De no ser aprobada la que menos dependencia laboral directa tiene del jefe del Ejecutivo, AMLO terminará por imponer a quien sea que le garantice una indeseable (aunque muy malentendida y nada republicana) “lealtad”, o que de plano le sea “fiel” con abierto y descarado servilismo.

Eso precisamente busca el mandatario, quien tiene la facultad constitucional de nombrar a quien le dé la gana si los senadores rechazan la actual o una segunda terna.

Ninguna de las tres propuestas tiene alguna experiencia judicial, pero entre sí guardan diferencias sustantivas.

La consejera María Estela Ríos González es la más descartable por estar legalmente impedida para ser ministra ya que, según la ley orgánica y el reglamento interior de la Consejería del Ejecutivo Federal, su cargo es equivalente al de los secretarios de Estado, achichincles todos del Presidente.

Otra de las sugeridas, Lenia Batres Guadarrama, trabaja en la Consejería con Ríos González y, si bien no tiene rango de integrante del gabinete, está subordinada a la subordinada y su eventual nombramiento podría ser legal, pero sobre todo sería evidentemente inmoral.

En ambas aplicaría la lógica de algo tan aberrante como si en algún litigio la abogada o abogado de una persona poderosa fuera también la jueza o el juez de la causa.

Bertha María Alcalde Luján es la más recomendable, sobre todo porque ha dado muestras de inteligente y sólido apego al Derecho, con la ventaja de que en su trayectoria como abogada ha demostrado competencia, como cuando participó en la implementación del nuevo sistema de justicia penal o en la consulta nacional del modelo de procuración de justicia, lo mismo que al argumentar por qué aspiraba a ser consejera del Instituto Nacional Electoral.

Es hermana de Luisa María, secretaria de Gobernación, y sus padres son la contadora pública y lopezobradorista de cepa Bertha Elena Luján Uranga y el abogado laboral Arturo Alcalde Justiniani.

De ser seleccionada, Bertha María no necesaria ni fatalmente sería una ministra incondicional a López Obrador, como no lo han sido Juan Luis González Alcántara y Ana Margarita Ríos-Farjat quienes, a pesar de haber sido propuestos al pleno de la Corte por el Presidente, han cumplido su responsabilidad de velar por la Constitución y esto les ha costado ser tachados por AMLO de “traidores” y “conservas”.

Todo mundo tiene filias y fobias políticas e ideológicas, pero también hay quienes prefieren conservar el respeto público y hacen su trabajo sin arriesgar su dignidad profesional...