MUY TURBIO está el tema del agua potable en Quintana Roo. Resulta que el Congreso estatal, de mayoría morenista, decidió anular sin estudios ni explicaciones la concesión que tenía la empresa Aguakan. Este asunto puede tomar dos cauces... y quién sabe cuál sea peor.
UNO DE ELLOS es que en ese estado se repita lo que se vivió en Nuevo León, donde Agua y Drenaje estaba en manos particulares en los años sesenta. La red funcionaba, no había desabasto y ganaba dinero. El gobierno decidió quedarse con el botín para usarlo como caja chica. El resultado con el paso de los años: hay grandes pérdidas... y no hay agua.
LA OTRA OPCIÓN es que el retiro de la concesión tiene que ver, en realidad, con los negocios e intereses del Partido Verde. Es decir, que el manotazo legislativo beneficiaría no a la población de Quintana Roo, sino a los cómplices del PVEM.
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LO QUE sucedió en Reynosa, el secuestro de 31 migrantes a manos del crimen organizado, es un escándalo por el número tan alto, pero se trata de un crimen que se repite todos los días en la frontera noreste.
LO MISMO ocurre en Matamoros y Nuevo Laredo, donde organismos civiles y la Iglesia católica lanzaron recientemente alertas por el incremento de plagios masivos de migrantes. A inicios de diciembre, también en Reynosa, otras 18 personas migrantes fueron secuestradas.
ESTE FENÓMENO, evidentemente, se inscribe en la crisis migratoria que afecta a México y Estados Unidos. Varios son los factores que se entrelazan: la ambigüedad del gobierno federal para frenar la inmigración, que el Instituto Nacional de Migración está rebasado por el problema y que las autoridades locales suelen mirar a otro lado cuando se trata de estos temas. Una tragedia por cualquier lado que se le vea.
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SE CONCRETÓ el golpe en el Tribunal Electoral y la magistrada Mónica Soto asumió ayer la presidencia. Ojalá que esto signifique el fin de las turbulencias internas y ayude a dar certidumbre sobre las elecciones que serán, por supuesto, las más grandes y complicadas en la historia de México.
LA PRIMERA gran prueba de la nueva titular del Trife, seguramente, será resolver todos los litigios que surgirán del periodo de precampañas que mañana termina. Ninguno de los aspirantes parece salvarse de haber cometido irregularidades tanto en promoción, como en gasto, por lo que las quejas, las sanciones y las impugnaciones se soltarán en tropel. Ahí se verá si en la gestión de Mónica Soto hay o no mano... morena.
