Las entidades federativas han cedido a la federación atribuciones para establecer y recaudar ingresos que distribuye el gobierno federal.
La federación en la ley de ingresos cataloga los ingresos como: impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por ventas de bienes, prestación de servicios y otros ingresos, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones, e ingresos derivados de financiamientos.
El gasto de la federación se divide en gasto propio y federalizado, el segundo es el recurso que transmite a las entidades federativas, su distribución se basa en la Ley de Coordinación Fiscal y el presupuesto de egresos.
En 2023, el total del gasto calculado en el Presupuesto de Egresos de la Federación es de $8,299,648 millones de pesos, de los cuales $2,433,785 son gasto federalizado. La federación gasta más del doble que las entidades federativas.
Las entidades federativas tienen ingresos propios y los que les transmite la federación como aportaciones, participaciones, subsidios y convenios. En cada una de estas formas se establecen las condiciones bajo las cuales pueden ejercer su gasto, solo las aportación son de “libre” disposición.
Por ejemplo Morelos, depende casi en su totalidad del recurso que le entrega la federación, en 2023 sus ingresos propios estimados son $2,343,004,156 pesos y los federalizados $31,773,542,166 pesos.
Así, Morelos solo dispone “libremente” de participaciones por 452,275 millones de pesos, que sumadas a su ingreso propio representan el 14% de su presupuesto total, la federación determina el 86% del gasto del estado de Morelos.
Algunos gobernadores señalan la necesidad de renovar y actualizar el pacto fiscal: El gobernador de Chihuahua en 2019 planteó una “Convención Nacional Hacendaria” para mayor equidad en la distribución de dinero a los estados; el de Jalisco pidió en 2021 un “nuevo modelo de coordinación fiscal”; el de Nuevo León en 2022 y 2023 propuso que la federación reintegre a las entidades federativas el 50% de los ingresos tributarios generados en sus territorios (habrá que ver que dice como aspirante a presidente); el de Morelos no tiene opinión.
La Ley de Coordinación Fiscal data de 1978, han transcurrido 45 años, el país no es el mismo, se requiere una actualización que contemple nuestra realidad actual.
Las condiciones de distribución del ingreso nacional limitan la autonomía de las entidades federativas que no deciden en que gastar el total de su presupuesto. Claramente no son soberanas en cuanto a su relación económica con la federación.
Cuernavaca, Morelos 22 de noviembre de 2023.
carlos.riva.palacio.than@hotmail.com