No hay menos personas desaparecidas. Los datos son inocultables. Hasta el mes de agosto de este año existen 110 mil 964 registros. No se trata de una base elaborada de manera arbitraria. Ese censo se constituye gracias a la información proporcionada por instituciones oficiales: las fiscalías y las comisiones de búsqueda.

La nueva estrategia nacional de búsqueda, presentada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, añadió nuevas capas de clasificación que sirven para comprender mejor la dimensión del fenómeno, pero no ignoró el número global de desapariciones.

¿Por qué se indignaron entonces los colectivos de víctimas? ¿Por qué organizaron la noche del jueves una velada en distintas ciudades para manifestar su desaprobación?

Hay tres argumentos que merecen ser escuchados. Primero, hay agravio porque las personas familiares de las víctimas no fueron tomadas en consideración a la hora de diseñar la nueva metodología. Segundo, porque el tono que utilizó el Presidente —el día que la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, presentó los números— no fue empático con la gravedad del dolor. Y, tercero, porque las capas añadidas para la clasificación despiertan dudas que debieron ser abordadas sin atacar, en automático, a quien las expresó.

A lo anterior se suma una declaración infame y cometida con dolo. Quien afirmó que únicamente hay 12 mil 377 personas desaparecidas, en vez de 110 mil 964, pronunció una grave mentira.

Tiene razón el Presidente cuando dice que este tema no debería tocarse a partir de argumentos sobrepolitizados. El problema es que él mismo ha contribuido a ese abordamiento equivocado. No sólo sus supuestos adversarios abrazan tal actitud, también él ha promovido una retórica encendida que contribuyó a lesionar la legitimidad de la nueva estrategia.

El jueves pasado, durante la mañanera, el periodista Ernesto Ledesma —cuya voz rigurosa suele cuestionar los temas sin filias ni fobias— probó con elegancia y tino las falacias empleadas desde Palacio Nacional.

Antes el mandatario había dicho que Karla Quintana, ex titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, ofreció una entrevista a la periodista Carmen Aristegui para desestimar la nueva metodología. Ledesma retó al Presidente para que presentara pruebas sobre esa afirmación ya que Quintana no ha dado entrevistas desde que fue despedida de su cargo.

También el mandatario acusó al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro de defender a los presuntos perpetradores de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Ledesma igualmente desafió esa declaración mostrando los documentos que habían sido tergiversados por el mandatario. Nunca el Pro celebró la excarcelación de esos sujetos, sino el que se haya desvirtuado la llamada “verdad histórica” de tan polémico caso.

Cabía esperar una respuesta puntual del Presidente ante esos razonamientos. En vez de ello, el mandatario despidió la mañanera aduciendo que tenía una llamada pendiente con el presidente Joe Biden de Estados Unidos. Ayer viernes habría sido una buena ocasión para que retomara el tema. Sin embargo, el Presidente prefirió el silencio y con ello mantuvo vivo el incendio de la insana politización que rodea al nuevo censo de desapariciones.

Este asunto merece la máxima responsabilidad, no sólo respecto a los datos y su manera de interpretarlos, sino también a propósito de su comunicación. López Obrador ha criticado a Karla Quintana por haber sido irresponsable respecto de los registros. Irresponsable, en todo caso, fue mezclar la presentación de la nueva metodología con sus manías estigmatizantes.

Entrando al fondo, el problema de la nueva metodología es que únicamente despejas dudas a propósito del 26 por ciento de los registros. El restante 74 por ciento permanece aún en el terreno de la ambigüedad.

De acuerdo con los datos presentados por la secretaria de Gobernación, la nueva estrategia permitió localizar formalmente a 16 mil 681 personas que antes estaban desaparecidas. A este número hay que sumar 12 mil 377 confirmaciones de desaparición. En efecto, en total se tiene certeza de 29 mil 058 casos.

La disputa sobre los números tiene su origen en los otros 79 mil 955 registros, los cuales fueron clasificados, de acuerdo con la metodología citada, a partir de etiquetas ambiguas.

La categoría más sospechosa es una que se denomina “Registros sin indicios para la búsqueda.” Bajo este rubro se encuentra el número más abultado que es de 36 mil 022 casos. El sentido común dicta que una cosa es no contar con indicios para la búsqueda —de acuerdo con la metodología recién implementada— y otra muy distinta es asumir que no se trata de personas desaparecidas.

Aquí la palabra “indicio” es muy importante. Según el gobierno, tales indicios deberían obtenerse de alguna de las bases de datos alternativas empleadas para esta investigación. Por ejemplo, el padrón único de beneficiarios del gobierno, los registros ante el IMSS, los datos de vacunación o la base del Servicio de Administración Tributaria.

La lógica indicaría que si no hay indicios es porque la persona está desaparecida y no a la inversa. Argumentar que no está desaparecida porque no hay “indicios” es un absurdo.

Esa casilla, que significa el 32 por ciento del total de registros, debería titularse de manera distinta. Cabe proponer “Desapariciones sin confirmar a partir de otras bases de datos”.

Luego vienen los casos clasificados como “Registros sin datos suficientes para identificar.” En este rubro la palabra clave es “datos” y son sólo aquellos que aparecen en el registro nacional de búsqueda. Contrastan con los indicios que se encuentran en las bases alternativas utilizadas por la metodología.

Según la secretaria Alcalde, entre los datos faltantes estarían, entre otros, los apellidos (materno o paterno), información de contacto de la persona denunciante, fecha de nacimiento o el lugar de residencia. Aquí el argumento vuelve a ser similar: que falten datos no implica que la persona no haya desaparecido.

Por último, están aquellas personas clasificadas como ubicadas, pero no localizadas. Es decir que sus datos existen en las bases alternativas, pero no ha sido posible confirmar su existencia con toda la formalidad. Son registros, pues, en vías de localización.

No es posible desestimar la metodología, pero tampoco vivir con ella a satisfacción. Es perfectible, siempre y cuando no se preste al juego sucio de la retórica polarizante o a la descalificación automática de siempre.