“Si a esas vamos, no se podría elegir al presidente de México, porque se requiere un perfil especial”, fue su respuesta.

No precisamente: el artículo 82 de la Constitución solo mandata:

-Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos, hijo de padre o madre mexicanos y haber residido en el país al menos durante 20 años.

-Tener 35 años cumplidos al tiempo de la elección.

-Haber residido en el país durante todo el año anterior al día de la elección. La ausencia del país hasta por 30 días no interrumpe la residencia.

-No pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto.

-No estar en servicio activo, en caso de pertenecer al Ejército, seis meses antes del día de la elección.

-No ser secretario o subsecretario de Estado, fiscal general de la República ni titular del Poder Ejecutivo de alguna entidad federativa, a menos de que se separe de su puesto seis meses antes del día de la elección, y

-No estar comprendido en alguna de las causas de incapacidad establecidas en el artículo 83.

Requisitos mínimos, pues, para cualquier ciudadano sin siquiera un determinado grado de estudios escolares (hasta un analfabeta puede ser presidente).

Según el razonamiento de AMLO, para ser presidente debiera satisfacerse un perfil especial y esto “llevaría a que fuese electo por una especie de consejo de sabiondos, un consejo supremo de eminencias y no el pueblo; o que lo eligieran los oligarcas ya de manera descarada y que no pensáramos en la democracia sino en la oligarquía, que es el gobierno de las minorías y para las minorías, y no la democracia, que es el gobierno del pueblo y para el pueblo. ¿Cómo no se va a poder elegir a jueces, a magistrados y a ministros?”.

Basta reparar en la terna que propuso para suplir al ex ministro Arturo Zaldívar para constatar lo insostenible de su aseveración.

¿Acaso él (que si el Senado no aprueba a una de sus candidatas tiene la potestad de hacer el nombramiento de manera directa) fue electo por y representa a un “consejo de sabiondos”, a uno “supremo de eminencias” o a la “oligarquía” y encabeza un “gobierno de las minorías y para las minorías”?

Qué deplorable ha sido el asesoramiento legal de su Consejería Jurídica, a cuya titular (María Estela Ríos González) candidateó para ministra y a quien, junto con sus otras dos recomendadas, ya descalificó:

“Tienen que tener como profesión la abogacía, tantos años de haber egresado de una escuela de Derecho, haber demostrado en su trabajo haberse desempeñado con honestidad, tener experiencia en cuanto a la impartición de justicia, en fin…”.

… y ninguna de las tres cumple con el último, explicable y lógico requisito.