Una familia que viajaba en un Mercedes Benz fue interceptada por desconocidos, el martes pasado, en las cercanías de la Central de Abastos de Cuautla, Morelos.

En el ataque, murieron acribillados el padre y una niña de 4 años. La madre de esta, y otra menor, quedaron gravemente heridas.

Un ayudante municipal, Juan Carlos Pérez Fitz, quien horas antes había denunciado en una entrevista de radio la incapacidad del alcalde Rodrigo Arredondo para garantizar la seguridad de los cuautlenses, y había avisado incluso que otros ayudantes municipales castigarían con su voto los planes de reelección del presidente municipal, fue asesinado en el interior de la Ayudantía por hombres armados que abrieron fuego en su contra en varias ocasiones.

En una ciudad arrasada por una cresta de violencia que hoy tienen hundida a la población en niveles desconocidos de terror, el alcalde declaró que seguiría trabajando “como durante estos dos años”, para que “termine toda esta ola de inseguridad” que, dijo, otros gobiernos le dejaron, y llamó a la ciudadanía a mantener “la unidad” para que los delincuentes “se vayan”.

El cadáver de un teniente coronel de la Guardia Nacional fue hallado en el interior de un vehículo, en el fraccionamiento Las Brisas. Presentaba varios impactos por arma de fuego. Su mujer se negó a proporcionar información a las autoridades.

Representantes de recolectores de basura denunciaron que, aunque sus ingresos no son significativos, el crimen organizado los ha puesto también a ellos bajo cuota, al grado de que muchos de sus agremiados han preferido suspender sus actividades.

Taxistas de la segunda ciudad más importante del estado viven también bajo el asedio de las organizaciones delictivas: apenas el domingo pasado, una mujer que trabajaba en una base de radio taxis de la colonia Morelos cayó gravemente herida durante un ataque armado realizado por desconocidos.

Era la segunda agresión que esta base sufre en lo que va del mes.

El colectivo Divulvadoras denunció que en Cuautla han ocurrido siete feminicidios de septiembre a la fecha, el mayor número en un estado que figura entre los cinco más peligrosos del país para las mujeres, y en el que los municipios de Jiutepec, Yautepec, Emiliano Zapata y Cuernavaca compiten por los primeros sitios.

Hace apenas un mes, lotes de autos, fruterías, carnicerías, tortillerías, restaurantes, bares y hasta negocios dedicados a la venta de equipos para fiestas fueron incendiados por grupos criminales que exigían el llamado “cobro de piso”.

No solo taxis fueron acribillados y calcinados: los restos de un hombre, incluido el rostro, fueron repartidos en tres puntos de la ciudad.

Cuautla está fuera de control. El alcalde ha declarado que sigue esperando la respuesta del gobierno federal, a quien ha solicitado que el Ejército se quede en Cuautla de manera permanente “y no solo por unos días”.

El mes pasado 17 personas fueron rafagueadas en solo una semana. Como en los casos anteriores, no hubo un solo detenido. Ya se había dado el asesinato de otro ayudante municipal, acribillado por los tripulantes de una motocicleta.

Organizaciones convocaron a una marcha, hace exactamente un mes, pero solo asistieron 25 personas. Los comerciantes de la ciudad prefirieron guardarse, ya que saben que prácticamente todos se encuentran bajo la mirada del crimen.

En este espacio relaté hace unas semanas que un grupo conocido como Los Acapulco, remanente de Guerreros Unidos, disputa la extorsión, el secuestro y el narcomenudeo con la organización llamada Gente Nueva.

Reportes de inteligencia indican que Los Acapulco cuentan con apoyo de policías municipales; las ejecuciones ocurren en sitios concurridos, ante la vista de decenas de testigos, y a plena luz del día. Rara vez, sin embargo, hay detenidos.

La situación que hoy atraviesan tanto Cuautla como Cuernavaca exige una respuesta inmediata por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Desde hace tiempo Cuauhtémoc Blanco ha dejado de gobernar y cada día se confirma la existencia de las oscuras relaciones que su administración mantiene con el crimen organizado: una realidad que en Palacio Nacional se conoce a la perfección y que se ha decidido acallar por las consabidas razones electorales.

Solo pagan los ciudadanos. Y lo peor es que todo indica que seguirán pagando.