutidas en un solo paquete–, con el argumento de que no podían invalidar retroactivamente nombramientos de fiscales o la constitución de las fiscalías especializadas.
Sin embargo, el pleno resolvió que su sentencia entra en vigor al momento en que los congresos de Chihuahua y Veracruz sean notificados de la decisión, con lo que se da por hecho que quedan prácticamente invalidados los nombramientos y actos que hubiera realizado cualquier autoridad al amparo de las normas ahora declaradas inconstitucionales.
En el caso de Chihuahua, el proyecto elaborado por José Ramón Cossío –que se aprobó por unanimidad, pero en el que cuatro togados consideraron que los congresos locales sí estaban facultados para legislar en la materia, sin embargo debían esperar hasta que el Congreso de la Unión aprobara las leyes generales– preveía dejar sin efecto reformas a la Constitución local y a la Ley Orgánica de la Fiscalía General.
Dichas normas establecían que los fiscales especializados anticorrupción serían designados por el fiscal general del estado –elegido por el Congreso local–, sin embargo, el gobernador estaba facultado para removerlos libremente.
La legislación de Veracruz contemplaba la creación de una fiscalía especial anticorrupción y la designación de un fiscal, así como un contralor general que entrarían en funciones a partir del próximo gobierno local. Ambos serían aprobados por el Congreso por cinco y seis años, respectivamente, lo que, a juicio de los opositores a la norma, le aseguraba impunidad al gobernador Duarte de Ochoa.
El proyecto de esa entidad –elaborado por Javier Laynez, quien encabezó la mayoría de seis ministros que votó por la invalidez, pero con el argumento de que el Congreso local no tenía facultades para aprobar las leyes anticorrupción– desechó a su vez la creación de un comité coordinador anticorrupción, que estaría integrado por el fiscal especial, los titulares del Órgano de Fiscalización Superior del estado, de la Contraloría General de la entidad, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, así como un miembro de la Judicatura y un comisionado ciudadano.
Además, la legislación invalidada preveía la constitución de una sala especializada del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Veracruz, cuyos miembros serían elegidos a propuesta del gobernador Duarte de Ochoa, situación que fue considerada por la oposición de intromisión del Ejecutivo local en las funciones del Poder Judicial.
A los 10 ministros presentes –no asistió Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena– les bastó una hora y 50 minutos para resolver de manera prioritaria
–a petición expresa del Senado– las dos primeras acciones de inconstitucionalidad que presentó la PGR a instancia del Ejecutivo federal.
César Duarte Jáquez deja la gubernatura de Chihuaha el 3 de octubre próximo, mientras Javier Duate de Ochoa termina su periodo el 30 de noviembre.
Queda pendiente una acción de inconstitucionalidad presentada por la PGR contra la aprobación de las leyes anticorrupción en el Congreso de Quintana Roo, promovidas por el gobernador de la entidad, Roberto Borge.
El proyecto, que está en la ponencia de la ministra Norma Lucía Piña Hernández, aún no está terminado por diversos trámites pendientes, pero se prevé que el pleno ratifique su criterio e invalide las leyes impugnadas en una próxima sesión.