Rafael Gual, director de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma), advierte de que no ven una solución viable que un ente centralizado resuelva el problema de distribución de medicamentos. “Lo que se requiere es planeación para poder adquirir los medicamentos que se tienen que distribuir. La otra parte es la logística, se debe tener un sistema de distribución perfectamente establecido”, comentó en conferencia de prensa.
Juvenal Becerra, presidente de la Unión Nacional de Empresarios de Farmacias (Unefarm), refiere que pese a las mesas de diálogo que han tenido con el Gobierno, esta iniciativa se ha manejado con hermetismo, por lo que desconocen el alcance y planes de expansión de la megafarmacia, pero lo que conocen del proyecto despierta inquietud entre los empresarios. “Nosotros vemos muy difícil el tema de la logística y menos concentrado en un solo almacén para un país de 130 millones de mexicanos, con tantos kilómetros de extensión, también porque los medicamentos caducan”, opinó.
El representante de un sector que reúne a más de 5.600 farmacias independientes en todo el país añadió que la iniciativa privada se ha especializado en dispensar medicamentos, mientras que el Gobierno no ha podido dar con la fórmula exitosa para tener el medicamento en tiempo y forma. “Nosotros desde la parte privada hemos hecho un gran esfuerzo para tener el medicamento en tiempo y forma y por eso ha cobrado mucha relevancia el medicamento genérico y hemos visto un repunte de ventas en las farmacias privadas porque la gente al no encontrar el producto en el sector público acude a nosotros”, afirmó.
La iniciativa se suma a una larga lista de intentos de este Gobierno por crear un nuevo de distribución de medicamentos. En 2019, López Obrador emprendió una cruzada contra las grandes comercializadoras por supuestos cobros excesivos y actos de corrupción. En un primer momento, el presidente echó mano de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) y de Birmex. Sin embargo, ante la persistencia del problema de desabasto, a fines de 2022 el Ejecutivo terminó anticipadamente el convenio con la UNOPS y encargó la tarea al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi). Meses más tarde, los propios legisladores de Morena —el partido en el Gobierno—avalaron la extinción del Insabi y la compra y distribución de medicinas. Ahora es responsabilidad del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pero las quejas sobre la escasez de insumos en hospitales y farmacias públicas continúa.
En más de una ocasión, el presidente ha atribuido la escasez de medicamentos a la “corrupción” de las anteriores Administraciones. Por este motivo, y en la última milla de su mandato, López Obrador ha vuelto a mirar a la paraestatal Birmex, ahora bajo la dirección del militar Jens Pedro Lohmann Iturburu, para echar a andar la compra, almacenamiento y distribución de medicamentos desde este punto nodal al resto del país.
Desde la óptica del Ejecutivo no será un problema movilizar al resto del país las más de 1.000 millones de medicamentos públicos al año que requiere el sector público, por el contario centralizar la operación reducirá costes y tiempos. Sin embargo, para las farmacéuticas aún deben despejarse los detalles más finos del proyecto: retos logísticos, los tiempos de caducidad de algunos fármacos y la disponibilidad de ciertos medicamentos.