Oficialistas los tres (antes con el PRI, después con la 4T), con su majadería quieren quedar bien con el morenismo y afilan sus cuchillos para tumbar de la titularidad del Tribunal Electoral federal a Reyes Rodríguez Mondragón.

Hicieron ostensible su sectario comportamiento sin importarles que su desaire incluyó a los ministros del pleno de la Suprema Corte, al Consejo de la Judicatura y a los magistrados de las salas regionales.

El mismo trío fue decisivo en el perdón a Morena cuando inventó un fideicomiso para dizque apoyar a víctimas del temblor de 2017, a sabiendas de que el instrumento fue fachada de la compra masiva de votos mejor documentada en la historia (cajas repletas de recibos de dinero turbio) y lo fueron en la ruin destitución de la magistrada Janine Otálora, única que acompañó al presidente del Tribunal.

Ha sido la primera vez que magistrados electorales hacen vacío a un informe de labores, lo cual es preocupante, porque se está en vísperas de la elección más compleja de que se tenga memoria.

La disputa interna puede repercutir gravemente en la democracia y, aunque sean pares los cinco magistrados, para efectos de confianza social importa siempre saber si quien preside la Sala Superior es o no confiable (como por cierto lo fue Otálora y lo es Reyes Rodríguez).

Al trío disidente no parece inquietarle que el presidente López Obrador quiera someter o de plano apropiarse del Poder Judicial de la Federación, lo que explica que su mayoría senatorial no designe a los dos ministros que faltan en el pleno de siete de la Sala Superior (ya están las ternas elaboradas por la Suprema Corte, y en las salas regionales hay cinco vacantes. Además están pendientes de nombramiento 66 lugares en el PJF, que tampoco han resuelto los lopezobradoristas en el Senado).

Para comprender la magnitud del problema conviene tomar en cuenta que el Tribunal es mucho más que sus magistraturas, ya que se ocupa de las controversias en todos los procesos electorales y de las disputas entre y al interior de los partidos políticos.

Todo indica, por lo pronto, que el año próximo habrá un pleno de solo cinco magistrados. No obstante, será legalmente funcional, inclusive si solo quedaran cuatro magistrados, pero debe sesionar con al menos seis para dos importantes decisiones: los juicios de inconformidad sobre resultados de la elección presidencial y la calificación final (por suerte, de tener solo cinco la Sala Superior puede, entre las magistraturas regionales, nombrar a la de mayor antigüedad o edad para seguir operando).

Lo que sería terrible, en cambio, es que por grillas y pleitos terminara poniéndose en riesgo el trabajo primordial en 2024.

De jueces constitucionales, lo menos que se espera es que actúen con responsabilidad, aunque no desayunen...