Reza el viejo refrán que “los verdugos de hoy serán las reses del mañana” y algo así es lo que le está pasando al magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Porque exactamente lo que él hizo en 2021, que encabezó y lideró un bloque mayoritario de magistrados para destituir al entonces presidente del Trife, José Luis Vargas, a quien removieron el 4 de agosto de aquel año, por voto de la mayoría de la Sala Superior del Tribunal y con el argumento de “pérdida de confianza” a quien hasta entonces encabezaba el máximo órgano electoral.

Fue precisamente Reyes Rodríguez, quien en aquella sesión virtual por la pandemia en 2021, pero que se hizo pública y de la que existen grabaciones, fue uno de los más vehementes promotores de la destitución de José Luis Vargas bajo el argumento de “pérdida de confianza” que invocó la mayoría de sus pares, ante las acusaciones de que su actuación ponía en riesgo la independencia y autonomía del Tribunal. “La decisión del presidente José Luis Vargas, de oponerse a presentar una renuncia como lo fue expresado, es pertinente que se someta a consideración el punto del orden del día respecto a la remoción del magistrado presidente José Luis Vargas Valdés”.

Incluso, en aquel proceso que terminó efectivamente con la destitución de Vargas, el actual presidente del Tribunal Electoral justificaba la remoción por decisión de la mayoría de la Sala Superior, a partir de los argumentos de un mal desempeño del presidente al que le habían perdido la confianza:  “Las y los magistrados tenemos la obligación de garantizar en todo momento la independencia, la imparcialidad y la probidad del tribunal… Al ser un órgano colegiado la responsabilidad de asegurar el correcto funcionamiento del Tribunal electoral, no se limita a una sola obligación de su presidencia, sino que es exigible a todas las y los magistrados que integramos el pleno. Así es necesario que frente a los desafíos a la independencia o a la imparcialidad en la toma de decisiones, quienes integramos este órgano actuemos para garantizar plenamente que prevalezcan los mandatos constitucionales que hemos jurado, ante el Senado de la República, cumplir”.

Pero ahora, que la mayoría de magistrados invocó exactamente el mismo principio que él defendía hace dos años y que la mayoría de magistrados de la Sala Superior le solicitaron a Reyes Rodríguez su renuncia por “pérdida de confianza” en la sesión del pasado jueves 7 de diciembre, a partir de que no están conformes con su actuación ni en su observancia de esos principios de imparcialidad y legalidad que él juraba defedener, el magistrado presidente no sólo se niega a renunciar, sino que además hizo exactamente lo mismo que le criticaba a Vargas: suspender una sesión pública del Tribunal, declarando un receso justo cuando le pidieron su renuncia, y luego ya no volver a convocar a esa sesión.

Lejos de actuar con el apego a la ley que él mismo invocaba hace dos años y de reconocer la facultad del “órgano colegiado” que es el Tribunal para pedir su remoción porque ya no confían en sus decisiones y acciones, el magistrado Reyes recurrió a toda una campaña mediática en la que, amigos suyos, la Coordinación de Comunicación social que él maneja  y hasta organizaciones no gubernamentales a las que les ha otorgado contratos y asignacion de recursos del Tribunal, salieron a hablar de “una crisis en el Tribunal”, y a defenderlo públicamente, como si lo estuvieran atacando o pretendiendo darle un golpe, cuando él mismo avaló y participó de un proceso similar para remover a su antecesor.

¿Y entonces dónde está la congruencia del señor Reyes Rodríguez Mondragón, dónde está la dignidad para cumplir con lo que él mismo le exigió a su antecesor, que finalmente fue destituido con su voto y el del resto de sus compañeros? Lo más que aceptó en la sesión del jueves fue que iría “a reflexionar” sobre la petición clara y directa de su renuncia, la cual deberá responder hoy en una nueva sesión que ocurrirá en medio de presiones mediáticas, acusaciones de “traición” y hasta presunta intromisión de partidos, de las que ha acusado  a los magistrados que pidieron su remoción, justo el mismo Felipe de la Mata que también pidió la renuncia de Vargas, además de la magistrada Mónica Soto y el magistrado Felipe Fuentes. Los mismos que votaron en su momento por él y lo apoyaron, pero que hoy le piden su renuncia con base en la ley y en las normas internas del Tribunal, y a los que ahora Reyes intenta tachar de “golpistas” en su contra.

También la magistrada Janine Otálora peca de incongruente e inconsistente con sus principios, porque en su momento ella fungió como presidenta provisional para que se ordenara la remoción de José Luis Vargas en ausencia, y que igual que Reyes encabezó aquella mayoría que justificó la petición de renuncia en “pérdida de confianza”, hoy desconoce sus propios argumentos y apoya a Reyes Mondragón, rechazando la descalificación de sus demás compañeros y del procedimiento por el que solicitan la renuncia del presidente del Tribunal.

Ayer los tres magistrados que piden la renuncia de Reyes Mondragón “por pérdida de confianza”, le dirigieron una carta pública desmintiendo que exista una crisis interna en el Tribunal o que se trate de un problema de partidos. Le dijeron, entre líneas, que él sabe bien por qué razones ya no le tienen confianza y reiteraron que su actuación no es ni golpista ni rupturista, y que simplemente busca aplicar las normas internas para garantizar una presidencia autónoma, independiente y honesta, la cual ya no ven en el magistrado Reyes.

