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El laberinto judicial entre la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y Yasmín Esquivel sigue avanzando. Este lunes, la casa de estudios ha ganado una batalla después de que un juez federal tumbara la protección que otro juzgador local, José Manuel Salazar Uribe, había otorgado a la ministra de la Suprema Corte. Eduardo Hernández, juez cuarto de Distrito en materia civil en Ciudad de México, ha declarado ilegal la sentencia del 22 de mayo en la que se prohibía de forma firme que la universidad resolviera el caso de plagio de Esquivel. Esta decisión todavía se puede apelar, pero supone un paso adelante para que el Comité de Ética pueda difundir el dictamen sobre lo ocurrido con la tesis de licenciatura de la ministra.
La investigación sobre el trabajo Inoperancia de los sindicatos en los trabajadores de confianza del Artículo 123 Apartado A está atrapada bajo una montaña judicial. Hace meses que se sabe que el Comité de Ética de la UNAM ha llegado a una conclusión sobre la autoría de la tesis, presentada en 1986 por Edgar Ulises Báez y en 1987 por Yasmín Esquivel. Sin embargo, esta todavía no ha podido ver la luz. El 21 de abril, justo después de que un tribunal colegiado en materia administrativa despejara el camino para que se difundiera el resultado, la UNAM fue notificada de que se había abierto otro procedimiento en el juzgado 60 en materia civil de Ciudad de México. Las medidas cautelares de ese juicio impedían a la UNAM resolver el caso y también a la SEP retirarle la cédula a la ministra.
El 22 de mayo, tras una carta del representante de la ministra en la que se pedía que se declarasen firmes estas medidas, el juez Salazar Uribe resolvió blindar a Esquivel porque ni el abogado general de la UNAM, ni el Comité de Ética ni la propia universidad había interpuesto un recurso contra la sentencia. “En consecuencia se les tiene por perdido ese derecho, al no haberlo ejercitado en tiempo y forma, por lo que con fundamento en el artículo 692 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, se declara que el proveído ha quedado firme”, apuntaba el auto de Salazar Uribe.
Esa es la parte que fue impugnada por la UNAM, quien apuntó: “Se evidencia el exceso en la función del juez y se hace presumible su conducta parcial frente a los intereses de la actora, quien es ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.
Esta semana, un juez federal les ha dado la razón. “La justicia de la unión ampara y protege a la UNAM, Consejo Universitario y Comité de Ética, ambos de dicha institución, contra actos del Juez Sexagésimo Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México”, se lee en la resolución de Eduardo Hernández Sánchez. “Lo que se le pidió fue que declarara la firmeza de las medidas cautelares, situación que es jurídicamente inviable atento al régimen especial que las regula. En consecuencia, lo decretado por la autoridad resulta violatorio de los derechos fundamentales de la universidad quejosa, y por ello ameritan reparación judicial”, explica el juez federal, que resuelve dejar como “insubsistente” la decisión de mayo.
Esto no implica que inmediatamente la universidad pueda sacar a la luz el dictamen. Si Esquivel impugna el amparo, el caso subiría a un tribunal colegiado y de ahí, puede incluso llegar a la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde ella trabaja. En el caso de que el amparo sea confirmado, la UNAM todavía tendrá que impugnar las medidas cautelares del juez Salazar ante una Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, como primer paso.
En este procedimiento civil, más allá de las medidas cautelares, Esquivel persigue que el juez Salazar declare que ella es la autora del contenido original de la tesis que presentó en 1987, y no el alumno Edgar Ulises Báez, quien defendió un texto idéntico un año antes. Como ya hizo en junio con otra juez, María Magdalena Malpica Cervantes, del Juzgado Noveno de lo Civil de Proceso Escrito de Ciudad de México.
En ese caso, la UNAM no era contraparte, porque era un procedimiento únicamente contra Edgar Ulises Báez, por lo que no pudo apelar ni impugnar la decisión. Tampoco lo hizo Báez, quien ni siquiera ejerció su derecho de réplica. En esa sentencia, basada en testigos que supuestamente vieron escribir a Esquivel su tesis o en peritajes que identificaron que el papel usado en el trabajo de la ministra era exactamente de 1985, Malpica declara a la ministra la autora original, sin entrar a las inconsistencias del texto. Esa decisión puede suponer ahora un precedente para el caso con el juez Salazar.