Seis militares investigados por la masacre de 22 personas en Tlatlaya, Estado de México, fueron absueltos por la justicia castrense, y uno más cumplió ya una sentencia de un año de prisión, por lo que el caso se encamina a quedar en la impunidad, consideró el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh). Las sentencias del Juzgado Sexto Militar fueron emitidas en octubre pasado, por infracciones de deberes en el caso de los absueltos y por desobediencia para el culpable, pero la organización civil pudo enterarse apenas gracias a un amparo en el que exigió que se reconozca como víctima a Clara Gómez González, sobreviviente de la matanza. Para la organización defensora de derechos humanos esto confirma la parcialidad de los tribunales militares y las limitaciones de la reforma a la justicia castrense. "(La exoneración en el fuero militar) consolida la impunidad en una de las más graves violaciones al derecho a la vida en la historia reciente", señaló en un comunicado suscrito por otras organizaciones como Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADAC), Freedom House y la Comisión Mexicana de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, entre otras. La causa en el fuero civil continúa, aclaró Patrón, con tres militares procesados por homicidio calificado, quienes se encuentran en una prisión castrense mientras se resuelve el desahogo de pruebas. Sin embargo, apuntó, estos tres soldados son acusados de la muerte de ocho civiles, cuando la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) corroboró que al menos 12 habían sido ejecutados extrajudicialmente, por lo que ahí la justicia también estaría incompleta.
