Hay que repasar una y otra vez lo sucedido en Nuevo León, porque nos enseña lo que puede ocurrir en caso de que la votación no favorezca a la candidata que el Presidente quiere como sucesora.

Si pierden no van a entregar el poder. No son demócratas. Lo han demostrado una y otra vez. El golpe frustrado en Nuevo León les sirvió de ensayo, pero también fue un oportuno aviso para evitar que ello suceda.

La única manera de que no se repita es con el castigo a los autores materiales e intelectuales del asalto al Congreso, que tenía por finalidad que éste no cumpliera con la obligación constitucional de designar al reemplazante interino del gobernador Samuel García.

El gobernador saliente (por seis meses) no aceptó la resolución de la mayoría en el Congreso pues quería imponer a su sucesor, al margen de la Constitución estatal.

“No dejaremos que el PRIAN se apodere de Nuevo León”, dijo Samuel García cuando el Congreso, en uso de sus facultades constitucionales, designó gobernador interino a Luis Enrique Orozco.

Una turba externa al Poder Legislativo, enviada por el partido del gobernador Samuel García, irrumpió en el recinto del Congreso para reventar la sesión.

Los legisladores de Morena y Movimiento Ciudadano pidieron que, ante el caos, se suspendiera la sesión. Es decir, que se hiciera un vacío de poder en el Estado.

A pesar de las presiones, la presidencia de la Mesa Directiva, con el auxilio de la Policía Ministerial, logró aislar a los asaltantes con una valla y fue posible dar lectura al dictamen para la elección del gobernador interino.

Fue así como se eligió a Luis Enrique Orozco por 25 votos a favor, 11 nulos y tres abstenciones.

Ante la rebeldía del gobernador saliente y la de legisladores morenistas y emecistas para aceptar la resolución del Congreso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el máximo tribunal constitucional, se pronunció en el sentido de que el gobernador de Nuevo León era Luis Enrique Orozco.

Como no logró imponer a su sustituto, Samuel García ordenó a la policía que impidiera a Orozco entrar al Palacio de Gobierno.

Después del pronunciamiento de la Corte, Samuel García decidió regresar al cargo no obstante haber sido aceptada su licencia y designado gobernador interino.

Nuevo León, se dice, tenía dos gobernadores. Eso sirve para explicar la situación de manera coloquial, pero de ninguna manera es legal. No existe eso de dos gobernadores.

Con el fin de evitar ingobernabilidad en el estado, Luis Enrique Orozco, acompañado del presidente del Congreso y del presidente del Tribunal Superior de Justicia, hizo pública su renuncia al cargo que constitucionalmente ejercía por un periodo de seis meses.

La decisión del titular del Ejecutivo estatal, acompañado por los otros dos poderes, se tomó luego de la declaración del Presidente de la República en la conferencia matutina.

“Son capaces hasta de dar un golpe de Estado para destituir a alguien que fue electo democráticamente… Se unieron todos, desde luego, cómo iba a faltar la Suprema Corte”, dijo.

Sí, “golpe de Estado”, dijo el Presidente.

De haberse cumplido con la Constitución de Nuevo León, el gobernador sería Luis Enrique Orozco y el Presidente de la República lo habría acusado de dar golpe de Estado.

¿Quién iba a “salvar” a los nuevoleoneses del golpe de Estado que denunciaba el Presidente de la República? Las fuerzas federales. De ese tamaño fue la provocación de AMLO y Samuel.

Para evitar convulsión política y social, los tres poderes de Nuevo León tomaron una decisión prudente: que regrese el gobernador con licencia y continúe en el cargo.

Si Morena pierde la elección presidencial el próximo junio, esta es la película que veremos. No está en su naturaleza entregar la Presidencia a los “conservadores” y “traidores a México”.

En la elección de junio puede triunfar la candidata de Morena o la candidata del Frente. Así es la democracia. Pero quienes nos gobiernan sólo son demócratas cuando ganan ellos.

Una trifulca en la Cámara de Diputados y la presidenta Gálvez no podrá tomar posesión del cargo. Una orden del presidente López Obrador y ella no podrá entrar a Palacio Nacional.

Lo que manda la Constitución y lo que ordene la Corte no tienen validez para los que no son demócratas. Lo único que importa es la evaluación que haga de los hechos Andrés Manuel López Obrador.

Esto último no es un escenario improbable, sino altamente posible. Lo sucedido en Nuevo León nos lo enseña.

Más vale castigo ejemplar a los asaltantes del Congreso nuevoleonés, que dejar las cosas como están y hacer como si nada hubiera pasado con tal de no hacer enojar a los violentos.

¿No que no era un peligro?