Bajo el escenario de acusaciones y corrupción que rodea la presunta venta de magistraturas, el expresidente de la Barra de Abogados del Estado de Morelos, Miguel Ángel Rosete Flores, exhortó a frenar el proceso de designación de los magistrados.
Rosete Flores destaca inconsistencias en la convocatoria y el proceso de selección, señalando la falta de transparencia en las entrevistas y ensayos de los aspirantes, sumado al conflicto de interés al prohibirles reunirse con diputados.
En vísperas de que el Congreso asumiera las decisiones para tales vacantes, el especialista señaló que la investigación de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción sobre la venta de magistraturas, refuerza la necesidad de rectificar para garantizar un proceso transparente y participativo.
El litigante anticipó impugnaciones ante las instancias correspondientes, mientras el Congreso de Morelos elige siete magistrados entre 144 aspirantes para el Tribunal Superior de Justicia, cubriendo vacantes de exmagistrados y adicionando tres para Cuautla.
En este contexto, la preocupación de Miguel Ángel Rosete Flores se centra en la autonomía del poder Legislativo, haciendo hincapié en la cláusula que prohíbe a los aspirantes reunirse con diputados, a pesar de la constante interacción de estos últimos con sus allegados en lo que se evidencia un conflicto de interés, según el abogado, quien considera que debería invalidarse el proceso.
Además, el profesional del derecho señaló que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción está llevando a cabo una investigación de oficio por la presunta venta de magistraturas, añadiendo una capa más de complejidad y urgencia para rectificar el proceso de designación.
Miguel Ángel Rosete Flores deja claro que estarán vigilantes y presentarán las impugnaciones necesarias ante las instancias correspondientes, sin importar la complejidad que pueda surgir debido a la autonomía legislativa.
Este proceso busca cubrir las vacantes de exmagistrados y agregar tres magistraturas más para Cuautla, por lo que la situación destaca la necesidad de transparencia y rectificación en medio de las crecientes preocupaciones por irregularidades y corrupción.