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PUNTO Y APARTE

* CONGRESO: BLOQUEOS 
Causó sorpresa que esta vez fuera la propia autoridad la responsable del bloqueo de calles en el centro de Cuernavaca. Transportistas y comerciantes, quienes a cada incomunicación ven disminuidas sus ganancias, y ciudadanos cuyo tránsito se ve afectado y con ello sus labores cotidianas, vieron asombrados el cierre de calles en los alrededores del Palacio Legislativo. Se trató de un operativo solicitado por parte del presidente del Congreso, Francisco Moreno Merino, con el propósito de ofrecer garantías para que los diputados pudieran sesionar en su edificio sede, donde llevaban varias semanas sin reunirse. Desde mi particular óptica la medida, aunque incomodó a muchos ciudadanos, era necesaria para no seguir proyectando la idea de que el Congreso tenía alterada su funcionalidad orgánica, lo cual ha sido el objetivo de quienes dirigen el autoproclamado Frente Amplio Morelense (FAM). El nuevo presidente de la Junta Política y de Gobierno, Julio Espín Navarrete, explicaría más tarde que el diputado Moreno Merino tiene como premisa, derivada lo mismo de sus facultades que de sus obligaciones, el procurar la integridad física de todos los diputados. Así las cosas, los legisladores desarrollaron su sesión, pero lo deseable es que ya resuelvan el plantón colocado afuera del recinto parlamentario sobre la calle Matamoros desde hace casi dos meses.
 
Tocante a la necesidad de dialogar con los burócratas y los transportistas que mantienen un campamento en el acceso principal del Palacio Legislativo, el diputado Espín Herrera, en su condición de nuevo responsable de la política legislativa, dio a conocer que propondrá establecer una mesa de diálogo entre diputados e inconformes. El ixtleco plantea hasta ahora su propuesta porque apenas el lunes asumió la presidencia de la Junta Política y ahora sí es responsable directo del trabajo del Poder Legislativo. Establecer la mesa de diálogo podrá ser fácil, pero alcanzar acuerdos les tomará más tiempo, si tomamos en cuenta que burócratas y transportistas no pretenden poca cosa: echar abajo las reformas a la Ley del Instituto de Crédito y la Ley del Transporte, tan defendidas por los legisladores. A ver. 
 
A la par que corren los recursos jurídicos interpuestos por los transportistas, de cuyas consecuencias el gobierno ya aclaró que no alcanzan a detener el proyecto de transporte masivo, la idea del Morebús va ganando adeptos y suavizando resistencias incluso entre gente ligada a los permisionarios del servicio colectivo. A fuerza de difundir los alcances del proyecto, a los choferes les va quedando claro que no se terminará por completo el sistema de rutas, que tendrán trabajo y que sus condiciones laborales mejorarán de forma sustancial, como repite en todos los foros posibles el secretario de Movilidad, Jorge Messeguer. En ese contexto el presidente de la Comisión del Transporte del Congreso, Ricardo Calvo -diputado y transportista- impulsa una reforma para precisar qué tipo de concesionarios morelenses pueden integrar las empresas del Morebús, pues a su juicio esta es una de las muchas cosas que falta precisar. Estaremos pendientes y después diremos.
 
Varias veces he escrito que Javier Sicilia Zardaín, secretario de Comunicación de la UAEM y vocero del mencionado FAM, es un primerísimo actor, pero su jefe, el rector Alejandro Vera Jiménez, no se queda atrás, aunque no le llega al controversial poeta en calidad histriónica. Le explico por qué. El 2 de febrero del presente año escribí lo siguiente con relación al doctor Vera: “Al rector lo motivan varias peticiones que se resumen en una: dinero y más dinero, con todo y que el Gobierno estatal ya exhibió la forma como han crecido los ingresos universitarios durante el presente sexenio. Vera Jiménez, lo he comentado muchas veces, es un sujeto voluble (…) pero honesto, honesto, honesto, lo que se dice honesto, el funcionario académico no lo es”. 
 
