La imputación carece de sentido porque el imputado fue seleccionado de una terna y ninguno de sus integrantes tenía la obligación de haber superado alguna prueba y Uriel Carmona la presentó después por ser un requisito de permanencia.

El disparate de la FGR embarcó al Congreso de la Unión en instruirle un juicio de procedencia, pese a que la decisión final, como determinó la Suprema Corte de Justicia en el caso del ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, no será de los federales, sino de los diputados estatales.

La Constitución, en su artículo 111, párrafo Quinto, establece:

“Para poder proceder penalmente por delitos federales contra los ejecutivos de las entidades federativas, diputados locales, magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de las entidades federativas, en su caso los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, y los miembros de los organismos a los que las Constituciones Locales les otorgue autonomía, se seguirá el mismo procedimiento establecido en este artículo pero, en este supuesto, la declaración de procedencia será que se comunique a las Legislaturas Locales para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda.

La resolución de la Corte no deja lugar a dudas: se solicita el desafuero a la cámara federal, y lo que ésta determine debe informárselo al congreso estatal para que éste, “como órgano terminal”, decida “en definitiva si retira o no el fuero por la posible comisión de un delito federal”.

Carmona Gándara, quien es detestado por el gobernador Cuauhtémoc Blanco (aliado de la 4t), viene siendo perseguido desde noviembre de 2022 porque informó a la prensa las conclusiones a que llegó su servicio médico forense que practicó la necropsia de ley al cuerpo de Ariadna Fernanda López Díaz, quien perdió la vida en un departamento de CdMx y su cadáver apareció a un lado de la carretera La Pera-Cuautla.

La muerte fue por broncoaspiración, determinaron las legistas de Morelos, pero el Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses de la capital aseguró, sin demostrarlo, que la causa fue por “policontusiones”.

El caso se politizó desde un principio, llevando inclusive a la jefa de Gobierno a la sazón, Claudia Sheinbaum, a decir que el fiscal encubrió un “feminicidio”.

A principios de agosto pasado, acusado por la fiscalía capitalina, el fiscal fue detenido, liberado y vuelto a detener en cuatro ocasiones.

Pasó mes y medio en distintas cárceles, pero ahora es improbable que lo aprehendan una quinta vez sobre la infame acusación de la FGR que motiva su nuevo e injusto trance…