Afirma que alguien denunció que existen cinco registros a nombre de un desaparecido y que en cuatro de ellos “los datos y el nombre son erróneos”.
Para entender el despropósito, considérese que se trataría de uno entre más de 126 mil casos de desapariciones en la cuenta que se lleva desde mediados del siglo pasado, más de 45 mil de los cuales, de acuerdo con los informes de las fiscalías estatales recabadas por la Comisión que encabezaba Quintana, han ocurrido con AMLO en la Presidencia.
Según la CNDH, Quintana “fue omisa en rectificar la existencia de más de un registro único con relación a una víctima y sus familiares, pese a tener información necesaria para ello, y además, ser omisa en la emisión de lineamientos para la operación del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas”.
Más allá de lo que piense López Obrador sobre Karla Quintana (de la que dijo ignorar cómo llegó a la CNB, pese a que fue él quien firmó su nombramiento) y de su discrepancia con las cifras, porque en su gobierno casi triplican los 17 mil desaparecidos durante el calderonato (“¡Si yo no soy Calderón…!”.), la CNDH, que ha degradado y chatarrizado su sectaria titular, Rosario Piedra, desparrama desvergüenza, porque si de algo no tiene autoridad para hablar es de desaparecidos, a partir de que no le importan Los 43 de Ayotzinapa.
Como se recordará, contraviniendo la ley, la señora desconoció la recomendación que emitió la propia CNDH anterior a su inexplicable trepada a la presidencia, en donde se planteó la pertinencia de enviar 114 restos óseos susceptibles de contener ADN al laboratorio de la Universidad de Innsbruck para su identificación genética.
Si la de Quintana fuera una omisión administrativa, la de Piedra es una omisión criminal, porque esos fragmentos corresponden a personas que, aunque no resultaran ser de algunos o todos los normalistas cuyo paradero se ignora, pertenecen a seres cuyos familiares no han dejado de buscar.
Tan entregado a la 4T y tan desaseado ha sido el desempeño de Piedra en la CNDH, que le renunciaron y no ha repuesto los últimos seis de los 10 consejeros probono —trabajaban gratis— que tenía, y ahora se presta a lanzar una persecución a todas luces política.
Y todo porque AMLO quiere ajustar hacia abajo el número de desaparecidos, para lo cual utiliza a los promotores del voto de Morena contratados por la Secretaría de Bienestar y habilitados como “servidores de la nación” para que realicen un desconfiable censo “casa por casa…”.