PENSIONES Y JUBILACIONES, BENEFICIO DE PODEROSOS E INFLUYENTES; LA TUMBA DE POBRES…
Actualmente, para jubilaciones y pensiones son invertidos cerca de dos mil millones de pesos anualmente en el estado, que significan más del 10 por ciento del presupuesto de egresos del gobierno local.
De igual manera, cuatro ex gobernadores reciben una pensión mensual de 120 mil pesos, que es el salario del actual gobernador Graco Ramírez, además de tener custodia del personal de seguridad y pago de algunos gastos personales.
Las jubilaciones y pensiones hacia los trabajadores continuarán en incremento y se prevé que para el año 2020 colapsen el sistema financiero del estado, porque habría menos dinero para operatividad y el pago de una deuda -actual- por cerca de siete mil 500 millones de pesos.
Más de 150 ex secretarios de despacho del gobierno estatal y ayuntamientos son quienes reciben la mejor tajada de sus jubilaciones, debido a que un 82 por ciento de éstos perciben mensualmente el mismo salario que ganaban cuando estaban en activo.
La burocracia dorada en retiro, recibe anualmente más de 80 millones de pesos en sus sistemas de retiro y hay quienes también tienen recursos del gobierno federal, doble pensión, porque también trabajaron dentro del mismo.
Desde hace más de seis años hubo la propuesta de generar un instituto especial para jubilaciones y pensiones, mismo que sería canalizado con los mismos fondos que aporten los trabajadores a través del descuento de un porcentaje a su nómina mensual.
Sin embargo, la propuesta que tenía el aval de los sindicatos municipales y del gobierno estatal no prosperó, porque hubo intereses de por medio y la clásica diarrea legislativa antes de concluir los tres años de los diputados.
En el año 2012 hubo entonces una reforma a la Ley del Servicio Civil para el Estado de Morelos, en la que los trabajadores con más de 10 años de servicio tenían el derecho a pensionarse con el 50 y 70 por ciento de su salario, esto ocasionó un severo problema a las finanzas del estado.
Hubo trabajadores de confianza con 12 años de servicio, con cargos de jefes de departamento, directores y secretarios de despacho que aprovecharon el momento, para lograr obtener el beneficio.
El tema de las jubilaciones y pensiones es el más recurrente para que haya una sesión ordinaria dentro de las Legislaturas locales, porque cada vez son más los trabajadores de base que llegan a cumplir su ciclo laboral dentro del gobierno estatal como los municipales.
Es urgente y necesaria una reforma a la Ley del Servicio Civil del gobierno estatal, pero basada en hacer justicia y dar un retiro digno a quienes cumplen con su ciclo laboral conforme a derecho.
Dentro de las mismas reformas debe ser indispensable dejar de otorgar las pesadas jubilaciones a los ex gobernadores, que hoy anualmente solamente por su salario mensual cuestan al pueblo de Morelos cinco millones 760 mil pesos.
No es lo único que reciben, también cuentan con gastos de representación y apoyo de seguridad personal y la de su familia, que significan otro gasto para la sociedad estatal y sin provocar ningún tipo de beneficio.
El Congreso local entonces si plantea reformar antes de que termine el año 2016 la ley en materia de retiros, lo debe hacer con base a beneficiar a quienes menos ganan como es el caso de un ex empleado de la Secretaría de Salud que lleva 10 años en pugnas jurisdiccionales para obtener una pensión de mil 600 pesos mensuales, que al momento las mismas autoridades del sector le han negado.
La creación del instituto para el rubro de pensiones y jubilaciones debería darse de inmediato similar a las aportaciones que hacen los trabajadores al Instituto de Crédito, porque la operatividad del estado en el renglón financiero está al punto de colapsar y ser un gran problema.
En los municipios pasa lo mismo, sobre todo porque las administraciones pasadas hubo ayuntamiento como el de Cuernavaca que antepusieron los intereses del círculo rojo de Jorge Morales Barud para pensionarlos de por vida, mientras el resto de la base laboral quedó fuera de un beneficio ganado.
La actual Ley del Servicio Civil para la entidad es injusta no corresponde al esfuerzo de los trabajadores de base, quienes suelen ser los más perjudicados al momento de plantear su retiro ante el Congreso estatal.
Morelos está dentro de las entidades que para el año 2020 van a colapsar en sus finanzas, porque para ese año no sólo son las jubilaciones y pensiones, sino también el pago de deudas contraídas sin plantear el daño a la sociedad.
Para el 2020 los expertos en finanzas públicas sentencian que la deuda del estado será sobre los 12 mil millones de pesos, por los intereses generados y las devaluaciones correspondientes.
Es decir, el 70 por ciento de los recursos sería destinado para dos rubros: pago de deudas, así como pensiones y jubilaciones.
Por lo pronto, el Congreso de Morelos tiene la decisión, pero sobre todo, obligación de cambiar el rumbo económico del estado, para evitar la inoperatividad de las instituciones locales