La inconformidad real de los magistrados tiene que ver con la forma en que se ha conducido el presidente Reyes Rodríguez, quien decide de manera autoritaria cuándo convoca a sesión o cómo maneja el presupuesto y los dineros del tribunal sin consultar a sus pares. Por ejemplo, lo acusan de presionar y acosar al titular de la Secretaría General de Acuerdos, Rodrigo Sánchez Duarte, para que se someta a sus órdenes, cuando él fue electo por el pleno, y para ello le mandó un oficio a la Visitaduría General del Consejo de la Judicatura para que le iniciara un procedimiento a Sánchez Duarte, sin consultar a los demás magistrados.

Y es que desde la Secretaría General de Acuerdos se deciden los turnos y las asignaciones de los asuntos, denuncias e impugnaciones electorales que recibe el Tribunal, además de que también se define a qué Salas Regionales se mandan impugnaciones que tienen que ver con las elecciones de diputados y senadores, por lo que, según sus compañeros magistrados, “Reyes Rodríguez pretende tener el control total de esa área para que le responda sólo a él”. En la Comisión de Administración, por ejemplo, de la que forman parte también 3 integrantes de la Judicatura, encontraron una serie de pagos y contrataciones de personajes para que le realizaran entrevistas y publicaciones a modo en programas de medios de comunicación.

Le tienen documentado también a Reyes Mondragón pagos y contratos a varias organizaciones de la sociedad civil como Integridad Electoral, Justicia Abierta, México Evalúa entre otras, varias de las cuales han salido a defenderlo públicamente en el momento que le pidieron su renuncia. Y sobre los argumentos con los que él ha respondido a sus pares que le piden renunciar, en cuanto a su supuesta “política de austeridad”, la versión de los magistrados es que no tiene un plan de contingencia para la elección de 2024, donde varios magistrados han expresado la necesidad de que les brinden seguridad a los funcionarios del Tribunal Electoral, ante riesgos como la participación del narcotráfico en los comicios, lo cual pone en peligro a dichos magistrados.

Entonces, si todo se reduce a que, utilizando un procedimiento legal, que él mismo avaló y enarboló en el momento para destituir al anterior presidente, ¿dónde está la crisis o la injusticia que están cometiendo, según él, los magistrados al pedir la renuncia del presidente del Trife, Reyes Rodríguez Mondragón? Un poco de congruencia y humildad del señor Reyes, para acatar lo que él mismo argumentó hace dos años, resolvería lo que está pasando en el Tribunal Electoral y dejaría de afectar a un órgano fundamental para las elecciones presidenciales y federales del 2024. Lástima que esas dos cosas ni se compran en botica ni parece tenerlas el magistrado Reyes.

NOTAS INDISCRETAS… Y hablando de órganos autónomos constitucionales emproblemados, en el Inai ayer se renovó la presidencia de ese instituto con el voto de apenas cuatro integrantes, porque el Senado sigue sin cumplir su obligación de nombrar a tres comisionados faltantes. El comisionado Adrián Alcalá fue electo presidente, en medio de cuestionamientos y denuncias de irregularidades en las que se le involucra en el Inai. Y aun cuando se informó de una decisión “de unidad” por parte de los comisionados, antes de que los cuatro integrantes salieran al pleno, tuvieron una reunión privada en la que hubo tensión y jaloneos en las que hubo reclamos y comentarios entre los comisionados. Al final, ante el anuncio del voto de las comisionadas Blanca Lilia Ibarra y de Josefina Román, que dijeron que votarían por Alcalá, la comisionada Norma Julieta del Río se hizo a un lado y se terminó definiendo la elección con el voto de calidad de la presidenta saliente. Veremos cómo se mueve el nuevo presidente del Inai, pero por lo pronto tendrá que asumir los resultados de la auditoría forense que le está realizando la Auditoría Superior de la Federación en la que se habla de denuncias de los trabajadores del Inai que desde hace meses han acusado que les piden “moches” personajes del grupo del excomisionado Eugenio Monterrey, el llamado grupo “Balcálar” que así se denominan hombres que fueron comisionados y parte del sistema de Transparencia. Por cierto que a Alcalá lo vinculan a ese grupo… Anoche fuentes panistas nos hicieron llegar una presunta lista del PAN al Senado, en el que se define cómo se repartirán las senadurías pluris o de primera minoría. En la lista figuran en el primer lugar, el dirigente Marko Cortés, en el 2. Michel González Márquez, actual diputada federal por Guanajuato; en el 3. Ricardo Anaya, excandidato presidencial y autoexiliado en Estados Unidos por las investigaciones en su contra; 4. Lilly Téllez, senadora actual; 5. Enrique Vargas, diputado por Edomex; 6. Laura Esquivel, ex secretaria particular de Marko Cortéz, y en el 7. Mauricio Vila, gobernador de Yucatán. Así las cosas hasta ahora en la lista panista al Senado… Escalera doble mandaron los dados. Se viene intensa la semana.