Muy floja de argumentos parece la crisis que tres de los cinco magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sembraron en su casa la semana anterior.

Es una casa de por sí incompleta, pues le faltan en su integración dos magistrados, que la mayoría oficialista del Senado se niega a nombrar.

¿Por qué? Porque debe escoger entre ternas propuestas por la Suprema Corte, con perfiles que no están hechas según criterios de “negociación política”, sino de solvencia judicial.

He leído los argumentos de la desconfianza que une a los desconfiados.

No veo en ellos sino generalidades y repeticiones, ni el menor indicio de algo que amerite una crisis institucional del tamaño que plantea su desconfianza al tribunal.

Los magistrados Mónica Soto, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes, exigen que renuncie el actual presidente, Reyes Rodríguez, porque ha perdido la confianza de la mayoría en el órgano colegiado, ellos tres. Suena bien, salvo que esa causa de remoción no existe en la ley que rige al tribunal.

Aún así, creo que los magistrados inconformes deberían presentar una relación clara de los hechos en que sustentan su desconfianza. Conviene que lo hagan por rigor y respeto al órgano del que forman parte, cuyos ejes rectores son la verdad y la ley.

Pero también porque el magistrado presidente, Reyes Rodríguez, ha publicado ayer en su cuenta de twitter, @ReyesRdzM, una relación precisa de las decisiones administrativas que ha tomado y que podrían explicar las diferencias internas del tribunal.

Son decisiones tomadas en seguimiento de los criterios de austeridad que el gobierno pide ahora, con especial ahínco, al poder Judicial.

Son decisiones que reducen canonjías como viajes de avión en primera clase para magistrados y asistentes, exceso de coches, (nueve para la oficina de cada magistrado), cuentas ilimitadas de combustible y generosas para pago de alimentos.

La transparencia del texto de Reyes Rodríguez contrasta con la opacidad de las quejas de los inconformes, opacidad que mueve a la sospecha, muy extendida ya, de que es el gobierno el que mece la cuna de la crisis en el tribunal para ver si puede quedarse, en un golpe de mano, con la presidencia de la institución que juzgará las elecciones.