Organizaciones de abogados y abogadas denunciaron una vez más que el Congreso de Morelos prepara designaciones de magistrados a modo y que los escaños se venden hasta en cinco millones de pesos.
Nuevamente las y los litigantes se pronunciaron porque los nombramientos de los juzgadores de segunda instancia recaigan en personas que cuenten no solo con trayectoria y prestigio en el ámbito del ejercicio profesional del derecho sino que tengan experiencia y preferentemente carrera judicial.
Insistieron en que ya hay una lista de personas cercanas a políticos y colaboradores de los propios diputados que está siendo impulsada para que, mediante prebendas, se asignen las vacantes en el Poder Judicial estatal.
En la cuestionada lista se menciona a Gerardo Hurtado de Mendoza, Carlos Benítez Urióstegui y Miguel Enrique Lucia Espejo, seguidores del aspiran-te morenista a la gubernatura, Rabindranath Salazar Solorio; así como al ex diputado y ex dirigente del Panal Francisco Santillán Arredondo; la esposa del fiscal estatal, Uriel Carmona, y juez con licencia, María Luisa Sánchez Osorio, quien a su vez es hermana de la actual magistrada del TSJ, Martha Sánchez Osorio; Arturo Loza Flores y Eduardo Horacio López Castro, asesores de diputados de la actual legislatura.
Señalaron que no solo la cercanía con los diputados sería lo que definiría quienes podrían convertirse en magistrados o magistradas, sino que también por cada escaño judicial los diputados están pidiendo cinco millones de pesos.
“No señores diputados, recuerden esto, están próximas las elecciones y seguro ustedes van a buscar reelegirse. Seguramente los institutos políticos sabrán cuál ha sido su postura y me refiero específicamente al grupo G-15, porque se están peleando las magistraturas con base en recursos económicos y no lo digo de oídas, me consta que están pidiendo cinco millones de pesos por cada magistratura.
“Lo digo con toda responsabilidad. Si no entienden que tienen una responsabilidad como Congreso del Estado, pues sin duda el día de mañana se lo van a reprochar en las urnas señores diputados”, dijo Omar Alexandro López Ortiz, representante de la Asociación de Ministerios Públicos y Ex Agentes del Ministerio Públicos.
Esta postura fue respaldada por representantes e integrantes de organizaciones como la Asociación de Abogadas del Estado de Morelos, el Consejo Estatal de Abogados, el Consejo de Juristas, la Asociación de Jueces, Abogados Unidos de México, Asociación de Jueces de Morelos, Asociación de Abogados Agraristas, la Barra Internacional de Abogados, el Colegio de Postulantes de Morelos y una de las facciones de la Barra de Abogados.
Insistieron en que las designaciones de nuevos magistrados y magistradas tienen que recaer en personas preparadas y competentes para cumplir tan importante función, de lo contrario,
no solo habrá consecuencias políticas sino que los nombramientos podrían ser recurridos por la vía legal.