Cd. de México (08 septiembre 2016).- El panista Guillermo Padrés Elías, ex Gobernador de Sonora, está acorralado y se defiende de las acusaciones por enriquecimiento ilícito con una lluvia de amparos.
Para evitar ser localizado, presentado o detenido, el equipo de abogados de Padrés, encabezado por el ex Procurador General de la República, Antonio Lozano Gracia, suma 18 amparos para suspender cualquier orden judicial.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Fiscalía Anticorrupción de Sonora han embargado cuentas de Padrés y familiares, entre ellos de sus hermanos Héctor Miguel y Julio César Padrés Elías.
Además, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) investiga a 55 empresas que fueron beneficiadas con auditorías falsas y perdones fiscales.
En total, se han investigado, asegurado y cateado 283 propiedades.
Las investigaciones también tienen contra las cuerdas a los ex colaboradores del ex Gobernador de Sonora.
Su ex vocero, Jorge Morales Borbón, se encuentra preso en el penal de Hermosillo acusado de corrupción.
Otros tres funcionarios han sido detenidos, pero luego fueron liberados bajo fianza.
Además, otros 34 ex colaboradores son investigados por el SAT y 50 más fueron inhabilitados o suspendidos temporalmente para ejercer cargos públicos.
El Juez Sexto de Distrito de lo penal de la Ciudad de México le negó a Guillermo Padrés el pasado jueves la suspensión definitiva que solicitó en el expediente 704/2016 para evitar ser localizado, presentado o detenido por la Procuraduría General de la República (PGR) u otras autoridades.
Sin embargo, un día antes el mismo juez dio entrada al expediente 748/2016, en el que Padrés solicita protección contra medidas de la Agencia del Ministerio Público de la Federación adjunta a la Dirección General de Vinculación Estratégica de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la PGR.
Por otra parte, el Juez 14 de Amparo de la Ciudad de México le concedió la protección provisional de la justicia en el expediente 764/2016.
El ex Gobernador ha tramitado amparos para anticipar acciones de la PGR, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Fiscalía Anticorrupción de Sonora (FAS), entre otros.
Una de las indagatorias en su contra la integra la FAS por el probable delito de enriquecimiento ilícito, en un proceso por el cual la semana pasada la dependencia llevó a cabo una diligencia de cateo y avalúo del rancho El Pozo Nuevo, propiedad de Padrés, en la sierra de Arizpe.
A los amparos del ex Gobernador de Sonora se suman los que han tramitado sus hijos y su esposa, a quienes el SAT busca congelar sus cuentas.
Odracir Espinoza, Fiscal Anticorrupción, indicó que a la fecha se han registrado 180 amparos de todos los ex funcionarios de la Administración de Padrés que son investigados.
Indicó desde hace siete meses hay 10 expedientes listos para ser consignados, lo que no ha sido posible por los amparos.
"Yo creo que los ex servidores públicos se están aprovechando de esa posibilidad del amparo para excederse en ese derecho, pero bueno es su derecho, nosotros vamos a seguir", comentó.
"Estamos ante un gran reto, porque las averiguaciones previas son muy técnicas, se pueden defender por mucho, obviamente las personas que son investigadas tienen dinero, tienen influencias y se mueven en los círculos de poder".
Aún así, aseguró, la FAS ha avanzado y aunque se amparan, los ex funcionarios no están tranquilos, no tienen libertad.
"Ya llevamos tres ex Secretarios procesados, ellos ya perdieron su libertad, ya sea con amparo o no, ellos ya no tienen libertad, y no pueden venir tomar café con su abuelita aquí en Hermosillo porque están siendo perseguidos", dijo Espinoza.
Con información de Haydeé Ramírez