Desde comienzos de 2015, hasta que el gobernador Graco Ramírez y los diputados con mayor peso en el Congreso decidieron ponerle un alto, Alejandro Vera supo aprovechar algunos vacíos dejados al garete por operadores políticos estatales, pero eso jamás ha significado que su posición dentro de la Universidad sea acrisolada. Hace un año exactamente, siendo columnista en La Unión de Morelos, difundí el pésimo y pernicioso manejo de Rectoría a recursos federales, lo cual motivó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a presentar cuatro denuncias penales ante la PGR contra la UAEM. Pero hoy quiero poner énfasis en un tema que me hace recordar el antiguo dicho de las abuelitas sobre la situación patrimonial de los individuos. Decían: “Si quieres conocer cómo le va a un hombre, míralo de pies a cabeza”.
 
El 10 de septiembre de 2015 Alejandro Vera se victimizó ante los medios informativos locales y nacionales, cuando reveló que había interpuesto una denuncia de hechos en la PGR porque “alguien desde el interior de la Procuraduría General de Justicia de Morelos” le informó que ahí mismo se estaba perpetrando un atentado en contra suya y de sus familiares. A la postre trascendió que aquello pudo ser una broma pesada de Ricardo Dorantes Sanmartín, padre del ex titular de la PGJ, Rodrigo Dorantes Salgado, debido a que Vera no le cumplió el pago de un supuesto cabildeo en el Congreso local para conseguir la asignación del 2.5 por ciento del presupuesto estatal a la UAEM. Y con respecto a la presunta denuncia iniciada por Vera en la PGR no se ha sabido nada hasta el día de hoy, pero el rector sigue protegido por guardaespaldas con cargo al erario federal. El multicitado doctor Vera arguyó, el mismo 10 de septiembre de 2015, que algún familiar suyo estuvo a punto de ser secuestrado, lo cual sucedió realmente cerca de Tepalcingo, de donde es originaria su esposa, la también doctora María Elena Avila Guerrero.  
 
Sobre aquel escenario recibí información (nunca desmentida) referente al cambio patrimonial del rector y su parentela, bajo el siguiente tenor: “Vera Jiménez y su familia son de sobra conocidos en Tepalcingo, tierra natal de su esposa. En aquella región para nadie pasa inadvertida la consolidación económica de los lugareños, y eso sucedió con los parientes de Alejandro. Es pública y notoria la forma en que la espléndida familia organiza fiestas (de manera frecuente), además de cabalgatas y comelitones. La esposa del funcionario universitario tiene una forma de vida ostentosa y tampoco nadie ignora en la UAEM su poder; dícese que influye en decisiones importantes (…) La exhibición de bienes ha dañado a determinados residentes de Tepalcingo, pues los convierte en el blanco de grupos criminales, locales o provenientes de otras entidades. Nadie ha descartado, pues, que los atentados denunciados por Vera Jiménez el 10 de septiembre de 2015 hubiesen tenido relación con dicho cambio patrimonial, aunque la ocasión también le sirvió para proyectarse políticamente”. Etcétera, etcétera. 
 
Lo cierto hoy en día es que las circunstancias financieras de la familia Vera-Avila no son de apremio, en parte porque la Dupla Universitaria recibe recursos mensuales por alrededor de 225 mil pesos mensuales, amén de otros dividendos provenientes, tal vez, del tráfico de influencias. Para nadie en el círculo allegado a Rectoría es inadvertido el cambio patrimonial aludido. Todo se sabe en la comunidad universitaria, pero nadie protesta ni dice nada porque los principales actores políticos de ese mundo están incluidos en la “nómina secreta”, conocida también como “compensaciones”. Les ha tocado una rebanada del gran pastel. Por estas y más razones campea la opacidad, sin la transparencia ni la rendición de cuentas que la Carta Magna de este país exige a las universidades públicas. Hace unos días el rector cacareó el destino de más de 400 millones de pesos conseguidos por él ante Banco Interacciones, presuntamente destinados a 41 obras de infraestructura. Sin embargo, si ustedes buscan información (en la página web de la UAEM) tocante a las licitaciones encontrarán muy pocos documentos, como tampoco hallarán antecedentes sobre los más lucrativos contratos de servicios en 2013, 2014 y 2015. Y sigue sin cumplirse la obligación de publicar los datos del personal con sus percepciones. La opacidad en su máximo esplendor… Por cierto, la construcción de cinco claustros universitarios en igual número de comunidades morelenses (ahí se fue casi el 50 por ciento del crédito) le fue asignada a una empresa poblana.
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