El pretexto que usó el Ministerio Público para hurgar en sus registros telefónicos y mensajes de texto provoca escalofrío: una supuesta investigación sobre secuestros y desapariciones.

Según el diario, el espionaje comenzó en 2012 y continuó hasta principios de 2023.

Ignoro los motivos por los que se violó también la privacidad del ahora secretario de Gobierno del Edomex, Horacio Duarte; del senador por Morena Higinio Martínez; de la senadora panista Lilly Téllez o de la activista Alessandra Rojo de la Vega (ex diputada Verde y fundadora de Mui México —que trabaja a favor de niñas, niños y mujeres—, pero lo de Taboada fue para empaquetarlo en el “cártel inmobiliario” que la Fiscalía inventó para perseguir al alcalde con amplias probabilidades de ganar la capital en 2024.

Para Rojo de la Vega, se le espió por criticar la gestión de la ex jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum.

La Fiscalía requirió asimismo datos de Dolores Igareda, funcionaria de la Suprema Corte de Justicia, y Ricardo Amezcua, de la Judicatura capitalina.

“Al menos 14 expedientes judiciales revisados por The New York Times muestran que la fiscalía general indicó a Telcel entregar los registros telefónicos y mensajes de texto, así como datos de localización de más de una decena de funcionarios y políticos mexicanos destacados”, consigna el reportaje.

Según el diario, la telefónica reconoció en un documento judicial haber recibido los requerimientos y entregado los registros.

La Fiscalía niega el hecho, pero con Taboada ha sido insistente y sospechosamente activa en su persecución de ex funcionarios de la BJ, imputándoles corruptelas inmobiliarias, pese a que más de 90 por ciento de los trámites para construcción se presentan y autorizan en el gobierno central de CdMx.

Desde 2021, cuando la oposición ganó a Morena nueve de las 16 alcaldías, la de Taboada ha estado bajo asedio del MP por sobresalir, entre las demarcaciones del país y después de San Pedro Garza, en Nuevo León, en los mejores resultados frente a la inseguridad y con mayor apoyo ciudadano.

Para el alcalde, “es claro el miedo que le tienen a nuestro proyecto de cambio para la capital”.

El vocero de la Fiscalía, Ulises Lara, dice que lo publicado por el NYT “contiene datos incorrectos, como los supuestos números de oficios o carpetas de investigación que no existen”.

Sin embargo, por más que lo niegue, la Fiscalía tiene arena movediza hasta el cuello y mientras más se mueva le resultará peor.

Lo que procede ahora es conocer (quizá vía INAI) las grabaciones y geolocalizaciones para intentar saber lo que se hizo con ellas.

Inclusive si las destruyeron debió quedar un acta de destrucción y ésta sería la evidencia...