Tortura por motivos electorales

El gobierno federal tiene en la cárcel a un hombre inocente, que se está muriendo.

Sin que se le haya probado ningún delito, Jesús Murillo Karam está preso por la conveniencia política del Presidente de la República.

Un juez otorgó a Murillo el beneficio de la prisión domiciliaria por su avanzada edad y mal estado de salud, pero el gobierno intervino para que siga encarcelado.

Allá el Presidente y sus carceleros con su conciencia. Allá él y la exhibición de su falacia cuando afirma que “nada humano me es ajeno”.

El hecho es que en cuatro meses Murillo resolvió lo sustancial del caso Iguala, y dio una pormenorizada relación de lo que llamó “verdad histórica” porque es un término jurídico que corresponde al caso.

¿Llegó a una conclusión distinta la investigación del actual gobierno en el secuestro y asesinato de los 43 normalistas de Ayotzinapa?

No. ¿Entonces?

Lo que vive en prisión un hombre de 75 años con obstrucción pulmonar crónica (duele al respirar), insuficiencia vascular cerebral e hipertensión arterial, se llama tortura.

Está siendo torturado sin haber cometido delitos.

Si es ilegal afirmar que los normalistas fueron secuestrados y asesinados por un grupo criminal ligado a autoridades municipales, entonces también deberían estar presos los más altos funcionarios de la actual administración federal.

Es lo mismo que concluye este gobierno.

Para el Presidente y su partido, Morena, sería costoso, en términos de imagen, que Murillo saliera de la cárcel y continuara su proceso en prisión domiciliaria.

Esa es la razón por la que el exprocurador está preso. Una razón política.

Entre la justicia y la conveniencia electoral, el Presidente opta por la conveniencia electoral.

A eso nos llevaría, de manera generalizada, de aprobarse las reformas que pretende pasar Morena en el siguiente periodo de sesiones del Congreso.

Jueces que dependen del voto popular no harán justicia, sino que con sus fallos buscarán satisfacer siempre al dueño de los votos. A los que movilizan electores.

Con claridad lo apuntó el que fuera un gran ombudsman capitalino, Luis de la Barreda:

“El caso (Murillo) nos muestra, una vez más, la importancia que en un Estado democrático de derecho tiene un Poder Judicial independiente, y lo que sucedería si jueces, magistrados y ministros perdieran su independencia: no habría obstáculo alguno contra los abusos de poder, contra los designios, por caprichosos y arbitrarios que fuesen, del poderoso”.

En este caso concreto, el Presidente prefiere cometer una injusticia grave a perder algo de popularidad entre su claque radical.

Murillo es acusado de tortura, obstrucción de la justicia y desaparición forzada.

¿A quién torturó Murillo?

A nadie.

El torturado es él, ahora, preso y enfermo. Mientras los que llegaron a iguales conclusiones sobre el caso de los normalistas están en campaña.

¿A quién desapareció Murillo?

A nadie.

¿A quién encubrió o liberó para obstruir la justicia?

A nadie.

Los que han liberado a asesinos materiales y a quienes dieron las órdenes de matar a los normalistas pertenecen al gobierno actual.

En todo caso el proceso contra Murillo está abierto y si hay pruebas –hasta ahora, ninguna– deben desahogarse con él en prisión domiciliaria.

Pero lo que hay en curso no es justicia, sino el lento asesinato de un hombre que paga con su vida, en la cárcel, la buena relación política del Presidente con los grupos radicales que lo endiosan.